ICE otorga contratos para operar centros de detención en California, aunque una ley estatal reciente los prohíbe
A menos de dos semanas para que entre en vigor una ley estatal que prohíbe la contrataci´ón de compañías en California para rentabilizar la istración de prisiones, el gobierno de Donald Trump ha concedido miles de millones de dólares en este tipo de negocios.
Un sitio web federal publicó el viernes contratos a largo plazo por un valor de 6.8 mil millones de dólares para los centros de detención en San Diego, Calexico, Adelanto y Bakersfield. Los sitios albergarán a unos 4,000 detenidos, con capacidad para expandirse en el futuro.
Bajo los nuevos contratos, que entraron en vigor el viernes, el espacio de detención en California se duplicará hasta alcanzar casi 7,200 camas.
En octubre pasado, el gobernador del estado, Gavin Newsom, firmó un proyecto de ley que prohíbe la contratación de operadores privados para las prisiones con fines de lucro a partir del 1 de enero y elimina por completo los centros de detención existentes para el año 2028. La ley también veta las prisiones privadas.
Los partidarios esperaban que la ley obligara al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a refedinir sus planes en el estado tras la expiración de los contratos actuales, pero lejos de eso, ofertaron la gestión de al menos cuatro centros de detención.
Los detalles de la solicitud, incluyendo la ubicación y el espacio de la cama, parecían coincidir con las instalaciones existentes.
De acuerdo con los nuevos contratos, el ICE recibió una oferta por cada una de las cuatro instalaciones que buscaba. El Grupo GEO dirige el Centro de Procesamiento de ICE Adelanto en el Condado de San Bernardino y el Centro de Procesamiento de ICE Mesa Verde cerca de Bakersfield. CoreCivic opera el Centro de Detención de Mesa de Otay en San Diego. Management & Training Corp. opera el Centro de Detención Regional Imperial en Calexico.
ICE especificó que las instalaciones debían estar "listas para ser utilizadas" al inicio del contrato. Las compañías interesadas tenían dos semanas para responder, indica Los Angeles Times.
Conflicto de competencias
Paige Hughes, portavoz de la agencia, dijo que los contratos no estaban sujetos a la nueva ley estatal.
Hughes defendió las nuevas contrataciones al destacar que limitarían las transferencias de detenidos fuera de California, donde estarían más lejos de sus familiares, amigos y representantes legales.
"Las leyes estatales dirigidas a obstruir la aplicación de la ley federal son inapropiadas y perjudiciales", expresó Hughes, citado por la AP.
Vicky Waters, portavoz del gobernador Newsom, acusó a ICE de tratar de eludir la ley, a la que calificó de paso histórico para abordar el encarcelamiento excesivo, incluida la detención de inmigrantes y solicitantes de asilo.
"Las prisiones con fines de lucro, incluyendo las instalaciones contratadas por el ICE, van en contra de nuestros valores y no tienen lugar en California", refirió Waters, también citado por la AP.
"Este esfuerzo por eludir la autoridad de California y las reglas federales de adquisición que salvaguardan a los contribuyentes estadounidenses debe ser abordado por la supervisión del Congreso", dijo Waters.
La postura proinmigrante de California ha limitado el alcance del ICE en el estado, cuya frontera con México lo convierte en una prioridad importante para el gobierno de Donald Trump. Alrededor de 52,000 personas están actualmente bajo custodia del ICE en todo el país.
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