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¿Podrá el Congreso salvar a los dreamers protegidos por DACA?

Después que el gobierno de Trump rescindió el programa, la pelota está ahora en la cancha del legislativo. Al establecer un plazo de seis meses para el desmantelamiento gradual del beneficio, la Casa Blanca le puso más urgencia a un tema que lleva estancado por más de una década.
8 Sep 2017 – 07:09 PM EDT
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History of the Dreamer struggle: five years of DACA

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La decisión del presidente Donald Trump de terminar el programa DACA fue descrita como "cruel" por parte de algunos de sus críticos, pero podría tener un resquicio de esperanza para los 780,000 jóvenes inmigrantes indocumentados ahora bajo amenaza de deportación.

Al pedirle al Congreso que solucione el problema, Trump puede haberle dado un nuevo aire a las prolongadas propuestas legislativas que buscan legalizar la estadía de los llamados Dreamers, luego de numerosos y fallidos intentos por abordar este problema.

"Nos sentimos optimistas. Esto ha unido a los sectores populares y hay apoyo en todo el espectro político", dice Cathleen Farrell, directora de comunicaciones del Foro Nacional de Inmigración. "Y éste es un grupo de gente muy simpática", añadió, señalando que muchos Dreamers son altamente educados, y contribuyen económicamente con la considerable cifra de 400 millones de dólares tan solo en cuotas de inscripción de DACA, cada dos años.

Algunos observadores políticos se muestran escépticos de que, tanto demócratas como republicanos tengan la voluntad política para encontrar una causa común sobre un asunto tan tóxico para los conservadores. "Los votantes que priorizan el tema de la inmigración eligieron a Donald Trump por ser estricto en esta cuestión", afirma Geoffrey Skelley, del Centro para la Política de la Universidad de Virginia. "A los conservadores republicanos les va a dar una apoplejía".

El representante Steve King (Republicano por Iowa), uno de los más duros críticos de la inmigración ilegal, tuiteó que una amnistía para los beneficiarios de DACA "es un suicidio para los republicanos".

Componendas políticas

No queda claro cómo sería la solución, pues algunas voces conservadoras ya murmuran sobre la necesidad de vincular una solución para el dilema de los Dreamers a otras medidas de reforma migratoria, incluyendo la seguridad fronteriza o la financiación para el muro de Trump en la frontera entre Estados Unidos y México.

En ese escenario de componendas políticas, los analistas se preguntan si hay aspectos de la aplicación de las leyes de inmigración, tales como la mejora de la seguridad en los puertos fronterizos de entrada, que podrían ser aceptables para todas las partes involucradas.

El Congreso también tiene las manos llenas con el fondo para la ayuda a las víctimas del huracán Harvey — y otro desastre pendiente con el huracán Irma, el aumento del tope de deuda del país, así como la iniciativa de Trump a favor de una revisión fiscal.
Hasta el momento, Trump no ha dado ninguna señal de qué solución apoyaría.

Eso causó consternación entre algunos analistas políticos. El comentarista de CNN, David Gergen, dijo en Twitter: "Si al presidente verdaderamente le preocuparan los Dreamers, sería el primero en pedir el cambio de la ley en el Congreso. Claramente, ha rechazado ese camino".

La lider de la minoría demócrataen la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo a los periodistas en su conferencia de prensa semanal que Trump ha mostrado su apoyo y disposición a firmar el Dream Act, una de las varias propuestas en el Congreso que les daría a los jóvenes indocumemntados una vía hacia la legalización. Pero la Casa Blanca no ha confirmado los detalles de esta conversación.

El Dream Act, patrocinado por los senadores Dick Durbin (demócrata por Illinois), y Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur), incluye las mismas protecciones que DACA, pero crea una vía hacia la ciudadanía o el estatus de residente permanente legal si los solicitantes cumplen ciertos requisitos, como el haber vivido en Estados Unidos por un periodo de tiempo determinado, tienen estudios, experiencia laboral y estar inscritos en el Servicio Selectivo. Les tomaría al menos 13 años obtener la ciudadanía a quienes reúnen los requisitos.

Pero, los analistas dicen que, ni el Dream Act ni varias otras propuestas similares, por ahora tienen los votos necesarios para convertirse en ley (60 en el senado y 218 en la cámara).

Existen indicios de que algunos republicanos están relajando sus posturas. La representante Cathy McMorris Rodgers (Washington), quien preside la Conferencia Republicana de la Cámara de Represemtantes, dijo en un comunicado que, aunque ella se opuso a la orden ejecutiva de Obama que creó DACA, creía que el Congreso debía proteger a los Dreamers.

Pero los líderes republicanos pueden estar preocupados por alienar a la base política de Trump, que exige mayor control fronterizo y la oposición a cualquier medida que otorgue estatus legal, o amnistía, a los inmigrantes indocumentados.

Eso pareció evidente en una declaración imprecisa del Líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), después del anuncio del martes sobre la rescisión de DACA. "Este Congreso seguirá trabajando para asegurar nuestra frontera y garantizar un sistema de inmigración legal que funcione", dijo, sin hacer ninguna referencia concreta a DACA.

