El giro al autoritarismo de Jimmy Morales en Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA.- Casi desde el inicio de su gobierno, abuso sexual contra trabajadoras del Estado.
Por ello, no sorprende que sus ministros de confianza han emprendido esfuerzos por Cicig). El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, que tiene a su mando la Policía Nacional Civil, ha retirado unidades de apoyo a la Cicig e impedido la colaboración de sus fuerzas en operativos conjuntos con el Ministerio Público. La canciller Sandra Jovel ha liderado esfuerzos de cabildeo a nivel internacional para retirar apoyos políticos y financieros a la lucha anticorrupción.
El presidente dio su último golpe el 31 de agosto pasado. Acompañado de fuerte presencia militar en su conferencia de prensa, así como en las calles de la capital guatemalteca, Morales anunció que no solicitarían prorrogar el mandato de la Cicig, con lo que ésta tiene un año para cerrar sus puertas y trasladar sus capacidades al Ministerio Público. Este martes, subió su apuesta al prohibir el ingreso al país al jefe de esa misión, el abogado colombiano Iván Velásquez "por razones de orden y seguridad pública".
Pero el anuncio del viernes fue prácticamente una amenaza. Además del despliegue de fuerza militar, Morales le recordó "al pueblo de Guatemala que sus instituciones y sus funcionarios, según el Artículo 156 de la Constitución Política de la República, no está[n] obligado[s] a acatar órdenes ilegales". También fue un guiño hacia los sectores más conservadores del país que todavía le mantienen su apoyo: "Guatemala y nuestro gobierno creen en la vida. Nuestro gobierno y Guatemala creen en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer".
Con este mensaje, Morales decidió instrumentalizar la discusión actual de varias iniciativas de ley relacionadas al aborto y la diversidad sexual y de género a su favor. La ciudadanía está dividida ante estos temas, y al azuzarlos en su conjunto, el presidente apuesta por que un electorado eminentemente conservador lo respalde y preste menos atención a su intento por frenar la justicia.
Tras su anuncio, operativos con presencia de agentes policiales, de migración y de tributos intimidaron a negocios aliados a la comunidad LGBTI durante la noche. Y líderes opositores a la lucha anticorrupción participaron en una marcha antiaborto celebrada el 2 de septiembre, aduciendo que la misma era en rechazo a la Cicig.
En cualquier momento podría aprobarse en el Congreso una iniciativa de ley que reúne, maliciosamente, los tres temas polémicos. El texto del proyecto, titulado "ley para la protección de la vida y la familia" establece penas de cárcel para las mujeres que aborten, reafirma la prohibición del matrimonio entre parejas del mismo sexo y prohíbe la educación sexual. La propuesta criminaliza la “promoción del aborto” y la educación sexual, en espacios públicos y privados, sobre la diversidad sexual y de género. Esta propuesta sigue la línea autoritaria exhibida por el gobierno e impondría importantes restricciones a la libertad de expresión y asociación.
Los sectores de poder que respaldan a Morales – entre ellos, grupos de exmilitares allegados al crimen organizado – tienen un claro interés en desarticular las acciones de la Cicig. Es en este contexto que la ciudadanía debe advertir que el gobierno está teniendo éxito en capitalizar la polarización a su favor. Y que la amenaza de una respuesta autoritaria debería sumar a todos en un enérgico rechazo al cierre de espacios democráticos.
Guatemala atraviesa un momento crítico e histórico que exige, desde nuestras diferencias e ideologías, unir nuestras voces en contra de las redes de impunidad que mantienen capturado el Estado hace décadas. Están dispuestos a atentar contra el orden democrático que nos permite expresar nuestras posturas y diferencias. Y protegerlo nos compete a todos.
