Las claves de 287(g), el programa para aumentar las detenciones de indocumentados que Trump busca extender
IMMOKALEE, Florida.- Los miles de indocumentados que viven en esta ciudad agrícola de Florida, cuna de los tomates de invierno en Estados Unidos, huyen de las patrullas del sheriff del condado. Aunque tengan un problema o sean víctimas de un crimen.
Inmigrantes, activistas y expertos apuntan al programa 287(g) como causa de esa mala relación entre la comunidad y los agentes locales. Las autoridades que lo aplican dicen que mejora la seguridad. Ahora, el gobierno de Donald Trump apuesta de nuevo por estos acuerdos que dan a los oficiales locales funciones de agentes de inmigración.
¿Crecerá el programa con la nueva istración?
Sí, a juzgar de una orden ejecutiva sobre inmigración que firmó Donald Trump el 25 de enero de 2017. El decreto pide al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, que “inmediatamente” tome las acciones necesarias para que las autoridades estatales y locales firmen más acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (ICE).
“Más oficiales de policía estatal y local se convertirán en agentes de inmigración”, prevé Chris Rickerd, consejero de políticas en ACLU, y considera que las nuevas prioridades de deportación dejan más vulnerables a la mayoría de indocumentados.
¿Pueden pedir los papeles sin razón?
No, pero es relativamente fácil que detecten que es indocumentado, sobre todo en estados donde no pueden tener licencias de conducción.
Por ejemplo, un oficial de policía local detiene a un inmigrante por manejar sin licencia o por una violación de las normas de tráfico, es arrestado y llevado a la prisión del condado. Es allí donde sí “investigarán si esa persona no tiene documentos o tiene una condena previa que lo haga deportable”, detalla Michelle Waslin, investigadora del American Immigration Council. Además, desde la cárcel, mandan automáticamente sus huellas al Servicio de Inmigración.
¿Qué relación tiene la agencia local con ICE?
Un contrato. El programa 287(g) consiste en firmar un acuerdo formal entre la agencia de seguridad legal (como el sheriff del condado de Collier) y con el Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el Servicio de Inmigración.
De hecho, el gobierno federal entrena durante cinco semanas a los agentes locales para formarlos en materia de inmigración. Después, las funciones de estos oficiales están supervisados por el Servicio de Inmigración.
¿Qué funciones migratorias pueden hacer?
Los agentes locales comprueban los documentos, acceden a bases de datos para ver si la persona detenida está registrada y mantienen los arrestos por razones migratorias. Esas funciones las desarrollan en las cárceles. “En otras palabras, pueden iniciar los procesos de deportación”, dice Waslin.
¿Cuántos indocumentados han sido detenidos así?
Unos 402,000 inmigrantes “deportables” fueron detenidos de esta manera en la última década, según los datos más recientes del Departamento de Seguridad Nacional.
Hoy en día hay 38 agencias locales en 16 estados que aplican el 287(g).
¿Quién paga el programa?
“Hay una creencia errónea”, asegura Chris Reckerd, de ACLU. “Este programa no lo paga ICE a las autoridades locales. Las agencias estatales y locales están subsidiando las políticas de inmigración en vez de gastar ese dinero en otras prioridades”.
En concreto, el gobierno federal invierte en la formación de los agentes, pero esos oficiales y sus funciones propias de una agencia de inmigración corren a cargo del presupuesto de la oficina del sheriff o de la agencia local de policía.
¿Paran más a los hispanos?
Es complicado probarlo, pero numerosas organizaciones y centros de estudio creen que el programa crea “un perfil racial” contra personas hispanas que puedan parecer inmigrantes latinos. A ellos –aseguran– se los para más.
“¿A cuántos blancos están parando para pedirle sus papeles? Ninguno ¿A cuántos negros están parando? Ninguno”, se queja Ulysses Jaen, profesor de Derecho en Ave Maria Law School, en el condado de Collier, donde se aplica el programa 287(g) desde hace años.
Jaen asegura que “no hay una documentación que explique que, de todas las personas que son arrestadas, la mayor parte son inmigrantes latinos, pero son clasificados como blancos”. El profesor dice que en la web del sheriff encuentra registros de decenas de detenidos con apellido hispano, pero clasificados como blancos.
¿Por qué crea más inseguridad?
Porque la comunidad inmigrante huye de los agentes aunque los necesiten para denunciar robos, fraudes y crímenes mayores. Varios indocumentados en Immokalee dijeron a Univision Noticias que evitan a los oficiales del sheriff aunque tengan información relevante que compromete su seguridad o la de su entorno.
Si el programa se expande a más ciudades y condados (como decretó Trump), el jurista Ulysses Jaen prevé más problemas: “Van a hacer que nuestra comunidad se esconda más, y que aguante más abusos en el trabajo. Ellos tienen el temor que al hacer una denuncia, van a ser detenidos, procesados y deportados”.
¿Qué dice la autoridad local?
La oficina del sheriff de Collier declinó una entrevista con Univision Noticias, pero mandó por email un comunicado subrayando que se enfocan en aquellos individuos que han cometido crímenes y que, gracias al programa 287(g), el condado es “la zona metropolitana más segura de Florida”. No cita el origen de ese dato.
Ve también: Immokalee: así vive la capital nacional de los tomates las nuevas políticas migratorias (fotos)
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