Retorno a México de solicitantes de asilo en EEUU aumenta “peligros” y “viola el debido proceso”
La expansión de la política adoptada en diciembre por el gobierno de Donald Trump, de retornar a México a ciertos inmigrantes que piden asilo, generó reacciones de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.
“Desgraciadamente estamos en una época muy extraña, porque el gobierno de Washington dice que no tiene la capacidad física de detener a las personas que llegan pidiendo asilo y le ha pedido a México que los retenga”, dijo a Univision Noticias Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Se trata de un acuerdo muy extraño y una manera, en mi opinión, cuestionable, para forzar a la gente a que se rinda y no quiera pedir asilo”, agrega.
“Existe mucho miedo de quedarse en México por meses, quizás años esperando a que un juez de inmigración tome su caso y las autoridades le responsan si le dan el asilo o no. Mientras, esa persona queda desamparada en territorio mexicano”, advierte Barrón.
Medida “cruel”
Para el Southern Poverty Law Center (SPLC), México es un lugar “peligroso” para los migrantes que huyen de sus países, principalmente Centroamérica, y piden asilo en la frontera estadounidenses y son obligados a esperar en el lado mexicano.
“El gobierno de Trump sigue buscando formas más crueles de burlar la ley y hacer caso omiso de la moral básica. Las personas que huyen de la persecución tienen derecho a buscar asilo en Estados Unidos”, agrega.
La medica entró en vigor el pasado 20 de diciembre como parte de la cuestionada política migratoria de tolerancia cero de Trump, enfocada en eliminar la inmigración indocumentada, sin tener en cuenta a los solicitantes de asilo.
Debido proceso en riesgo
El plan "Permanecer en México" está restringiendo el debido proceso migratorio y coloca en riesgo las vidas de los solicitantes de asilo, ha dicho la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), que agrupa a más de 5.700 en todo el país.
AILA insiste en que el protocolo creado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “altera drásticamente el procesamiento de las solicitudes de asilo en la frontera y hace que sea mucho más difícil para los solicitantes de asilo recibir un reconocimiento justo y significativo de sus reclamos según lo requerido por la ley estadounidense y el derecho internacional”.
“El simple hecho que ahora las personas se quedan en México esperando el veredicto de asilo político es una violación del debido proceso”, reitera Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. “La gente, cuando llega a la frontera, viene cansada, agotada, llena de miedos y preocupaciones. Y cuando ejerce su derecho de pedir asilo, lo regresan a México a que espere. Y la espera puede demorar mucho tiempo, meses. Están pisoteando sus derechos, es algo no debería estar sucediendo”, añade.
La verdadera crisis
A principios de febrero Mary Bauer, subdirectora legal del SPLC, dijo al concluir una visita a un campamento de migrantes en Tijuana, México, que “efectivamente existe una crisis en la frontera, pero se trata de una crisis enteramente hecha por el presidente” (Trump). “El gobierno ha cerrado el sistema de asilo y está violando la ley estadounidense y el derecho internacional”, agregó.
Debido a esto, miles de personas desesperadas se ven obligadas a esperar en condiciones miserables y peligrosas” en el lado mexicano, primero para encontrar un cupo y presentar una solicitud de asilo, y luego ser retornado a territorio mexicano y esperar a que un juez decida si concede o niega el pedido de protección.
Desde diciembre del año pasado, durante el debate sobre el presupuesto en el Congreso, Trump ha presentado el problema en la frontera como una emergencia nacional con el propósito de justificar sus planes de conseguir financiamiento para la construcción de un muro a todo lo largo de la frontera con México, una de sus principales promesas inconclusa de campaña.
Caos en la frontera
El Catholic Charities Legal Services (CLINIC), una de las principales organizaciones de ayuda legal a los inmigrantes en Estados Unidos, señala que la política de Trump en la frontera es totalmente errónea.
“La caótica implementación de la política confirma esa advertencia y promete despojar a los solicitantes de asilo de sus derechos humanos y legales”, dice Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC. "En los últimos dos años, este gobierno ha emitido una política tras otra que desatiende nuestras leyes, exacerba el sufrimiento humano y distorsiona los valores de nuestro país", precisó.
CLINIC ha pedido en reiteradas ocasiones al gobierno que se centre en un enfoque humanitario para proteger a los solicitantes de asilo, y ha apelado a la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, para que ponga fin a la política migratoria en la frontera, que tilda de “equivocada e inmoral”.
Demanda de ACLU
En febrero la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), demandó al gobierno der Trump para que ponga fin a la política de retorno a México de solicitantes de asilo (la medida no incluye a menores migrantes no acompañados) porque, argumentó, “restringe el debido proceso y coloca en riesgo las vidas de los solicitantes de asilo”.
La ACLU precisa que la política vigente “hace que sea mucho más difícil para los solicitantes de asilo recibir un reconocimiento justo y significativo” por parte de las autoridades estadounidenses, y que la permanencia en territorio mexicano, después de huir de sus países a causa de la violencia y la pobreza, no garantiza que no habrá nuevos y mayores peligros.
“Permanecer en México impone un procedimiento excepcionalmente estricto para el asilo”, dice la ACLU.
“Devolverlos a México es una situación bien difícil y peligrosa. Y no saben estas personas cuánto tiempo esperaran en México por sus casos de asilo. Pueden ser meses o años”, dice Matt Adams, director del Northwest Immigrants Rights Project en Seattle, Washington. “Bajo nuestras leyes, todos tienen derecho a presentar una petición de protección, pero el gobierno (de Trump) hace todo lo posible por evitar que tengan esa oportunidad”, indica.
Audiencia en corte
La semana pasada, una corte federal de San Francisco que atiende la demanda presentada por ACLU, otros grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y 11 solicitantes de asilo, escuchó los argumentos de los abogados de ambas partes para tomar una decisión respecto al futuro de esta política de Trump en la frontera.
La medida fue implementada antes de Navidad en el paso fronterizo de San Ysidro, pero el DHS la extendió luego al cruce de Calexico, ubicado unos 193 kilómetros (120 millas) al este de San Ysidro.
El juez Richard Seeborg dijo durante la audiencia que los demandantes tenían la potestad de presentar el caso y que el tribunal puede escucharlo.
En cuanto a la espera por la resolución de un caso de asilo, los abogados recordaron que las cortes de inmigración permanecen atascadas, y que las demoras pueden ser de meses, quizás años.
De acuerdo con datos de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), a los que tuvo Univision Noticias, al 30 de enero habóa 821,726 casos acumulados en los tribunales de inmigración, son contar otros 350,000 casos de suspensiones istrativas de deportación reabiertos a mediados del año pasado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions.
