Mientras Trump pide a la Corte Suprema que revise la prohibición de asilo, abogados tildan su política de “inhumana”

Cuarenta y ocho horas después que el gobierno de publicó el 9 de noviembre para frenar el ingreso de la caravana de migrantes.

La orden prohíbe el asilo a los migrantes que entren por lugares no autorizados, norma que estaría vigente por 90 días o "hasta la fecha que un acuerdo permita a Estados Unidos remover a los extranjeros a México", detalla.

Pero el 20 de noviembre y tras una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro por los Derechos Constitucionales, el juez federal de distrito de San Francisco, California, Jon S. Tigar, dictó una orden de restricción temporal.

"La norma que prohíbe el asilo a los inmigrantes que ingresan al país fuera de un puerto de ingreso al país, entra en conflicto irreconciliable con la ley de inmigración y la intención expresa del Congreso", escribió Tigar, quien fue nombrado por el expresidente Barack Obama.

Y agregó: "cualquiera que sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente".

Qué dicen los abogados

Tras una revisión de la proclama de Trump del 9 de noviembre y teniendo en cuenta el fallo temporal del juez Tigar, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) publicó un extenso análisis de la medida que, califica de “inhumana) y que además “viola” la Ley de Asilo aprobada por el Congreso.

“Se basa en suposiciones falsas y pondría en peligro la vida de los solicitantes de asilo de buena fe”, advierte el informe. “Si la prohibición entra en vigor más adelante (en el caso se revoque el fallo temporal del 20 de noviembre) afectaría a muchas familias perseguidas y personas que soliciten asilo, no importa si llegaron a un puerto de entrada o cruzaron entre puertos de entrada. Como resultado, los solicitantes de asilo de buena fe serán deportados y podrían enfrentar más persecución e incluso la muerte”, indican.

También señalan que los migrantes que tienen oportunidad de solicitar asilo u otra protección humanitaria, “probablemente pasarán largos períodos de detención en instalaciones inhumanas”, y alegan que el gobierno tampoco “ofrece soluciones ni planes que mejoren las condiciones en la región (de la cual huyen) o mejorar su capacidad (de respuesta) para procesar a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur”.

Respeto a la ley

El informe de AILA denuncia que el gobierno emitió la prohibición “como parte de un esfuerzo integral y continuo para limitar el al asilo” a los integrantes de la caravana”, sin tener en cuenta que entre ellos hay personas que “son elegibles”, según la ley, para pedir y/o recibir asilo “o cualquier otro tipo de protección legal en Estados Unidos”.

Precisan además que la ley de asilo “garantiza a cada individuo el derecho de solicitar tal alivio y de obtener una revisión significativa y completa de su caso”. Y que “el gobierno federal tiene los recursos para llevar a cabo tal revisión sin recurrir a medidas destinadas a impedir la llegada de grupos vulnerables”.

“Por generaciones, en el curso de nuestra historia y la tradición de la ley, nuestro país se ha mantenido firmemente comprometido con el principio de acoger y proteger a los que huyen de la persecución”, subrayó AILA. “Nuestro gobierno puede garantizar la integridad de sus fronteras al tiempo que mantiene este principio fundamental”, añade.

En otra de sus conclusiones, AILA dice que “la prohibición de asilo intenta poner fin a las leyes que garantizan el derecho de las personas llegar a Estados Unidos, ya sea en o por entre los puertos de entrada para buscar asilo”. Y que si bien “no todo el mundo será elegible para este alivio bajo la ley de asilo, todos deben recibir una plena y justa oportunidad de conseguirlo”, precisa.

Aclarando la proclama

AILA halló al menos cuatro afirmaciones en la proclama que no son ciertas o bien Trump no aportó las evidencias necesarias para verificar los datos.

