La nueva cara de la ola migratoria: menos personas solas, más niños no acompañados y más familias aisladas o en caravana
En el año fiscal 2018, que acaba de terminar, el número de aprehensiones totales realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera entre México y Estados Unidos llegó a 396,579 personas. La cifra representó un aumento cercano al 30% con respecto a las aprehensiones realizadas en el año 2017, pero es menor a la del año 2016 y apenas una cuarta parte de las aprehensiones realizadas en el año 2000.
De acuerdo con las propias autoridades, “las aprehensiones son un indicador del total de intentos de cruzar la frontera de manera ilegal”. Lo que quiere decir que en los últimos 20 años, en contra de la idea que trata de vender el gobierno de Donald Trump, la presión de los migrantes sobre la frontera sur de Estados Unidos ha disminuido de manera considerable.
En ese mismo lapso de tiempo, sin embargo, la demografía de la inmigración ilegal en la frontera sur cambió significativamente, como lo reconoció el entonces secretario de Seguridad Interna, Jeh Johnson, en un pronunciamiento sobre seguridad fronteriza realizado en octubre de 2016.
Según Johnson, el número de adultos mexicanos solos que intentan cruzar la frontera sin autorización ha caído radicalmente, “pero más familias y menores no acompañados están huyendo de la pobreza y la violencia en Centroamérica”. En 2014, por primera vez, el número de centroamericanos aprehendidos en la frontera sur superó al de mexicanos. Y lo mismo viene pasando desde el año 2016.
La violencia en los países del Triángulo Norte (en particular la de las pandillas, alimentada en buena medida por las masivas deportaciones de pandilleros realizada por Estados Unidos) hizo metástasis a mediados de la presente década y su consecuencia inmediata fue un incremento inusitado en el número de menores que empezaron a abandonar sus países, por decisión propia o incentivados por sus familias.
La llegada masiva de menores no acompañados procedentes del Triángulo Norte a la frontera sur de Estados Unidos en el año 2014 amenazó con producir lo que en ese momento el presidente Barack Obama llamó “una crisis humanitaria”, y todos los medios centraron su atención en los que a partir de entonces se conocieron como los “niños de la frontera”.
Desde entonces, hasta hoy, el flujo de menores no acompañados procedentes de Centroamérica (y en una proporción menor de México y otros países) se ha mantenido relativamente constante. Y la violencia sigue siendo un factor importante de ese flujo, en especial en países como Honduras y El Salvador.
En los dos últimos años, sin embargo, se ha producido un nuevo cambio en la naturaleza de los flujos migratorios procedentes de Centroamérica. Ahora la mayor parte de los migrantes viajan en grupos familiares. Siguen huyendo de la violencia, pero también del hambre, como lo indica su lugar de procedencia: en su mayoría de Guatemala, y en su mayoría de poblaciones agobiadas por la pobreza.
Las estadísticas de la Patrulla Fronteriza muestran que el número de unidades familiares (nombre que le dan a las personas que llegan en grupo, con al menos un menor y un padre o un guardián) ha venido creciendo de manera sistemática desde julio de 2016 y en octubre de este año alcanzó un máximo histórico, con 23,121 aprehensiones.
En promedio, en el año fiscal 2018 (que terminó el pasado 30 de septiembre) las autoridades fronterizas aprehendieron a cerca de 300 personas diarias llegadas a la frontera en grupos familiares (sin contar adultos solos y menores no acompañados). En octubre, la cifra llegó a 745 por día.
Pero no es solo la situación económica en sus países de origen la que ha producido esta oleada de migrantes reunidos en unidades familiares. Es también el hecho de que, dadas las leyes migratorias que rigen en la actualidad, esa es quizás la manera más fácil de lograr su objetivo de entrar a Estados Unidos.
De acuerdo con una declaración reciente del secretario de prensa del DHS, “los contrabandistas y traficantes entienden muy bien nuestras leyes de inmigración y saben que si una unidad familiar ingresa ilegalmente a Estados Unidos es probable que sea liberada al interior del país. Específicamente, el DHS debe liberar a las familias que entran ilegalmente al país dentro de los 20 días posteriores a su detención”.
"Sabemos que la gran mayoría de las unidades familiares que han sido liberadas, a pesar de no tener derecho a permanecer con un estatus legal, nunca salen o son deportadas. Hasta el tercer trimestre del año fiscal 2018, solo el 1.4% de las unidades familiares ha sido repatriadas a sus países de origen cuando vienen de países no contiguos como El Salvador, Guatemala y Honduras”, dice la declaración.
Y no son solo los contrabandistas y traficantes los que conocen cada vez mejor las leyes migratorias de Estados Unidos. También las organizaciones sociales que apoyan a los migrantes y los migrantes mismos.
Eso explicaría la aparente generalización de las llamadas “caravanas” de migrantes. No son una práctica nueva, porque varias organizaciones las han estado promoviendo desde hace varios años (con diferentes nombres, incluido el de viacrucis). Pero se han vuelto mediáticas, gracias a los tuits del presidente Donald Trump.
Lo que para Trump es una “invasión” (calificativo utilizado sin recato dentro de su estrategia electoral), para otros no es nada más que una nueva forma de migrar, más segura y menos costosa, en términos de dinero y de seguridad personal, que los viajes en tren a merced de un coyote.
La caravana más reciente salió el 13 de octubre de San Pedro Sula y apenas está llegando a Tijuana. El número de personas que la componen ha sido muy difícil de estimar. Pero lo cierto es que en el mes que lleva produciendo titulares, han llegado a la frontera sur de Estados Unidos más de 23,000 centroamericanos en grupos familiares. El triple, por lo menos, de la estimación más alta que se ha hecho del tamaño de la caravana.
