Un grupo de organizaciones pide al gobierno de EEUU proteger de la deportación a trabajadores víctimas de abusos laborales
Más de 300 organizaciones que defienden derechos laborales pidieron al gobierno de Joe Biden que proteja de la deportación a trabajadores que han sido víctimas o denuncian abusos en sus lugares de trabajo y se encuentran involucrados en disputas.
Encabezados por el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), el grupo, integrado de 334 organizaciones, pidió al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, que publique una guía que permita a los trabajadores involucrados en disputas laborales “solicitar la acción diferida” y, de esa manera, quedar amparados de la deportación y calificar para una autorización de empleo.
La misiva, firmada el pasado 17 de noviembre, fue divulgada este lunes por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
El documento le recuerda al gobierno el compromiso asumido por el DHS “de aclarar el proceso para los trabajadores que defienden sus derechos en el lugar de trabajo contra empleadores abusivos para acceder a protecciones temporales, incluida la protección contra la deportación y la autorización de empleo”.
Urgen publicar guía
El grupo dijo que era “urgente que el DHS publique la guía” anunciada hace más de un año, además de “recomendaciones clave para un proceso efectivo y equitativo, como el reconocimiento de las investigaciones de las agencias laborales estatales y locales, y la presentación conjunta de solicitudes de acción diferida y permisos temporales para trabajar legamente en Estados Unidos”.
“Hemos visto durante mucho tiempo cómo la vulnerabilidad de los trabajadores a la deportación impide su capacidad de hablar sobre violaciones laborales y generar poder en el trabajo, lo que a su vez reduce los salarios y las condiciones de trabajo y socava la aplicación de las normas laborales fundamentales de nuestro país en detrimento de todos los trabajadores”, se lee en la carta.
El documento agrega que “la guía se necesita con urgencia, ya que cada día que pasa sin ella, los empleadores sin escrúpulos explotan a los trabajadores y engañan al sistema para obtener ganancias.
“Estos empleadores (que cometen abusos) deben rendir cuentas, y los trabajadores deben ver un compromiso claro del DHS para que puedan ‘no tener miedo de cooperar’ con las agencias laborales. Trabajamos directamente con muchos trabajadores que no están dispuestos a presentarse sin una guía clara del DHS”, añade el documento.
Compromiso reciente
Los más de 300 firmantes de la misiva señalaron que “nos animó” el pasado mes de octubre de 2021 cuando el DHS publicó un memorando instruyendo a las dependencias involucradas “los componentes para proporcionar orientación que aclare cómo apoyarían la aplicación de las normas laborales y protegerían a las víctimas y testigos de explotación laboral”.
Sin embargo, añaden, “ya ha pasado más de un año desde la publicación de ese memorando, y el DHS aún no ha aclarado el proceso por el cual los trabajadores pueden acceder a la discrecionalidad procesal, incluido la acción diferida y libertad condicional, cuando se trate de conflictos laborales”.
“Este retraso tiene costos reales para los trabajadores cuyos salarios son robados, que arriesgan su seguridad en condiciones de trabajo peligrosas y que quieren organizarse para una mayor voz en el trabajo”, precisaron.
La misiva instó al gobierno que publique “de inmediato” una guía escrita que aclare el proceso por el cual los trabajadores indocumentados, trabajadores huéspedes y otros con una precaria condición migratoria “sean víctimas o testigos de explotación laboral y puedan solicitar discrecionalidad procesal”.
El memorando del 2021
En el memorando del DHS de octubre de 2021, Mayorkas pidió a los directores de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (ISCIS), de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) y de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que en las acciones de cumplimiento (operativos o redadas) se debe maximizar “el impacto de nuestros esfuerzos centrándonos en los empleadores sin escrúpulos que explotan la vulnerabilidad de los trabajadores en situación irregular”.
“Estos patrones se involucran en actos ilegales que van desde el pago de salarios por debajo del estándar para imponer condiciones de trabajo inseguras y facilitar la trata y explotación infantil”, añade.
Mayorkas escribió además que “los patrones sin escrúpulos perjudican a cada trabajador que compite por un puesto de trabajo al explotar trabajadores indocumentados y pagándoles salarios por debajo del estándar”. A su vez, “los patrones sin escrúpulos crean un mercado laboral injusto y reducen injustamente sus costos y ponen en desventaja a los competidores que respeten la ley”.
“Podemos proteger más eficazmente el mercado laboral estadounidense, las condiciones en el lugar de trabajo y la dignidad del individuo al centrar nuestros esfuerzos de cumplimiento en aquellos patronos inescrupulosos”, advirtió.
Qué recomiendan las organizaciones
La carta le recuerda a Mayorkas que la Casa Blanca ha reconocido, apoyado y reforzado que el DHS tiene un papel que desempeñar para garantizar que “las víctimas, y los testigos de la explotación y prácticas laborales desleales “no deben tener miedo de cooperar con las fuerzas del orden público en su investigación y enjuiciamiento de patrones sin escrúpulos”.
Y que para hacer efectivo este compromiso, la guía del DHS debe incluir los siguientes componentes:
- Procesamiento consistente por parte de USCIS de solicitudes de acción diferida y libertad condicional por parte de trabajadores víctimas y denunciantes de abusos laborales;
- Procesamiento simultáneo de solicitudes de autorización de empleo de trabajadores que solicitan acción diferida;
- Concesiones iniciales de acción diferida por un período de 4 años;
- Utilización de toda la discrecionalidad posible en cada solicitud;
- Restablecimiento de un grupo de trabajo interinstitucional que incluye al DHS, el Departamento de Trabajo, la Junta Nacional de Relaciones Laborales, Igualdad de Oportunidades en el Empleo y otras agencias federales relevantes para evitar demoras en la comunicación y garantizar protecciones oportunas para los trabajadores; y
- Orientación sobre el manejo de solicitudes de protección de inmigración respaldadas por agencias estatales y locales para hacer cumplir los derechos civiles y las leyes laborales.
Los firmantes de la misiva indicaron que es fundamental que el DHS publique “cuanto antes la guía y aclare el proceso mediante el cual estos trabajadores que presencian o son objeto de violaciones de derechos civiles o laborales pueden solicitar protección de deportación de Estados Unidos y una autorización temporal de empleo.
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