Los republicanos partidarios de limitar la inmigración legal también se involucraron. El senador Tom Cotton (Arkansas), dijo que la legislación DACA debería estar vinculada a su propuesta — respaldada por Trump en julio — que reduciría el nivel de inmigración legal a la mitad. Esta propuesta parecer buscar que cualquier amnistía para los Dreamers forme parte de una reducción global de la inmigración legal.

"Debemos reconocer que codificar el programa DACA tendrá dos consecuencias negativas: alentar la inmigración ilegal en el futuro con menores de edad y permitirles a esas 800,000 personas obtener estatus legal para los de su familia a través de la migración en cadena, lo cual premia a las personas que infringieron la ley en primer lugar y además deprime los salarios de la clase obrera", dijo Cotton en un comunicado.

"Por lo tanto, debemos mitigar estas consecuencias deteniendo la migración en cadena que perjudica a la clase obrera, y fortaleciendo el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración. He introducido una legislación, la Ley RAISE (Reforming American Immigration for Strong Employment), que limitaría la cantidad de inmigrantes poco calificados que entran en nuestro país".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, también indicó en su rueda de prensa informativa el martes, que Trump quería una reforma integral, y eludió responder si Trump firmará una ley dirigida sólo a los Dreamers.
En un tuit en la tarde del martes, Trump pareció indicar que quería una amplia revisión del sistema de inmigración y no señaló a DACA específicamente.

"Tengo muchas ganas de trabajar con los demócratas y los republicanos en el Congreso para abordar la reforma de inmigración de una manera que priorice a los laboriosos ciudadanos de nuestro país", escribió el mandatario a través de su cuenta en la red social Twitter.

Los grupos defensores de los inmigrantes están a favor de un proyecto de ley nuevo, pues les preocupa que las típicas componendas legislativas podrían retrasar una solución. "Hay una corta ventana legislativa para lograr esto, y hay graves consecuencias si no se hace", dijo Farrell.

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Los grupos defensores de los inmigrantes señalan que los beneficiarios de DACA ya han superado amplias comprobaciones de antecedentes realizadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para garantizar que no representan una amenaza para el país, y los delincuentes convictos han sido excluidos del programa. A los beneficiarios de DACA también se les prohíbe recibir prestaciones sociales financiadas por los contribuyentes. Un estudio realizado por el Instituto Cato reveló que deportar a los casi 800,000 Dreamers protegidos por DACA, les costaría efectivamente a los contribuyentes estadounidenses un estimado de 60,000 millones de dólares.

El beneficiario promedio de DACA tiene 22 años de edad, y aproximadamente 65,000 de ellos son estudiantes graduados de la escuela secundaria y hay otros 10,000 graduados universitarios cada año.

Los escépticos dicen que el debate es inútil, señalando los anteriores esfuerzos en el Congreso para aprobar legislaciones para proteger a los Dreamers.

El representante Luis Gutiérrez (demócrata por Illinois) les recordó a sus colegas que introdujo la legislación por primera vez en 2001, y que fue aprobada en la cámara nueve años más tarde, en 2010. Cuando se llevó a votación, el Senado no reunió los 60 votos necesarios para evitar el filibusterismo (discurso obstruccionista) encabezado por los republicanos, incluyendo a Jeff Sessions, el actual Fiscal General.

Fue Sessions quien el martes anunció la decisión del gobierno de Trump de rescindir DACA, en la fecha fijada por 10 estados cuyos fiscasles generales, encabezados por Texas, amenazaron con demantar el programa en los tribunales de justicia.

A Gutiérrez le pareció extraño que Sessions fuera ahora la persona instando al Congreso a aprobar una legislación que proteja a los Dreamers. "Cuando Sessions tuvo la oportunidad de hacerlo, encabezó la lucha para detenerla. Eso es el colmo de la hipocresía", dijo.

Las propuestas

Además de la Ley Dream, hay otras tres propuestas legislativas para legalizar a los Dreamers.

En marzo, el congresista de Miami, Carlos Curbelo (republicano de Florida), presentó una propuesta, la Ley Recognizing America's Children, que también toma mucho de lo que había en DACA y lo codifica, mientras que también proporciona un camino hacia el estatus legal y, eventualmente, la ciudadanía.

"Éstos son los jóvenes que fueron a la escuela con nuestros propios hijos; están trabajando en este país; están contribuyendo a este país; hablan inglés", dijo el martes Curbelo en New Day de CNN. "Éste es el único país en el que muchos de ellos recuerdan. Así, que debemos brindarles — mientras estén dispuestos a ser productivos de la sociedad, lo cual la mayoría de ellos son — debemos brindarles la oportunidad de ser plenamente reconocidos como estadounidenses y ganarse el estatus legal en este país".

La Ley de Esperanza Americana, patrocinada por el representante Luis Gutiérrez, demócrata de Illinois, cuenta con el respaldo del Comité Hispano del Congreso (Congressional Hispanic Caucus) y no incluye ningún tipo de requerimientos laborales, educativos o militares, además de proporcionar una vía más rápida hacia la ciudadanía. Esta propuesta tiene cero apoyo republicano y tiene pocas posibilidades de aprobarse.

La Ley BRIDGE, patrocinada por el representante Mike Coffman, republicano de Colorado, fue propuesta en enero y prolongaría temporalmente el actual programa DACA durante tres años como parte de un esfuerzo por llegar a una reforma integral para el sistema de inmigración de todo el país.

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