Invocación de la Carta Democrática Inter-Americana

A raíz del asalto del miércoles al Capitolio en Washington por los “Proud Boys”, otras turbas y milicias de extrema derecha, algunos observadores internacionales y políticos estadounidenses empezaron a tildar al país como una “república bananera”. Este término, usado para para describir países del hemisferio los cuales Estados Unidos controlaba política y económicamente.

Para prevenir estos excesos, el hemisferio occidental diseñó un proceso para defenderse colectivamente contra amenazas a la democracia. Una de estas es la Carta Democrática Inter-Americana, la cual puede ser invocada en casos como el que tenemos ahora: un presidente que no acepta su derrota electoral.

Esta Carta fue adoptada formalmente en Lima, Perú, por el Secretario de Estado estadounidense Colin Powell y treinta y tres de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 11 de septiembre de 2001, el mismo día en que fueron atacadas las Torres Gemelas. La Carta se originó debido a los abusos del presidente Alberto Fujimori en Perú. Estos abusos empezaron con la disolución del congreso en 1992 y terminaron con su campaña inconstitucional para obtener un tercer término en el 2000. Después de derrocar a Fujimori, los peruanos propusieron la Carta Democrática para responder no sólo a las amenazas clásicas a la democracia como los golpes militares sino también a aquellos políticos que ya en el poder no aceptan la separación de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo, y Judicial), los límites a términos, o resultados electorales.

La Carta detalla los elementos esenciales de una democracia representativa: la separación e independencia de los tres poderes, los derechos humanos, las elecciones libres, la adherencia a las leyes establecidas, y la transparencia. Si se viola uno de esos elementos, la Carta establece un mapa para que el hemisferio ayude a un país a restaurar el orden democrático.

La Carta se invocó por primera vez en reacción al breve golpe de Estado en Venezuela contra Hugo Chávez en 2002. En aquel entonces, los cancilleres de la OEA condenaron la alteración del régimen constitucional y enviaron al Secretario General en una misión de investigación para ayudar a restaurar la democracia. Por ejemplo, el artículo 17 de la Carta establece que un país puede solicitar asistencia, como hizo el presidente nicaragüense en el 2005 cuando el Congreso intentó derrocarlo a raíz de una contienda política. Siguiendo con los ejemplos, el artículo 20 establece que cualquier país miembro o el Secretario General puede convocar una reunión de embajadores del Consejo Permanente si perciben una amenaza en potencia a un país miembro con respecto a los elementos mencionados.

En estos casos, el Consejo Permanente evalúa la situación y decide por mayoría de votos si se ha producido una violación y qué acciones tomar, como esfuerzos diplomáticos para facilitar el diálogo o la mediación ó si la situación no se resuelve, una reunión especial de la Asamblea General. Esta asamblea puede continuar con las iniciativas diplomáticas, pero también puede suspender a un país como miembro con dos tercios de los votos.

Desde las elecciones del 3 de noviembre, el presidente Trump ha usado elementos de un autogolpe similar a lo que hemos visto en América Latina cuando un presidente rechaza la autoridad de otros poderes constitucionales en un intento de mantener el poder. Aunque no intentó cerrar el Congreso, como hizo Fujimori, ni tampoco lograba el apoyo del ejército, Trump recurrió a mecanismos que el creía extenderían su término: alistó el apoyo de algunos congresistas para rechazar los resultados del colegio electoral, presionó a funcionarios electorales y legislaturas estatales para anular sus resultados electorales, e incitó a las turbas para interrumpir violentamente la certificación oficial del ganador.

En resumen, la violencia del 6 de enero se trajo bajo control, el Congreso certificó la elección de Joe Biden, y Trump ha aceptado la transferencia del poder. Con dos semanas escasas para esta transferencia, muchos dirán que queda poco. Sin embargo, el daño no es poco y sí de largo plazo. Trump ha destruido la confianza de millones en el proceso electoral y en la legitimidad y autoridad de un gobierno democrático. Si sale impune, el Congreso y el Gobierno establecerán un precedente peligroso para futuros líderes que intenten desafiar resultados electorales.

El invocar la Carta Democrática Inter-Americana podrá ser simbólico pero refleja un compromiso que Estados Unidos asumió con el resto de este hemisferio. En América Latina, los Estados Unidos ha desempeñado el papel de “hermano mayor” democrático, muy dispuesto a intervenir para demostrar cómo se maneja una democracia. Estos acontecimientos han demostrado que la democracia es frágil y necesita una vigilancia constante. Un debate y una resolución de la OEA para reconocer las vulnerabilidades de los Estados Unidos motivarían a los estadounidenses a abordar con valentía las desigualdades existentes en ese país y las deficiencias estructurales que debilitan su sistema democrático.

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