Senadores dicen que políticas de Trump han provocado "la peor crisis migratoria en la historia"
Un grupo integrado por 18 senadores demócratas y 1 independiente enviaron este miércoles una carta a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, para advertirle que, “si planea continuar en su oficina, le imploramos que haga lo correcto e inmediatamente cambie el curso” trazado por el gobierno del presidente Donald Trump en materia migratoria.
En la misiva, a la que tuvo Univision Noticias, los senadores se dirigen a Nielsen “en su calidad de principal creador de las políticas migratorias del gobierno de Trump”, las que califican de “antiinmigrantes” y de haber provocado “la peor crisis de inmigración en los tiempos modernos” y que bajo su liderazgo “cada día empeora”.
Entre las políticas cuestionadas, el grupo de senadores menciona la crisis de refugiados creada tras la reducción de la cuota ordenada por el presidente Donald Trump, quien “estableció el techo más bajo de todos los tiempos”, señalando además que las nuevas medidas están dirigidas a “evitar que las víctimas de pandillas y violencia sexual busquen refugio seguro en Estados Unidos”.
Separación de niños
Los senadores también protestan por la falsa afirmación de que el gobierno de Trump “no tiene una política de separación de familias en la frontera” siendo que “bajo su supervisión casi 2,700 niños migrantes fueron separados de sus padres” bajo el cumplimiento de la ‘política de tolerancia cero’.
“Su secretaría (ministerio” los ha calificado cruelmente como ‘unidades familiares eliminadas’, puntualizó el grupo. “Hasta el 16 de agosto, más de 500 niños aún no se han reunido con sus familias, incluidos más de 360 cuyos padres aparentemente fueron deportados y 10 de ellos no han sido localizados.
El DHS reconoció en junio que, entre el 5 de mayo y el 9 de junio, separó forzosamente un total de 2,551 menores en la frontera cuando ingresaron a Estados Unidos, la mayoría de ellos en busca de asilo.
Los agentes federales de inmigración formularon cargos criminales por ingreso ilegal a los adultos para de esa manera enviar a los menores al cuidado del Departamento de Salud y Recursos humanos (HHS).
El 26 de junio un juez federal del sur de California, en San Diego, en respuesta a una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), ordenó al gobierno de Trump reunificar a la totalidad de las familias separadas. Cumplido el tiempo el DHS dijo al tribunal que más de 570 menores no habían sido reunificados por diversas causas, entre ellas que más de 430 fueron deportados sin sus hijos.
Eliminación de DACA
Además de las críticas a la ‘política de tolerancia cero’, el grupo lanzó una dura crítica a la decisión del gobierno de haber cancelado en septiembre del año pasado la Acción Diferida (DACA), que protege de la deportación a unos 700,000 dreamers.
Si bien el programa fue restablecido por el fallo de tres tribunales federales, el beneficio migratorio pende de un hilo y el gobierno sigue intentando revertir las sentencias provisionales para cancelarlo en su totalidad, apelando las decisiones judiciales.
“El litigio en curso resaltado su papel central en el cruel esfuerzo por derogar el programa, que ha proporcionado protección temporal contra la deportación a miles de dreamers que crecieron en este país”, escribieron los senadores a Nielsen. “A pesar de su estridente oposición, los tribunales federales ordenaron al gobierno continuar las renovaciones de DACA”, agregaron, pero fustigaron la decisión del gobierno de “negarse a defender el programa en una demanda presentada por el Estado de Texas y otros seis estados, lo que puede dar lugar a una orden judicial que bloqueará las renovaciones de DACA” en cualquier momento.
“Estas decisiones judiciales contradictorias solo conducirían a un mayor caos e incertidumbre para estos soñadores e innumerables estadounidenses que confían en ellos”, dice la carta.
El TPS
Los 19 senadores agregan a la lista de políticas antiinmigrantes del gobierno de Trump la cancelación de los programas de Estatus de Protección Temporal (TPS) de Haití, El Salvador, Nicaragua y Honduras, que deja a unos 300,000 inmigrantes, algunos de los cuales llevan casi 20 años en Estados Unidos, al borde de la deportación.
“Esto pone en peligro la estabilidad de estos países, nuestra seguridad nacional y la seguridad de estos destinatarios de TPS”, se lee en la misiva. “Y no ha ofrecido ninguna solución creíble para proteger los mejores intereses de cientos de miles de ciudadanos de Estados Unidos que son hijos de estos destinatarios de TPS”, agregaron.
Añade la carta la negación por parte del gobierno de brindarle “protección a los recién llegados”, entre ellos inmigrantes sirios que huyen de la guerra en busca de refugio. “¿Cómo puede un refugiado sirio que llegó a Estados Unidos verse obligado a regresar a una guerra civil brutal?, se preguntan.
El gobierno “ha implementado medidas demasiado amplias e ineficaces, como la prohibición de viajar dirigida a países musulmanes. Esto envía un mensaje claro de que Estados Unidos ya no es un país acogedor”, anotaron. Y agregan que esta medida ha llevado a una fuerte disminución en el número de estudiantes internacionales, “al tiempo que las universidades en otras naciones están viendo un aumento de dos dígitos en la matrícula de estudiantes extranjeros. Esto es una amenaza para la preeminencia de nuestro sistema de educación superior y nuestra competitividad económica”.
