Un juez federal en California bloquea temporalmente el retiro de fondos de Trump a las ciudades santuario
Un juez federal en California ha bloqueado temporalmente el intento del presidente Trump de quitarle fondos a las jurisdicciones santuario, en una decisión con alcance nacional que reconoce que la orden del presidente podría ser inconstitucional.
El juez de distrito William H. Orrick reconoció este martes que la sección 9(a) de la orden ejecutiva de Trump —ordenando que las ciudades y condados santuario sean "inelegibles a recibir fondos federales"— podría violar varias enmiendas de la Constitución. Orrick además decidió que los argumentos presentados en su corte hasta ahora contra la medida tienen suficientes méritos para detener por el momento la implementación de esos castigos en todo el país.
La decisión de Orrick se desprende de una demanda conjunta presentada por los condados de San Francisco y Santa Clara en su corte en el norte de California.
"Los condados han demostrado que podrían ser exitosos en su desafío a la sección 9(a) de la orden ejecutiva, que sufrirían daños irreparables sin un bloqueo temporal y que el balance entre daños e interés público se inclina a su favor", concluye el fallo del juez Orrick. "Los pedidos de los condados por un bloqueo preliminar nacional, prohibiendo que se implemente la sección 9(a), son concedidos".
En su decisión, Orrick aseguró que los abogados de San Francisco y Santa Clara tienen una buena probabilidad de detener permanentemente la acción ejecutiva del presidente, que busca quitarle dinero a ciudades y condados que limitan el uso de sus recursos locales para ayudar a agentes federales a ejercer las leyes de inmigración.
Durante la primera audiencia del caso este mes, los demandantes argumentaron que la orden de Trump viola la separación de poderes, ya que el presidente busca controlar los poderes de gasto que pertenecen al Congreso; que violaría la décima enmienda de la Constitución, la cual prohíbe que el gobierno federal coaccione a las jurisdicciones locales; y que violaría la quinta enmienda por ser demasiado difusa, entre otras cosas.
El juez coincidió con estos puntos y negó un pedido del gobierno de limitar su bloqueo temporal a los dos condados demandantes. "Dado el alcance nacional de la orden, y sus aparentes fallas constitucionales, un bloqueo nacional es apropiado", escribió Orrick en su decisión.
El fiscal de San Francisco, Dennis Herrera, ha liderado la demanda y celebró la decisión de Orrick. "Enfrentada con la ley, la istración de Trump se echó hacia atrás", dijo en un comunicado tras el anuncio del juez. "Es por esto que tenemos cortes: para detener los excesos de un presidente y un fiscal general que no entienden la Constitución o deciden ignorarla".
'No responde a los retos constitucionales'
En corte, los abogados del gobierno nunca intentaron argumentar que la orden de Trump no viola la Constitución, según el fallo. "El gobierno no responde a los retos constitucionales de los condados, sino que argumenta que estos condados no tienen base legal (para demandar al presidente), porque la orden ejecutiva no ha cambiado la ley y porque los condados no han sido catalogados como 'jurisdicciones santuario' bajo la orden", dice el documento.
Según revela el fallo, el gobierno reconoció en corte que solo puede condicionar tres subvenciones que reciben las jurisdicciones santuario, y no todos los fondos federales como pide la orden. "La defensa rechazó cualquier derecho bajo la orden para que el gobierno afecte cualquier otra parte de los miles de millones de dólares en fondos federales que reciben los condados cada año", dice el documento.
La istración de Trump alega que las jurisdicciones santuario violan la Sección 1373 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que les prohíbe esconder del gobierno federal cualquier información sobre el estatus migratorio o de ciudadanía de algún individuo.
Según la interpretación del fiscal general Jeff Sessions, esta ley aplica a los pedidos que envía el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) a las cárceles locales para que mantengan detenidos por un periodo extendido a reclusos que podrían ser indocumentados, aun cuando la agencia no tenga una orden judicial para justificar una detención extendida.
Un creciente número de ciudades y condados ha dejado de cumplir estos pedidos voluntarios, luego de que al menos seis cortes decidieran que mantener a inmigrantes detenidos sin una orden judicial podría estar violando sus derechos constitucionales.
