El sistema judicial de inmigración, así como está, “no puede ofrecer justicia”, advierten abogados a comité del Senado
En un nuevo intento por convencer al Congreso sobre la necesidad de modernizar el sistema migratorio, abogados arremetieron frente al Subcomité de Inmigración del poderoso Comité Judicial del Senado para que actúe y recomiende al pleno cambios inmediatos que garanticen la impartición de justicia a los inmigrantes.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) dijo que Jeremy McKinney, expresidente de la entidad que agrupa a más de 17,000 a nivel nacional, testifica este miércoles ante el Comité Judicial del Senado en el asunto sobre la reforma de los tribunales de inmigración.
En concreto, planea advertir sobre la peligrosa acumulación de casos en la Corte de Inmigración (Oficina de Revisión de Casos de Inmigración, EOIR) y abogar una vez más por la creación tribunales de inmigración independientes al Departamento de Justicia y, con ello, de potenciales "intromisiones federales".
AILA dijo que, simultáneamente a la acción del Congreso, el Poder Ejecutivo debería en el corto plazo "implementar reformas de sentido común diseñadas para garantizar que cada persona que comparezca ante los tribunales de inmigración reciba una audiencia justa”.
Esta es la segunda vez que McKinney testifica ante el Congreso. La primera vez lo hizo ante la Cámara de Representantes en 2020, cuando AILA comenzó una campaña para que se introdujera la ley denominada ‘Ley de Estado de Derecho de los Tribunales Reales’. Debido a la importancia del tema, la asociación anticipó el informe que será presentado a los integrantes del Subcomité de Inmigración de la Cámara Alta.
La lucha por un tribunal de inmigración independiente
En el informe, titulado "Preservar el debido proceso y el estado de derecho: examinar el estado de nuestros Tribunales de Inmigración de la nación”, McKinney, un doctor en derecho migratorio y litigante ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y Tribunales de Distrito Federal, expone y examina la serie de “problemas sistemáticos” que, dice, están extendidos en los actuales procedimientos judiciales de inmigración.
“Vengo ante ustedes para instarles a tomar medidas inmediatas para reformar los tribunales de inmigración y garantizar que se respeten los principios básicos de independencia judicial y debido proceso, que deben ser restaurados y protegidos”, precisa.
La principal preocupación y petición hecha por el expresidente de AILA, es la creación de un tribunal de Inmigración "independiente", exigencia que la entidad justifica como un “componente necesario para garantizar decisiones justas en casos que determinan la vida o la muerte de inmigrantes, la unidad familiar permanente o la separación de otros”.
McKinney dice que la independencia de los tribunales de inmigración “se trata de abordar una situación manifiestamente inadecuada de la interferencia política de los jueces de primera instancia y de apelación en materia de inmigración”. Y que la separación de poderes “se entiende de manera bipartidista como una piedra angular de nuestra república, sustentada por las distintas funciones de las tres ramas del gobierno federal”.
El actual sistema es “contradictorio”, considera informe
En otra parte del informe, McKinney señala que “muchos abogados fuera del campo de la inmigración se hacen eco del público al expresar su sorpresa cuando les explico que, en los casos de inmigración, los jueces no están a salvo de la interferencia del Poder Ejecutivo”.
Agrega que los jueces de inmigración “están expuestos a una intromisión constante por parte de los mismos funcionarios federales, cuya istración es también una de las partes en procedimientos supuestamente contradictorios que se están llevando a cabo ante ellos”.
“Para remediar este defecto, AILA insta al Congreso a promulgar legislación que crearía un sistema judicial migratorio independiente bajo el Artículo I de la Constitución”, un tema que también demanda la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ).
El establecimiento de un organismo independiente de tribunales de inmigración “lo separaría del Departamento de Justicia, que actualmente ejerce autoridad sobre sus operaciones, personal y decisiones legales”, indica. “Hay un conflicto de intereses inherente integrado en el actual sistema judicial de inmigración. En pocas palabras, el fiscal general supervisa a los jueces de inmigración que conocen los casos”, detalla.
Ante esta situación, denunciada durante décadas, AILA precisa que “la creación de un sistema judicial de inmigración bajo el Artículo I es la mejor manera de garantizar la existencia de tribunales justos e independientes”.
Gobierno "debe proporcionar asesoría jurídica"
Para garantizar el funcionamiento adecuado del debido proceso, el informe McKinney recomienda que el gobierno proporcione “asesoramiento jurídico” a los inmigrantes de bajos recursos. Y señala que, si bien la ley federal garantiza el derecho a asistencia jurídica en los procedimientos de deportación, “la ley todavía no garantiza que el gobierno pagará por un abogado si la persona no puede o no tiene los recursos costearlo”.
“Tener abogado es uno de los factores más decisivos para determinar si alguien obtendrá reparación legal en procedimientos de deportación”, indica. “Según un estudio de 2016 del Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), las personas tenían cinco veces más probabilidades de obtener una reparación legal si estuvieran representados por un abogado”, agrega. “Y las personas que se encontraban detenidas tenían 10.5 veces de mayor probabilidad de éxito durante sus procesos migratorios de deportación”, añade el reporte.
