Las cortes de inmigración: la nueva batalla de Trump en su política de 'tolerancia cero'
Las amenazas lanzadas por el gobierno de Donald Trump de eliminar el sindicado de jueces de inmigración y convertir los tribunales que juzgan a los inmigrantes en brazo ejecutor de la política de ‘tolerancia cero’, incrementa las preocupaciones entre abogados y enjuiciadores a nivel nacional.
Ambos claman porque el gobierno devuelva la independencia a estos tribunales. Simultáneamente, exigen que se proteja y respete el debido proceso migratorio para garantizar la entrega de “decisiones justas, oportunas y recuperar la confianza del público”, alega la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) en un informe publicado el viernes.
La entidad, que agrupa a unos 15,000 letrados en todo el país, agrega que “la causa de esta disfunción es un conflicto de intereses integrado en el propio sistema. Los tribunales de inmigración son supervisados por el Fiscal General (AG), quien también supervisa a los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), quienes procesan casos de inmigración en tribunales federales”.
“Este conflicto empeora por el hecho de que los jueces se consideran meramente abogados del gobierno, una categoría que no reconoce la importancia de sus deberes y los pone al capricho del fiscal general”, advierte.
Años de deterioro
AILA señala que la principal causa del deterioro en el sistema de inmigración ha sido la “politización” del sistema, un problema que ha echado raíces y que se ha generado “durante años” provocando serios problemas que urden ser resueltos.
Añade que gobiernos anteriores “han tomado repetidas decisiones políticas, a veces no necesariamente eficientes, legales o racionales, sino porque son convenientes”.
Advierte además que “este sistema defectuoso ha permitido al gobierno de Trump “transformar las cortes de inmigración en una agencia de aplicación y ejecución (de la ley de inmigración) en lugar de ser un árbitro justo y neutral”.
El informe denuncia además que en los últimos tres años el Fiscal General y la Oficina de Revisión (Apelaciones) de Casos de Inmigración (EOIR), “están socavando la independencia de jueces y debilitando el debido proceso”.
“Se está presionando a los jueces para que tomen decisiones a un ritmo vertiginoso a costa de la precisión. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia y el EOIR están despojando a los jueces de su capacidad para controlan sus expedientes, ralentizando el procesamiento de casos y reduciendo la eficiencia”, precisan.
Imposición de cuotas
Entre las medidas impuestas por el gobierno de Trump para controlar la actuación de los jueces de inmigración, se encuentra la imposición de cuotas a un ritmo de 700 casos por año para cada uno de los actuales 440 enjuiciadores.
La medida entró en vigor el 1 de octubre de 2018 y durante el año discal 2019 el promedio fue de 708 casos por magistrado, de acuerdo con datos del EOIR.
“Esta asombrosa medida la hemos definido como una ‘sentencia de muerte de la independencia judicial’, y significa que los jueces se verán obligados a apresurarse en estos casos, a menudo, de vida o muerte”, advirtió en su momento la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ).
El sindicato dijo que la imposición de cuotas “es solo la última de una serie de cambios de políticas implementados en el último año que socavan la independencia judicial, amenazan el debido proceso y evitan que las personas tengan un día en corte justo”.
Un año y tres meses después, AILA dice que la política de cuotas, sumado a las prácticas de contratación, interferencia de expedientes y los intentos por descertificar el sindicato, se trata de un intento por “politizar los tribunales más que nunca” y que tal politización de los tribunales “es una profunda
mancha en la credibilidad de la EOIR”.
Punto de quiebre
Según el informe de AILA, las transformaciones al sistema migratorio lo llevaron a un “punto de quiebre”. Añade que la solución para revertir el rumbo y garantizar un sistema que satisfaga las necesidades y proteja el debido proceso, se encuentra en manos del Congreso, organismo que “debe promulgar una legislación que traslade los tribunales fuera del Departamento de Justicia a uno independiente”, donde el Fiscal General no pueda interferir en las decisiones de los jueces.
El reporte precisa además que “en el intento por lograr objetivos de política, tanto el expresidente Barack Obama como Trump “han manipulado y barajado los expedientes de la corte de inmigración para priorizar ciertos casos, moviendo casos al final de la línea y aumentando aún más la ya enorme acumulación de expedientes”.
A finales de finales de diciembre las Cortes de Inmigración tenían acumulados cerca de 1.1 millones de casos, según datos proporcionados por el Centro de Información y de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse (Nueva York).
AILA agrega a la lista de dificultades la falta de personal y capacitación, falta de transparencia en la contratación y disciplina, escasez de recursos tecnológicos, sesgo percibido y, quizás con mayor frecuencia, la acumulación de casos cada vez mayor que ya supera el millón de expedientes.
El último ataque
La segunda semana de enero delegados de la NAIJ acudieron a una audiencia ante la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (Federal Labor Relations Authority, FLRA), para defender la permanencia del sindicato e impedir un fallo de descertificación solicitado en agosto del año pasado por el gobierno de Trump.