1. "Nuestro sistema está actualmente abrumado por una inmigración masiva sin control, en particular en nuestra frontera suroeste". El informe señala que el número de detenciones en la frontera suroeste está cerca de mínimos históricos. Y que, aunque el gobierno ha caracterizado a la caravana de migrantes como evidencia de entrada masiva sin verificaciones, en general las detenciones de Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) en los cruces fronterizos son marcadamente bajos. Cita que desde la década de 1980 hasta mediados de la década de 2000, las detenciones de la frontera suroeste regularmente excedieron 1 millón anualmente. Por el contrario, en el año fiscal 2018, el total fue inferior a 400,000, siendo este el quinto total más bajo desde 1973.
2. “[Estos] migrantes no son solicitantes de asilo legítimos. No están buscando protección”. Ante esta afirmación, AILA explica que muchos de caravanas y otras personas que llegan a la frontera sur son solicitantes de asilo legítimos que huyen de la persecución que amenaza sus vidas en América Central. Hay una crisis humanitaria en curso en El Salvador, Honduras y Guatemala marcada por la violencia de pandillas transnacionales, abuso doméstico y otros peligros existenciales. Y que esta situación alimentó un aumento en los solicitantes de asilo de buena fe que huyen, no solo a Estados Unidos, sino también a países a lo largo del hemisferio occidental. Citan datos de la USCIS, agencia federal que reconoció que de los de la caravana que llegó en mayo de 2018, más del 90% de los examinados poseían un miedo creíble de persecución, lo que significa que el gobierno encontró una "posibilidad significativa" de que, en una audiencia de asilo en la corte de inmigración, será un juez quien determinará si califican o no para este beneficio.
3. “México es un tercer país seguro". AILA rechaza esta afirmación y señala que “para muchos solicitantes de asilo, es potencialmente mortal permanecer en México”. Añade que “las condiciones en México no merecen una designación de "tercer país seguro", indicando además que “la ley de asilo de requiere que la vida o la libertad de los solicitantes de protección en EEUU no se verán amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política”. Y que el tercer país debe garantizar la seguridad, y que las personas tendrán a un procedimiento completo y justo para buscar asilo. AILA también dice que “está bien documentado que los solicitantes de asilo en México enfrentan importantes obstáculos para protección, amenazas continuas de agresión sexual, secuestro y otros daños, y con demasiada frecuencia, por la fuerza regresan a las naciones de las cuales huyeron. Por lo tanto, México no es un "tercer país seguro" como tal.
4. “El CBP procesa a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada en de una manera lícita, ordenada y controlada". El documento refuta esta afirmación. Y denuncia que la agencia encargada de recibir a los migrantes en la frontera “niega el asilo” en los puertos de entrada rechazando a muchos solicitantes que se presentan. Por lo tanto, agrega, lejos de procesar a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada de manera legal, de manera ordenada y controlada”, frecuentemente nuestro gobierno no los procesa en absoluto. Y debido a esto, “muchos se sienten perseguidos y creen que no hay más remedio que ingresar a Estados Unidos entre los puertos de entrada (por lugares no autorizados) para obtener protección. En estos casos, la CBP examina con mayor rigurosidad los pedidos de asilo elevando los requisitos y haciendo imposible ganar un caso.

Las soluciones

AILA reitera que las prohibiciones de asilo y otras medidas llevadas a cabo por el gobierno de Trump, “representan una respuesta profundamente equivocada” a la crisis humanitaria en América Central y aumento de peticiones de refugio en la frontera. Y advierte que de cerrarles la puerta y obligar a que regresen a sus países sin antes revisar sus casos, “podrían enfrentar nuevas persecuciones, torturas e incluso la muerte”.

Ante tal escenario, la organización recomienda:

1. Abordar las causas de la violencia y la inestabilidad en Centroamérica. Junto con el Congreso, intensificar los esfuerzos para abordar las causas que generaron la crisis en América Central, además de proporcionar a los países afectados asistencia para combatir las pandillas y la violencia de género, fortalecer la observancia del estado de derecho y apoyar iniciativas contra la corrupción, entre otros objetivos.
2. Mejorar la capacidad de procesamiento de los solicitantes de asilo en la frontera. El DHS debería garantizar que se cuenta con recursos suficientes para procesar a los solicitantes de asilo que llegan, de manera tal que asegure una revisión oportuna y exhaustiva de cada caso. Para lograr esto, debe ampliar la capacidad o infraestructura física en los puertos de entrada para dar cabida a más solicitantes de asilo y aumentar el procesamiento de pedidos de asilo.
3. Fortalecer los programas de reasentamiento de refugiados en la región. El gobierno debería elevar la cuota anual de refugiados, actualmente de 30,000. AILA dice que en el año fiscal 2018 el gobierno solo itió a 826 refugiados de El Salvador, Honduras y Guatemala. Y en el primer mes del año fiscal 2019, solo 28 refugiados de esos tres países fueron itidos, una cifra vergonzosamente baja.
4. Mejorar la supervisión del Inspector General del Congreso y del DHS. A pesar de la evidencia generalizada de que CBP ha violado el derecho internacional y de EEUU al rechazar solicitantes de asilo en la frontera, el Congreso no ha llevado a cabo una supervisión significativa de la práctica o de los numerosos otros esfuerzos del gobierno para limitar el al asilo. El congreso debería comenzar a ejercer vigorosamente sus poderes de supervisión en estos temas, incluso a través de audiencias y solicitudes de documentación a las agencias pertinentes.
5. Reducir la dependencia de la detención (cárcel) para los solicitantes de asilo y aumentar el uso de alternativas a la detención. El gobierno ha frenado sustancialmente el uso de alternativas a la detención, incluidos la libertad condicional, la entrega a familiares de individuos solicitantes de asilo, obligándolos a permanecer bajo condiciones inhumanas de detención. Las normas dictadas por el gobierno significan más gastos para los contribuyentes, concluye.