Daños adicionales
El grupo de senadores opositores al gobierno de Trump dijeron además que “toda esta destrucción supuestamente se hizo en el nombre de proteger a nuestra nación y proteger los intereses de los trabajadores estadounidenses, pero lo cierto es que “nos está haciendo menos seguro s, al enfocar la aplicación de la ley de inmigración en los dreamers, en los niños migrantes y otros que no representan ningún peligro, lo que desvía la atención de las verdaderas amenazas a la seguridad nacional”.
Advierten que “en lugar de defender a los trabajadores estadounidenses, ha permitido que las empresas subcontratistas continúen importando decenas de miles de trabajadores extranjeros con bajos sueldos para reemplazar a los estadounidenses, y este año ha autorizado agregar 15,000 visas a la cuota de trabajadores invitados (visas H2) sin mejorar las protecciones para los trabajadores estadounidenses”.
El grupo también responsabiliza a Nielsen de haber liderado las negociaciones “en las que el gobierno de Trump Trump rechazó varios acuerdos bipartidistas para proteger a los dreamers, incluida una oferta de $25,000 millones para financiar el muro fronterizo del presidente a cambio del Dream Act”.
En la carta los senadores recuerdan que Nielsen dijo al Congreso que solo apoyaría la legalización de los dreamers “si se combinara con un plan que recortara la inmigración legal en más del 40%”, una de las bases de la dura reforma migratoria que Trump quiere que el Congreso le apruebe.
“El Senado votó sobre este plan y fracasó con una súper mayoría bipartidista de 39 a 60”, indican los legisladores. “Usted mantiene a los Dreamers como rehenes para un plan de inmigración tan extremo que ni siquiera su propio partido puede apoyarlo”, agregan.
Lista de exigencias
Al final de la carta, el grupo le advierte a Nielsen que, “si planea continuar en su oficina, le imploramos que haga lo correcto e inmediatamente cambie el curso” de la política migratoria del gobierno de Trump.
La lista de exigencias incluye:
- Que el DHS encuentre a los padres que ha deportado forzosamente en la frontera y reúnalos con sus hijos
- Que restaure inmediatamente el programa DACA y apoye la ley bipartidista del Dream Act.
- Que restaure y extienda el TPS a los países afectados.
- Que respalde el camino a la ciudadanía para los beneficiarios de TPS y DED por tiempo prolongado.
- Que ponga fin al veto migratorio a países de mayoría musulmana.
- Que deje en claro que Estados Unidos da la bienvenida a estudiantes internacionales y a otros viajeros de todos los rincones del mundo.
- Que presente un plan de reforma migratoria para ayudar a nuestras granjas y empresas a contratar a los inmigrantes legales que necesitan para prosperar.
- Que aumente el cupo de refugiados.
- Que inicie negociaciones bipartidistas de buena fe con el Congreso para arreglar nuestro sistema de inmigración dañado de una vez por todas.
La reforma de Trump
Desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017, Trump batalla porque el Congreso apruebe una reforma migratoria basada en un fuerte componente de seguridad nacional y un sistema de inmigración legal basado en méritos.
El presidente ha solicitado $25,000 millones de dólares al Congreso para la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México y, entre otros planes, aumentar la capacidad de detención de indocumentados, construir nuevas cárceles, acelerar las deportaciones, eliminar la lotería de visas, reducir la reunificación familiar y fortalecer una fuerza nacional de deportaciones con la participación de policías locales.
Trump también ha pedido anular leyes que, según la Casa Blanca, incentivan la inmigración ilegal, entre ellas una del 2008 sobre la prevención del tráfico humano, así como un acuerdo judicial de 1997 que prohíbe la privación de libertad de menores de edad. Ambos beneficios evitar la deportación inmediata de inmigrantes y garantizan que un juez de inmigración decidan sus futuros en el país.
El mandatario también canceló la política del "catch and release" (atrapar y liberar), que permitía que algunos indocumentados que no representaran una amenaza para la seguridad del país, permanecieran libres mientras se resolvían sus casos migratorios.
Cabe destacar que el 25 de enero del año pasado, Trump promulgó dos decretos en los cuales determinó que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional. Además estableció nuevas prioridades de deportación, entre ellas permitir la expulsión de extranjeros acusados de crímenes y sus casos judiciales no hayan finalizado.
Otra prioridad permite que un extranjero sea expulsado si así lo determina, en uso de su discrecionalidad, un agente de inmigración.
Los demócratas y republicanos conservadores rechazan los planes de Trump porque deja sin posibilidades de legalización a millones de indocumentados que llevan tiempo en el país, tienen familias establecidas y carecen de antecedentes criminales.
La carta fue firmada por los senadores Bob Menéndez (Nueva Jersey), Bernnie Sanders (Vermont), Sheldon Whitehouse (Rhode Island), Tom Udall (Nuevo México), Jeff Merkley (Oregon), Kirsten Gillibrand (Nueva York), Richard Blumenthal (Connecticut), Brian Schatz (Hawai), Mazie Hirono (Hawai), Martin Heinrich (Nuevo México), Elizabeth Warren (Massachusetts), Ed Markey (Massachusetts), Cory Booker (Nueva Jersey), Tammy Duckworth (Illinois) y Kamala Harris (California).