La maniobra tiene por objetivo “silenciar” a una organización cuyos a veces han sido abiertamente críticos de la agenda de aplicación de la ley de inmigración del gobierno”, escribió en esa ocasión el diario The New York Times.
El Departamento de Justicia presentó una petición solicitando a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales que determine si se debería revocar la certificación del sindicato, porque sus son considerados "funcionarios istrativos" no elegibles para organizarse colectivamente.
A diferencia de otros jueces federales que forman parte de la rama judicial, los jueces de inmigración son nombrados por el fiscal general y son empleados del Departamento de Justicia.
La treta emprendida por el gobierno para dejar sin voz a los jueces de inmigración fue se inmediato cuestionada por abogados del gremio. “Este es el último ataque del gobierno contra la independencia del tribunal de inmigración”, dijo entonces Víctor Nieblas, un expresidente de AILA.
Qué dicen los jueces
Los jueces confían en que la FLRA, basada en las pruebas presentadas por la NAIJ en la audiencia, no descertifique el sindicato y determine que el pedido hecho por el gobierno, a través del EOIR, “es irrelevante”.
EN la audiencia ambas partes presentaron sus evidencias “y luego fijaron un plazo para el cierre de los escritos. La primera fecha límite establecida para esos informes fue el 8 de febrero, pero parece probable que se otorgue una extensión de 30 días”, dijo a Univision Noticias la jueza Dana Marks, presidenta honoraria de la NAIJ.
“No estamos seguros de cuánto tiempo después de los informes recibiremos una decisión del Director Regional de la FLRA, pero estimaría entre 60 a 90 días”, agregó. “Después de eso, cualquiera de las partes tiene derecho a apelar la decisión del ante el FLRA, que está compuesto por 3 , dos de los cuales son nombrados por el gobierno de Trump”, agregó.
Marks dijo además que “No se sabe cuanto tiempo será el plazo para el proceso de apelación” y sentencia.
A la pregunta respecto a si esperan un fallo favorable, Marks dijo que “la NAIJ cree firmemente que toda la evidencia respalda claramente nuestra posición. El dictamen debería basarse en si hubo un cambio en los deberes laborales de los jueces de inmigración. Los testigos del EOIR itieron que no había cambiado desde la última decisión tomada por la FLRA a favor de NAIJ hace veinte años”, apuntó.
En aquella ocasión, al igual que ahora, hubo un intento por eliminar el sindicato, pero el la FLRA falló en contra de los pedidos del EOIR.
Argumentos oficiales
Marks explicó que los argumentos presentados por la EOIR “son irrelevantes en nuestra estimación. Están tratando de argumentar que los cambios en el número de casos que decidimos y la importancia que el público les asigna, cambia nuestro trabajo. No es así”.
Precisó además que “el gobierno afirma que debido a que nuestras decisiones son distribuidas al público en ocasiones por abogados, influyen en la política de la agencia. Que ellos no lo hacen. Y su argumento intenta desdibujar la línea entre el precedente legalmente vinculante y el argumento persuasivo. Si bien eso puede sonar importante, por ley, lo que se decida en un tribunal de primera instancia, como los tribunales de inmigración, no tiene ningún efecto legal en ningún caso, además de los que decidamos para las partes idénticas”.
Marks dijo además que “el argumento final de EOIR es hacer un gran problema con una reciente decisión de la Corte Suprema (en el caso Lucia v. SEC), en la que se sostuvo que un Juez de Derecho istrativo (ALJ) de la Comisión de Seguridad e Intercambio (SEC) fue designado incorrectamente (no por un funcionario de nivel de gabinete) y, por lo tanto, carecía de la autoridad para tomar una decisión”.
“Este caso no se aplica directamente a los jueces de inmigración porque no somos ALJ y somos nombrados bajo un estatuto diferente, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)”, apuntó. “En segundo lugar, incluso si eso se aplicara, fuimos nombrados adecuadamente de acuerdo con los requisitos establecidos en ese caso, porque cada uno de nosotros fue designado por el Fiscal General”.
La presidenta honoraria de NAIJ indicó que el gobierno “está tratando de argumentar que debido a que la decisión de Lucía clasificó a ALJ como "oficiales inferiores" según la Constitución, de alguna manera nos eleva a la gestión de la formulación de políticas. Esta decisión no se tomó en el contexto de la legislación laboral y, por lo tanto, no debería tener impacto en los problemas ante la FLRA”.
“La conclusión es que ganaremos este caso si se decide sobre la ley establecida en lugar de las presiones políticas”, anticipó. “De lo contrario, nuestro sindicato ya no existirá según la legislación laboral y NAIJ perderá el derecho de hablar en muchos entornos. Creemos que silenciar las críticas del EOIR al sindicato de jueces es el ímpetu principal detrás de esta acción”, concluyó.
