"Sería una pesadilla": las dudas del juez sobre la controvertida ley antiinmigrante de Texas SB4
Un juez federal expresó el jueves su preocupación por la controvertida Ley SB4 aprobada en Texas para dar a las agencias de policía estatales amplios poderes para arrestar a inmigrantes acusados de entrada ilegal diciendo que sería una “pesadilla” si Estados Unidos se convirtiera en un mosaico de estados que aplicaran diferentes leyes de inmigración.
“Eso nos hace pasar de los Estados Unidos de América a una confederación de estados”, dijo el juez federal de distrito David Ezra, quien no emitió un fallo de inmediato sobre la norma que entra en vigor en marzo. “Eso es lo mismo que la Guerra Civil nos dijo que no se puede hacer”.
Ezra presidió el jueves la primera audiencia del proceso iniciado por una demanda del Departamento de Justicia contra lo que los críticos tachan del intento más dramático por parte de un estado de desafiar la competencia federal sobre inmigración desde una ley de Arizona de 2010 que fue parcialmente derogada por la Corte Suprema.
La desatada por la Ley SB4 es solo una de varias batallas judiciales que en cuestiones de inmigración Texas está librando con la istración del presidente Joe Biden.
El juez se mantuvo escéptico durante la audiencia de casi tres horas en Austin, y a menudo cuestionó duramente a los abogados que defendían la ley firmada por el gobernador republicano Greg Abbott.
Ezra, quien fue designado por el expresidente Ronald Reagan, no dijo exactamente cuándo resolvería el asunto pero adelantó que esperaba dar suficiente tiempo para cualquier apelación antes de que la ley entre en vigor el 5 de marzo.
Qué dice la Ley SB4 de Texas
La medida permitiría a cualquier agente de la ley de Texas arrestar a personas sospechosas de ingresar al país ilegalmente. Una vez bajo custodia, podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o ser procesados por un delito menor de entrada ilegal. Los inmigrantes que no se vayan podrían ser arrestados nuevamente y acusados de un delito más grave.
Ezra señaló que tiene experiencia en audiencias de casos relacionados con cuestiones fronterizas y está familiarizado con las preocupaciones planteadas por Abbott y otros funcionarios estatales sobre los cruces ilegales. Pero dijo que “no estaba convencido” del argumento de que sólo los delincuentes cruzan la frontera y calificó a la “gran mayoría” de los inmigrantes que ingresan a Estados Unidos sin permiso como personas que, por lo demás, respetan la ley.
También cuestionó si empoderar a los jueces locales para expulsar a personas de Estados Unidos podría interferir con los procesos o protecciones federales.
El estado se refirió a declaraciones de agentes de policía que harían cumplir la ley. Ezra respondió: “Tengo que decidir sobre lo que dice la ley, no sobre lo que ellos dicen que harán o no harán”.
Ezra se mostró frustrado durante un intercambio con un abogado del estado que dijo que las personas con casos de asilo pendientes que fueron arrestadas bajo la ley no serían expulsadas del país, según sus protecciones federales.
“¿Simplemente irás a la cárcel?”, preguntó el juez. “Sí”, respondió Ryan Walters, jefe de la división de litigios especiales de la Oficina del Procurador General de Texas, momentos después de decir que “no hay lugar más seguro” que una prisión estatal para que un migrante espere un caso en la corte de inmigración.
El pulso entre Biden y Abbott por la crisis migratoria
Las tensiones entre la istración Biden y la gobernación de Texas llevan meses en una espiral creciente. El Departamento de Justicia también llevó a Texas a los tribunales por una barrera flotante en el río Grande y defendió la capacidad de los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para cortar y retirar kilómetros de alambre de púas que el estado ha instalado a lo largo de la frontera.
Los Guardia Nacional de Texas en la ciudad fronteriza de Eagle ha negado a los agentes de la Patrulla Fronteriza el a un parque frente al río. Los agentes habían utilizado previamente el parque para monitoreo y patrullaje, así como para procesar a los migrantes que cruzaron el río Grande hasta suelo estadounidense.
Los grupos de derechos civiles han argumentado que la nueva ley podría conducir a violaciones de los derechos civiles e invitar a la discriminación racial.
Los republicanos han defendido la ley diciendo que probablemente sólo se aplicaría cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. También sostienen que no se utilizaría contra inmigrantes que llevan mucho tiempo establecidos en Estados Unidos porque el plazo de prescripción del cargo de delito menor es de dos años.
