Biden revierte orden ejecutiva de Trump que criminalizó la presencia indocumentada en Estados Unidos
El presidente Joe Biden firmo este miércoles una orden ejecutiva que revierte un decreto emitido por el expresidente Donald Trump el 25 de enero del 2017 que, entre otras disposiciones, criminalizó la presencia indocumentada, hasta ese momento una falta de carácter civil.
La medida también prohibía las denominadas jurisdicciones santuario y establecía nuevas y severas prioridades de deportación, colocando a los 11 millones de indocumentados que viven en el país en la mira de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
“El Secretario de Estado, el Fiscal General, el Secretario de Seguridad Nacional (DHS), el Director de la Oficina de istración y Presupuesto, el Director de la Oficina de istración de Personal y los jefes de cualquier otro departamento y agencia ejecutivas relevantes, deberán revisar cualquier acción de la agencia desarrollada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13768 y tomar acción, incluida la emisión de una guía revisada, según corresponda y de conformidad con la ley aplicable, que avance la política establecida en la sección 1 de esta orden”, precisa el documento.
La orden añade que “la tarea de hacer cumplir las leyes de inmigración es compleja y requiere establecer prioridades para servir mejor al interés nacional”. Indica además que “la política de mi istración es proteger la seguridad nacional y fronteriza, abordar los desafíos humanitarios en la frontera sur y garantizar la salud y la seguridad públicas”.
Biden también dice que “debemos adherirnos al debido proceso legal al salvaguardar la dignidad y el bienestar de todas las familias y comunidades” y que el nuevo gobierno restablecerá las políticas y prácticas para hacer cumplir las leyes de inmigración civil para alinear el cumplimiento con estos valores y prioridades”.
Qué hizo Trump
El 25 de enero del 2017, cinco días después de asumir el control del país, Trump firmó la Orden Ejecutiva 13768 sobre las jurisdicciones o ciudades santuario. En ella, el mandatario estableció nuevas prioridades de deportación y decretó que la permanencia indocumentada era una amenaza a la seguridad pública y nacional.
Con este paso, el gobierno republicano colocó a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, algunos establecidos desde hace más de dos décadas y sin antecedentes penales, en la mira de la agencia que encabeza la fuerza nacional de deportaciones también creada por el exmandatario.
En julio de 2018, un año y medio después de emitido el decreto, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) anunció la nueva política para el envío de Notificaciones de Comparecencia (NTA, por sus siglas en inglés), documento que, al ser emitido, inicia de inmediato un proceso de deportación.
En pocas palabras, en ese momento el gobierno de Trump abrió la puerta para deportar a cualquier inmigrante con o sin documentos de permanencia legal, incluso a aquellos con residencia legal permanente (Green Card) si les niegan el trámite de naturalización (ciudadanía) por no tener un “buen carácter moral”.
Las prioridades de Trump
La política basada en el decreto del 25 de enero de 2017 normó la emisión de citatorios de comparecencia (NTA), un documento que, según explicó la USCIS en esa ocasión, se convirtió en la guía para expedir el Formulario I-862 (Notificación de Comparecencia), todo ello de acuerdo con las prioridades de deportación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Las prioridades de deportación fijadas y ampliadas por Trump pusieron en el banquillo de ICE a los siguientes inmigrantes:
Procesos de deportación
A la lista de prioridades, el reglamento basado en la política migratoria de Trump permitió agregar una segunda lista de casos en los que incluso se incluyó a inmigrantes legales que, por alguna razón, perdieron sus derechos de permanencia en Estados Unidos y el gobierno estimó que, al ser excluidos de un beneficio migratorio, se convirtieron en deportables.
¿Qué delitos convierten en inisible o deportable a un inmigrante? La Sección 212 de la INA citada en la Orden Ejecutiva 13768, incluye a cualquier extranjero que:
- Hubiese estado presente ilegalmente en Estados Unidos por un período mayor de 180 días, pero menor de 1 año, y haya partido voluntariamente de los Estados Unidos [sea o no en conformidad con la Sección 244(e)] previo al comienzo de los procedimientos bajo la Sección 235(b)(1) o la Sección 240, y vuelva a solicitar el ingreso dentro de los 3 años de la fecha de partida o remoción; o
- Haya estado presente ilegalmente en los Estados Unidos por un año o más, y quien de nuevo vuelve a solicitar isión dentro de los 10 años de la fecha de partida o remoción de los Estados Unidos de dicho extranjero, es inisible.
Esta sección corresponde a la denominada Ley del Castigo o Ley de los 10 años y afecta a la gran mayoría de los indocumentados que se encuentran indocumentados en Estados Unidos, excepto aquellos que llevan menos de 180 días sin papeles.
El plan de Biden
Fuentes demócratas consultadas por Univision Noticias dijeron que el presidente Biden restablecerá las mismas prioridades de deportación activadas por el expresidente Barack Obama el 20 de noviembre de 2014.
La orden ejecutiva firmada por Biden abre la puerta para permitir que aquellos inmigrantes que no han cometido faltas graves “puedan seguir luchando por su permanencia legal en Estados Unidos”, dijeron abogados consultados por Univision.
