Jueces de inmigración insisten que se reinstaure sindicato antes de las redadas masivas de Trump
En vista de los anuncios de la implementación de un plan de "deportaciones masivas" a partir del 20 de enero, cuando el presidente electo Donald Trump tome nuevamente el control de la Casa Blanca para un segundo mandato, los jueces de inmigración insisten en la necesidad de que se reinstaure el sindicato, un derecho que perdieron durante el gobierno anterior.
Un reporte de Axios reveló este martes que la mayoría de los 734 jueces de inmigración activos buscan restablecer su sindicato con el objetivo de restaurar su derecho a negociar contratos y con ello insistir en la necesidad de independizar la instancia del Departamento de Justicia y no ser considerados trabajadores de esa instancia federal.
El 28 de enero de 2022, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia revocó una decisión de la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) de despojar a la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) de sus poderes de negociación colectiva.
Si bien la FLRA declaró que los jueces de inmigración son comparables a los gerentes, el tribunal de apelaciones determinó que la autoridad "no ofreció una explicación razonada de su decisión de que el estatuto no requiere una negociación a mitad de período".
Pero una semana más tarde, un de la FLRA emitió un segundo fallo que le cerró las puertas a la certificación del sindicato de jueces de inmigración.
El , en el segundo fallo, determinó que la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) “no puede organizarse, ya que son comparables con gerentes y actúan bajo el mando del Departamento de Justicia (DOJ)", decisión que constituyó un nuevo rechazo a la capacidad de negociación colectiva de poco más de 500 jueces, en ese momento.
Orden de silencio
En marzo de este año, poco más de dos años después del segundo dictamen de la FLRA, la istración de Joe Biden dijo que el sindicato que representa a los jueces ya no puede hablar públicamente sin la aprobación del DOJ. La orden generó preocupaciones, sobre todo porque antes de asumir el gobierno en 2021, prometió defender a los jueces en el camino de reponer el debido proceso dañado por el gobierno de Trump.
La orden de silencio se fundamentó en la decisión de 2022 de la FLRA de quitarle a la NAIJ el derecho de sindicalización. La NAIJ ha representado a jueces de inmigración durante más de 50 años y nunca se había enfrentado a restricciones en su testimonio público.
En un correo electrónico divulgado en marzo y que fue enviado a los líderes de la Asociación, Sheila McNulty, jueza principal de inmigración de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia, escribió que, si bien esos funcionarios pueden tener ‘la impresión’ en compromisos escritos y orales sin la autorización de la agencia, ese no era el caso, reportó el sitio Government Executive.
“La agencia entiende que este es un punto de discordia para ustedes, pero cualquier acuerdo de negociación relacionado con ese punto que pueda haber existido anteriormente no es válido en la actualidad”, precisó. “Consideren este correo electrónico como un aviso formal de que están sujetos a las mismas políticas que todos los empleados de EOIR”, añadió.
Pero ante la promesa de Trump de lanzar un programa de deportaciones masivas de extranjeros desde el primer día de su segundo mandato, los jueces de inmigración, alarmados ante la posibilidad de convertirse engranajes de la maquinaria de deportaciones del presidente electo, buscan la manera de restablecer su sindicato.
El domingo, en su primera entrevista como presidente electo a la cadena NBC, Trump aseguró que tomará medidas desde el primer instante para acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento y que planeaba deportar a millones de inmigrantes indocumentados, principalmente aquellos con antecedentes criminales y órdenes de deportación.
El mandatario no ha dicho por ahora si la presencia indocumentada, por ahora una falta de carácter civil no criminal, convertirá a un extranjero en un criminal sujeto a ser expulsado del país. Por su arte, la base de datos de la EOIR revela que entre los años fiscales 2015 y 2024 los jueces de inmigración han emitido más de 9208,000 órdenes de deportación en ausencia, entre ellos menores de edad no acompañados.
La batalla de los jueces
Como componente del Departamento de Justicia, la EOIR no es un tribunal del Artículo III, sino un tribunal dentro del poder ejecutivo de conformidad con el Artículo II de la Constitución. Esta estructura hace que el sistema sea susceptible a las prioridades de la istración en turno, ya que los jueces de inmigración informan al fiscal general, quien determina sus políticas y directrices, en lugar de la estructura imparcial a la que están sujetos los jueces del Artículo III.
A finales de julio del 2020, un año después dl comienzo de los esfuerzos para anular el sindicato, la FLRA determinó que los jueces de inmigración tienen plenos derechos laborales, decisión que les permitió permanecer sindicalizados y ejercer conforme dicta el debido proceso migratorio sin obedecer órdenes del fiscal general de turno.
“El intento del Departamento de Justicia de descertificar la Unión (o sindicato) no tenía mérito”, dijo en aquel entonces la NAIJ en un comunicado tras conocer la decisión.
Además, la agencia federal encargada de proteger los derechos y el lugar de trabajo de los empleados federales indicó no haber hallado mérito en los argumentos entregados por el DOJ respecto a que los jueces son “gerentes” a quienes se les debe negar el derecho de formar un sindicato y negociar colectivamente con su empleador.
Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, cuatro meses después de la decisión, un de la misma entidad revirtió el dictamen y aceptó los argumentos presentados por el gobierno de Trump.
El segundo dictamen, entregado el lunes de 2 noviembre, un día antes de la elección presidencial de 2020 ganada por Biden, indicó que los jueces no pueden sindicalizarse porque son "funcionarios del gobierno" y, por lo tanto, no pueden formar ni ser de una organización laboral.
La decisión despojó a más de 500 jueces federales de sus derechos de negociación colectiva convirtiendo a los jueces hasta el día de hoy en “funcionarios de la gerencia” y, por lo tanto, “no son apropiados para sindicalizarse, según el Estatuto FLRA”.
Lo que viene
El escenario actual de la Corte de Inmigración es delicado y complejo. Con más de 3.7 millones de casos acumulados, el plan masivo de deportaciones de Trump podría aumentar el colapso del sistema, advierten abogados consultados por Univision Noticias.
A los entre 1 y 1.5 millones que Trump ha dicho que deportará en el primer año de su segundo mandato, la lista de probables deportados la integran cerca de 1.2 millones de titulares del Programa de Protección Temporal (TPS) y aquellos inmigrantes a quienes durante el gobierno de Biden se les ha permitido ingresar bajo el denominado ‘parole humanitario’ (para ciudadanos originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), estimados en unos 540,000 al 30 de noviembre.
Además, existe preocupación por el futuro inmediato de unos 580,000 inmigrantes que han ingresado bajo la aplicación móvil CBP One, donde la mayoría de los casos fueron referidos a la EOIR para que los jueces de inmigración decidan sus futuros en Estados Unidos.
A su vez, de acuerdo con las declaraciones de Trump el domingo a NBC, los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, incluyendo aquellos que tienen familias mixtas (cónyuges e hijos ciudadanos estadounidenses), también estarían incluidos en la lista de probables deportados para evitar las separaciones forzadas.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha dicho estar preparada para demandar la nueva política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Trump en todos aquellos casos donde se recopilen argumentos y evidencias de violaciones al debido proceso migratorio y a los derechos de la comunidad inmigrante.
