La Corte Suprema mina nuestra convivencia democrática

Las revelaciones de la comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio y los tenaces esfuerzos por suprimir votantes y votos confirman más allá de cualquier duda razonable que un amplio sector del Partido Republicano ha dejado de ser democrático. Pero tal vez la prueba más alarmante son las decisiones retrógradas que en un lapso de dos semanas tomó la Corte Suprema dominada por jueces republicanos. En conjunto, los fallos que anunció y los que al parecer trama le están dando una marcha atrás de décadas a nuestra democracia y a nuestra convivencia civilizada.
Como se ha informado ampliamente, en pocos días el Supremo anuló el derecho constitucional de la mujer a la libre elección sobre su cuerpo y sobre el aborto, bajó la barrera que separa la religión del estado, eliminó las restricciones para portar armas de fuego en público y limitó la capacidad del gobierno federal de proteger nuestro medio ambiente. También falló en contra de los votantes afroamericanos en Alabama y Luisiana, permitiendo mapas electorales republicanos que diversas cortes inferiores habían rechazado por discriminatorios y racistas.
Y no satisfecha con toda esta barbarie, aceptó escuchar “Moore Versus Harper”, una demanda republicana en Carolina del Norte que procura impedir que las cortes estatales se involucren en disputas electorales. El objetivo de la demanda es, en esencia, permitir que las legislaturas controladas por republicanos decidan a su antojo las reglas del juego electoral y por tanto las elecciones. Si esta regla hubiera estado vigente en 2020, Donald Trump habría consumado su intento de golpe de estado.
Los tres magistrados que designó Trump le han dado un sesgo ultraconservador a la Corte Suprema, intensificando su politización y alejándola de la imparcialidad en la justicia. Los magistrados conservadores le están otorgando al Partido Republicano las “conquistas” ideológicas que este no consigue mediante votos populares y leyes del Congreso. De esta manera los jueces van llenando el vacío de poder legislativo que han ido creando representantes y senadores con su lamentable “gridlock”. A la vez, los fallos recientes de la corte afianzan el control político de una minoría ultraconservadora en el país y socavan el gobierno de la mayoría, una condición necesaria de la democracia.
La anulación del derecho al aborto representa un golpe severo a décadas de lucha a favor de la igualdad de derechos y oportunidades para la mujer. Es un rezago del patriarcado blanco no hispano que anhelan resucitar muchos ultraconservadores. De una época en la que la violación sexual se consideraba solo un delito contra “la propiedad del padre de la víctima”; las mujeres casadas no tenían derecho a la propiedad (hasta 1943); no podían ser camareras en grandes ciudades (hasta 1948); no podían servir de jurados en algunos estados (hasta 1948); ni tenían derecho a poseer tarjetas de crédito sin permiso de sus maridos (hasta 1973).
Los jueces republicanos fallaron a favor de un grupo cristiano que pretendía ondear una bandera con una cruz cristiana en el ayuntamiento de Boston; respaldaron el uso de fondos de los contribuyentes para becas a estudiantes que asisten a escuelas religiosas; y apoyaron a un entrenador deportivo que insta a sus estudiantes a orar antes de cada partido. En conjunto, son decisiones que minan la tradicional prohibición de que nuestros gobiernos privilegien una religión sobre otras. Nadie debería dudar de que su intención es promover el cristianismo como religión semioficial por encima del judaísmo, el islam y otros credos religiosos.
En plena orgía de violencia mortal con armas de fuego, los magistrados republicanos invalidaron una ley que en Nueva York prohibía portar armas al descubierto desde hace cien años. Al justificar este fallo temerario, algunos jueces sugirieron que mostrar un arma en público es la única forma que tienen muchos estadounidenses de protegerse de la delincuencia en ciertas comunidades. Se trata, en el fondo, de una visión lúgubre de nuestra sociedad que nace del miedo cerval de los ultraconservadores a los cambios que en años recientes habían empoderado a las mujeres y a las minorías étnicas.
Y mientras el país entero sufre los efectos desastrosos de la contaminación y el cambio climático – tormentas tropicales cada vez más intensas y frecuentes, temperaturas extremas, sequías agobiantes, devastadores incendios forestales, lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de lodo – los inefables magistrados restringieron el poder de la Agencia Federal para la Protección Ambiental. No podrá contrarrestar las emisiones de gas que emanan de las plantas eléctricas de carbón, las segundas mayores contaminadoras del país.
La Corte Suprema, integrada mayormente por jueces que piensan como hombres del siglo XIX, va abandonando el rol de garante de nuestra democracia, el cual asumió durante los últimos 50 años, y convirtiéndose en uno sus flagelos. Es una consecuencia probablemente inevitable de la infausta presidencia de Trump.
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