La Casa Blanca reconoce que no puede arrestar indefinidamente a familias inmigrantes que llegan a la frontera
En materia de política migratoria sobre la Donald Trump en su cuenta de Twitter y otra muy distinta es lo que publica la Casa Blanca en su página digital.
Por un lado, Trump amenaza con enviar al Ejército, impedir la entrada de extranjeros a los que tilda de "criminales" y eliminar las ayudas que Estados Unidos otorga a los países de donde proviene la caravana.
“Guatemala, Honduras y El Salvador no pudieron hacer el trabajo de impedir que las personas salgan de su país y lleguen ilegalmente a EEUU. Ahora comenzaremos a reducir, o reducir sustancialmente, la masiva ayuda extranjera que se les da habitualmente”, publicó el 22 de octubre.
Para reforzar su mensaje político-electoral, ese mismo día culpó a los demócratas por la caravana y la llegada de extranjeros indocumentados a la frontera. “¡Cada vez que vea una caravana, o personas que vienen ilegalmente, o intentan ingresar ilegalmente a nuestro país, piense y culpe a los demócratas por no darnos los votos para cambiar nuestras patéticas leyes de inmigración! ¡Recuerda las elecciones de mitad de periodo! Tan injusto para los que entran legalmente”, dijo.
Un día antes amenazó con el siguiente texto: “Se están haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar que el embate de extranjeros ilegales cruce nuestra frontera sur. Las personas deben solicitar asilo en México primero, y si no lo hacen, EEUU los rechazarán. ¡Los tribunales están pidiendo a Estados Unidos que haga cosas que no son factibles!”
Tras las amenazas, muchos se preguntan qué tan cierto es que el presidente puede arrestar y mantener privados de libertad a todos los inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera en busca de asilo.
Qué dice la Casa Blanca
La respuesta la dio la Casa Blanca en dos documentos que publicó en su página digital, uno sobre la política del catch and release (detener y liberar) y otro sobre el aumento de las aprehensiones de indocumentados en la frontera.
En ambos informes, el gobierno de Trump culpa a los demócratas por el aumento del número de inmigrantes que están llegando a la frontera y no reconoce la existencia de un éxodo advertido por lo menos desde 2013, provocado por una serie de factores entre ellos: corrupción de los gobiernos de Centroamérica, falta de inversión social, desempleo, pobreza, violencia de pandillas y cambio climático, entre otros.
Tampoco la Casa Blanca explica la vigencia de una ley aprobada por el Congreso, y un acuerdo judicial en particular, que prohíben la deportación acelerada de menores indocumentados provenientes de países no fronterizos con Estados Unidos, exigiendo que sean los jueces de inmigración quienes resuelvan sus futuros en Estados Unidos.
¿Freno demócrata?
El Acuerdo Judicial Flores, alcanzado durante el gobierno de Bill Clinton (demócrata), fue reconocido por el Congreso número 105 en el que los republicanos controlaban tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Y la Ley TVPRA sobre la prevención de tráfico humano infantil de 2008, fue promulgada por el republicano George W. Bush en 2008.
Pero la Casa Blanca insiste en que las “lagunas legales” que le impiden al gobierno de Trump deportar de manera acelerada a los indocumentados que llegan a la frontera en busca de asilo, es culpa de los demócratas y que la mayoría de las familias de inmigrantes indocumentados y menores de América Central “llegan ilegalmente a la frontera”, una aseveración sin pruebas y sin que sean los jueces de inmigración los que determinen si la llegada tiene méritos o no.
Las cifras publicadas recientemente sobre las detenciones de inisibles en la frontera con México “o las personas a las que se les negó la isión en un puerto de entrada, muestran el terrible estado de la crisis en nuestra frontera”, agrega uno de los documentos, reconociendo además que las cifras de detenciones el mes pasado registran un récord a pesar de la política de ‘cero tolerancia’ de Trump.
Qué quiere Trump
Trump presiona para que el Congreso elimine la ley PVTRA de 2008 y cancele el Acuerdo Judicial Flores de 1997, al tiempo que busca reinterpretar este último y para ello publicó en el Registro Federal un nuevo reglamento que pretende poner en vigencia antes del término del año fiscal 2018.
El objetivo del mandatario es impedir que cada año miles de inmigrantes pidan asilo o refugio en Estados Unidos. Simultáneamente ha nombrado unos 100 jueves de inmigración con el objetivo de descongestionar las cortes de inmigración acelerando procesos, fijando cuotas anuales, reduciendo los motivos de asilo (eliminó la violencia doméstica y de pandillas) y reduciendo el poder de los jueces con el objetivo de aumentar la emisión de órdenes de deportación.
“Las escandalosas leyes de catch and release y los fallos judiciales (favorables), han dado lugar a una inmunidad de facto para los menores extranjeros ilegales y los adultos provenientes de Centroamérica que llegan a la frontera”, dice la Casa Blanca.
La Casa Blanca insiste, además, que son los demócratas los responsables de frenar en el Congreso la reforma migratoria de Trump, pero no dice que han sido los republicanos de ambas cámaras quienes han rechazado en varias ocasiones proyectos de ley del presidente porque niega beneficios a los millones de indocumentados que están en el país y tienen familias establecidas con hijos ciudadanos estadounidenses y sin antecedentes penales.
“Los demócratas defienden las lagunas legales que permiten que los menores de América Central y todos los adultos que viajen con ellos, crucen ilegalmente nuestras fronteras y permanezcan mientras se procesan sus casos”, dice uno de los documentos.
Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), dijo a Univision Noticias que “hay que reconocer que los propios republicanos han insistido en que somos un país de leyes. Si es así, entonces deben respetar el debido proceso, incluso de las personas que se encuentran en situación irregular. Son personas que buscan asilo, que tienen derechos en Estados Unidos. Y si hay demoras o atrasos en los tribunales, se debe a falta de recursos no de lagunas. Pienso que lo que hacen falta son mejores leyes, más humanas y no eliminar las protecciones que ya tenemos”, puntualizó.
