Por qué la nueva regla de carga pública colocará a muchos inmigrantes legales en proceso de deportación

Los inmigramtes legales que utilicen ayudas públicas correrán el riesgo de enfrentar juicios de deportación en caso de que soliciten un cambio de estatus, por ejemplo convertirse en residentes permanentes ( green card o tarjeta verde) o solicitar la extensión del tiempo de estadía después de ingresar con una visa a Estados Unidos.

La amenaza está incluida en la nueva regla de carga pública anunciada el lunes por Ken Cuccinelli, director interino de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

El reglamento fue publicado por primera vez en octubre del año pasado en el registro federal para permitir, durante un periodo de 60 días, recibir comentario público. Pero debido a cambios y agregados en los meses siguientes, la regla final ha vuelto a ser publicada con un segundo periodo de comentados de 60 días, al término de los cuales entrará en vigor.

¿Se puede apelar una decisión?

Una de las preguntas de mayor preocupación surgidas tras el anuncio de Cuccinelli y que llegó a la redacción de Univision Noticias fue qué pasa si el inmigrante que pide un cambio de estatus y una ampliación del tiempo de estadía le niegan la petición por haber solicitado ayuda del gobierno.

“Cualquier persona que le nieguen su proceso migratorio y no tenga status legal, esta sujeto a enfrentar un juicio de deportación”, respondió José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Si ese es el caso, el inmigrante no podrá apelar bajo el amparo de la Ley de Inmigración” (8 CFR 245.2(a)(5)(ii)), agregó.

Guerrero dijo además que “la Oficina istrativa de Apelaciones (BIA) no tiene jurisdicción para revisar estos casos”.

A la pregunta respecto a qué opciones tiene la persona si le niegan su proceso migratorio basado en la ley de carga pública, Guerrero dijo que “el inmigrante puede hacer una moción de reconsideración argumentando que la decisión es incorrecta basada en la ley”.

También puede presentar “una moción de reapertura sometiendo nueva evidencia que la persona sí califica para el beneficio migratorio solicitado, ya sea un cambio de estatus y una ampliación del plazo de una visa”, apuntó.

En cuanto a qué opciones tendrá un individuo al que se le niegue la obtención de un beneficio, Guerrero dijo que “tendrá una segunda oportunidad para presentar nuevamente su caso de residencia o de ampliación de visa ante un juez de inmigración”.

La regla anunciada por Cuccinelli establece que si a una persona le niegan una petición de beneficio regresa a su estado migratorio anterior y en algunos casos podrá quedar acumulando tiempo de estadía ilegal. En ese caso, la USCIS puede enviarle una Notificación de Comparecencia (NTA) para que se presente ante una corte de inmigración y un juez decida su futuro en el país.

"Ataque" a los inmigrantes

La nueva normativa fue tildada por abogados como un “ataque” a los inmigrantes legales, el primero a gran escala del gobierno de Trump desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017.

“Aumentará dramáticamente el número de inmigrantes que pueden ser considerados no elegibles para la tarjeta verdes en función del uso de ciertos servicios gubernamentales, ingresos del hogar y otros criterios”, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York.

Yale-Loehr dijo además que “según la política vigente, los ciudadanos extranjeros que usan beneficios no monetarios como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y Medicaid, no se consideraban carga pública. Pero la nueva regla cambia el concepto para incluir esos y otros programas de beneficios no monetarios”.

Cuando la regla fue publicada por primera vez en octubre, el DHS recibió más de 266,000 comentarios públicos, “la mayoría de ellos oponiéndose a los cambios propuestos”, señaló. Y dijo que “de acuerdo con un estudio del Instituto Urbano fechado en julio, uno de cada siete adultos en familias inmigrantes u otro miembro de la unidad no participaron en un programa de beneficios gubernamentales no monetarios en 2018 por temor a arriesgar la posibilidad de obtener la green card en el futuro”.

La regla final, de 837 páginas, establece que un ciudadano extranjero que recibe ciertos beneficios públicos durante más de 12 meses dentro de un periodo de 36 meses puede ser inisible en el país o no ser elegible para la residencia. “La regla final es particularmente perniciosa, porque le da a los funcionarios de inmigración discreción para sopesar la totalidad de las circunstancias”, dijo Yale-Loehr. “Esta regla es el último ataque en la guerra del gobierno de Trump contra los inmigrantes. Hará más difícil que las personas de clase trabajadora emigren o se queden en Estados Unidos”, indicó.

Al borde de la deportación

Pero la mayor preocupación de los abogados no se centra solo en el rechazo de una petición de cambio de estatus o la negación de una visa, sino en la posibilidad de que el gobierno ponga en proceso de deportación a individuos y podría separar familias, sobre todo de bajos recursos.

“Esta regla radical amenazará la capacidad de muchos inmigrantes de buscar los recursos básicos a los que tienen derecho y que necesitan para prosperar en Estados Unidos”, dijo Marketa Lindt, presidenta de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

“La versión propuesta de la regla ya ha ejercido un efecto escalofriante en las familias de todo el país que optaron por renunciar a los servicios esenciales para evitar el riesgo de poner en peligro su estatus migratorio. La versión final de esta regla aumentará aún más su miedo”, agregó.

Lindt dijo además que “esta regla no solo castigará a las personas por buscar necesidades básicas y pondrá a las familias en riesgo de separación, sino que causará un daño irreparable a las empresas y comunidades estadounidenses al erigir barreras adicionales para los solicitantes que en última instancia impedirán a los contribuyentes potenciales su oportunidad en el sueño americano”.

A su vez, Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, dijo que "esta regla representa uno de los componentes más dañinos hasta el momento en el llamado ‘muro invisible’ del gobierno de Trump, un conjunto de políticas y prácticas de gran alcance que restringen la inmigración legal hacia y en Estados Unidos”.

“La regla podría evitar innecesariamente que un gran número de personas trabajadoras y respetuosas de la ley en Estados Unidos obtengan la residencia, al tiempo que excluye del sueño americano a los aspirantes a inmigrantes de todo el mundo. Esta regulación también exacerbará el atraso en las cortes de inmigración al exigir a los jueces que apliquen un estándar legal complejo y nebuloso mientras procesan cientos de miles de formularios nuevos que requieren mucho tiempo”, indicó.

Las cortes de inmigración tienen en la actualidad cerca de 900,000 casos acumulados y solo hay 440 jueces, confirmó la Asociación Americana de Jueces de Inmigración (NAIJ).