McKinney asegura que “a falta de un derecho universal a un abogado, una porción significativa de las personas en proceso de deportación (más del 75%) no tiene representación en casos de no detenidos” y que la tasa de representación ”es mucho menor para las personas arrestadas y que se encuentran privadas de libertad".
Durante el año fiscal 2022, “alrededor del 79% de las personas detenidas en procedimientos de deportación no tuvieron a un abogado”, apunta el informe. “Garantizar representación legal reduciría dramáticamente los costos del gobierno por detención y procedimientos judiciales”, considera.
Reducir el atasco en la Corte de Inmigración
El informe McKinney señala que, en los últimos tres años, AILA ha trabajado junto con la Corte de Inmigración en reuniones abiertas para tratar el atasco de casi 2.1 millones de casos.
Los encuentros concluyen en la urgencia para que el Congreso “cree un Tribunal de Inmigración independiente bajo el Artículo I. “Con una presión creciente sobre el Ejecutivo para reducir la excesivamente alta acumulación de casos y gestionar los casos más rápidamente, los tribunales han estado y seguirán comprometiendo la protección del debido proceso”, advierte.
Tanto AILA como la EOIR señalan que una corte independiente brindará mayor transparencia con respecto a las prácticas y procedimientos judiciales, al tiempo que permitirá que los tribunales de inmigración “funcionen de manera más eficiente para todas las partes dentro del debido proceso y también mejoren en gran medida la equidad y el general al proceso judicial”.
El informe de AILA también expresa “profunda preocupación” por la implementación de expedientes acelerados por parte de la actual istración”, política que “acelera el proceso judicial sin tomar medidas para garantizar que los procedimientos sean justos”. “Las personas con casos en estos expedientes que no pueden pagar un abogado no tienen garantía y se enfrentan a plazos más rápidos para ser deportados de Estados Unidos, perdiendo sus derechos de permanencia en el país", precisa.
El informe, además de criticar la anticuada burocracia, afirma que el sistema judicial de inmigración “tal como funciona actualmente, está sobrecargado y no puede ofrecer justicia y decisiones coherentes en los miles de casos que se le presentan cada año”.
Qué dicen los jueces de inmigración
En julio, Univision Noticias reportó con base en un informe elaborado por el director del Sistema de Tribunales de Inmigración, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) y al menos 20 expertos que analizaron la crisis en la EOIR, que la acumulación de casos “incentiva las llegadas no autorizadas (cruces ilegales en la frontera sur) y deja en el limbo a las personas que necesitan protección”.
Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y abogados consultados por Univision Noticias en los últimos años han advertido que, en la mayoría de las ocasiones, el atasco en la EOIR pone en grave peligro la permanencia de extranjeros que luchan por revertir sus procesos de deportación y, en otros, deben esperar años para obtener un beneficio, una espera que puede sacar al beneficiario de la lista por haber traspasado el límite de edad cuando se trata de adolescentes.
A su vez, el Center for Immigration Studies (CIS) concluyó previo al reporte que el sistema judicial de inmigración está en serios problemas. Señaló que uno de los principales síntomas se aprecia a simple vista: la acumulación masiva de casos pendientes.
Consultada sobre la crisis, Dana Marks, presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), dijo que “la debacle en los tribunales de inmigración es el resultado de muchos factores. Creo que lo más importante es el estancamiento en el Congreso con respecto a la necesidad de actualizar y modernizar nuestras leyes de inmigración”.
Marks mencionó que los estudios advierten que la EOIR se ha convertido en un “vertedero” y puntualizó que en sus más de 40 años de carrera, “la falta crónica de financiación adecuada, la gestión incompetente y la politización de la corte, que la ha llevado de manera ineficiente de una prioridad a otra con cada istración entrante, ha paralizado la eficiencia, el debido proceso y la independencia judicial”.
“Claramente ahora se necesita una gran infusión de dinero para compensar los presupuestos de hambre del pasado”, indicó. Pero advierte que, sin una gestión judicial calificada, el sistema actual “no cambiará mucho”.
“Por supuesto que se necesitan más jueces, personal y soporte tecnológico moderno, pero eso solo no será suficiente”, indica. “Suponiendo que el Congreso no actúe sobre la reforma migratoria en general, hay ajustes istrativos que podrían ser de gran ayuda”.
Marks considera que se puede, por ejemplo, permitir que los jueces de inmigración, y no solo el DHS, otorguen acción diferida con autorización de trabajo en casos que lo ameriten y otorgar a los jueces de inmigración la autoridad para conceder 'libertad condicional en el lugar' a las personas dignas cuya falta de entrada legal ahora les impide ajustarse al estatus de residente permanente en Estados Unidos. Ello favorecería a un demandado y fomentaría la conciliación, precisa.
Marks recuerda que el trabajo de los jueces “es buscar un resultado justo, no obtener una victoria mediante una orden de deportación”.
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