Presentan la primera demanda contra la ley SB4 de Texas que prohíbe las ciudades santuario
El Cenizo, una pequeña localidad de 3,300 personas, cercana a Laredo, protege desde 1999 a los inmigrantes en virtud de un decreto local que la declara “refugio seguro”. Este lunes, el alcalde de esa comunidad, Raúl Reyes, junto con la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos ( LULAC por sus siglas en inglés), denunció la ley SB4, que busca prohibir las ciudades santuario.
La cita legislación, criticada por varias organizaciones defensoras de derechos civiles, permitirá a los agentes preguntar la condición migratoria a las personas detenidas, incluso a automovilistas en revisiones rutinarias de tránsito. Está prevista su entrada en vigor desde el 1 de septiembre.
Este lunes, Texas adoptó la medida inusual de solicitar a una corte federal en Austin que declare constitucional la ley, de manera preventiva, en anticipación a las demandas que presenten ciudades y grupos defensores de los derechos de las minorías.
Luis Vera, abogado de LULAC, dijo que la demanda refiere el decreto de “refugio seguro” de El Cenizo, que prohíbe a los empleados de la ciudad preguntar a las personas sobre su condición migratoria.
“Estoy nervioso y emocionado de representar a cientos de familias y miles de personas que no tienen voz y viven con miedo”, dijo el alcalde Reyes, citado por KSAT TV, canal de San Antonio.
También se plegaron a la demanda el sheriff del condado de Maverick, Tom Schmerber y el alguacil de ese mismo condado, Mario Hernández.
“Cuándo él (Reyes) se convirtió en alcalde, era el más joven de cualquier ciudad de Texas”, dijo Vera. “Ha sido una larga lucha para mantener la dignidad de este pueblo y su gente”.
La demanda fue presentada en la corte distrital de San Antonio y pide medidas cautelares para prevenir que la ley entre en efecto el 1 de septiembre, reportó KSAT-TV
El gobernador de Texas, Gregg Abbott dijo el lunes al programa “Fox and Friends”: “¿No es casi de locura que tengamos que aprobar una normativa que obligue a la policía a cumplir la ley”.
La ley obliga a jefes policiales y sheriffs, bajo la amenaza de prisión o destitución, a que atiendan las solicitudes federales de que retengan a delincuentes en la cárcel para su posible deportación.
¿Aumentarán los abusos y discriminaciones?
Los republicanos tienen una fuerte mayoría en la Legislatura e hicieron a un lado las objeciones demócratas, aun cuando los esfuerzos del presidente Donald Trump para retener los recursos federales a las ciudades santuario han enfrentado obstáculos en las cortes federales.
Opositores a la ley afirman que la ley es discriminatoria. El jefe de la policía de San Antonio, William McManus, censuró a los republicanos que impulsaron la ley a pesar de las objeciones manifestadas por todos los jefes de la policía de las grandes ciudades del estado.
Según cálculos del Instituto de Política de Inmigración, 1.4 millones de personas viven sin permiso en Texas, incluidas 71,000 en la zona metropolitana de San Antonio.
McManus y otros jefes policiales, entre ellos los de Dallas y Houston, afirman que la ley causará que los inmigrantes no denuncien delitos ni se presenten como testigos por temor a que hablar con la policía pueda costarles la deportación.
Los detractores de la medida temen que resulte en la discriminación de los hispanos y ponga a los agentes en una posición insostenible.
“Será el color de la piel o el idioma. ¿En qué más puede uno basarse?”, dijo McManus en referencia a las razones que tendrá un agente para preguntar la condición migratoria a una persona.
“Eso lleva a caracterización. La caracterización redunda en demandas. En mi opinión, no hay nada positivo que esta medida aporte a la comunidad o a la acción policial”.
La ley generó también críticas de México, que es el socio comercial más grande de Texas y comparte estrechos lazos con el estado. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana dijo en un boletín de prensa que la ley podría pisotear los derechos de los mexicanos que viven en Estados Unidos y prometió seguir de cerca la situación luego que la ley entre en vigor.
