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Gobierno reactiva programas para subsidiar la ciudadanía de residentes, asilados y refugiados

Los programas ofrecerán asistencia legal y cursos para que los residentes legales permanentes estudien, pasen la entrevista, ganen el examen de ciudadanía y adquieran derechos, entre ellos el voto. El gobierno destinará $10 millones de dólares que serán distribuidos a nivel nacional.
17 May 2021 – 07:16 PM EDT
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Dos programas severamente restringidos en los últimos cuatro años fueron nuevamente liberados este lunes por el servicio de inmigración. El primero está dirigido a preparar a ciudadanos estadounidenses, mientras que el segundo tiene como objetivo ayudar a la inserción de refugiados y asilados en la sociedad.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo este lunes que esta aceptando solicitudes para participar en dos programas con un aporte de $10 millones que serán distribuidos a nivel nacional.

“Estas oportunidades de subsidios competitivos están abiertas a organizaciones que preparan a residentes permanentes legales para la naturalización y promueven la integración cívica a través de un mayor conocimiento del inglés, la historia de Estados Unidos y la educación cívica”, dijo la agencia.

Los fondos fueron creados por el Donald Trump fueron empleados para otros fines, tal como la implementación de la política de 'tolerancia cero'.

“Es fundamental que proporcionemos a los inmigrantes que buscan obtener la ciudadanía y a las organizaciones que ayudan a apoyar sus esfuerzos las herramientas para tener éxito”, dijo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas.

El funcionario agregó que “el Programa de Subsidios de Ciudadanía e Integración ayuda a quienes se preparan para convertirse en ciudadanos estadounidenses a integrarse con éxito en la sociedad estadounidense”.

“Esta istración reconoce que la naturalización es un hito importante en la integración cívica de los inmigrantes y continuaremos brindando nuestro apoyo a los inmigrantes que esperan obtener una nueva ciudadanía en nuestro país”, precisó.

El Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), que en el pasado ha participado en ambos programas, aplaudió la medida. "No solo otorga ayuda legal a personas de bajos recursos, sino que los prepara para la entrevista y el examen de ciudadanía", dijo Abel Núñez, director ejecutivo de la organización.

El plan de 2015

En septiembre de 2015 el entonces gobierno de Obama-Biden anunció una campaña que tuvo como objetivo facilitar el camino para que 8.8 millones de residentes legales permanentes se conviertan en ciudadanos.

Denominada “Stand Stronger”, la campaña nacional multilingüe utilizó los fondos autorizados en 2009 para “sensibilizar” a los residentes que reúnen los requisitos y comiencen los trámites para jurar como nuevos ciudadanos y obtener beneficios, entre ellos participar en la elección presidencial de medio tiempo de 2016.

La idea del Ejecutivo en ese momento fue mejorar el proceso de ciudadanía para ponerlo al alcance de los residentes legales. La campaña incluyó cambios al proceso de naturalización, entre ellos que los solicitantes pudieran cancelar el costo del proceso con una tarjeta de crédito y diluir los pagos.

Ahora, seis años más tarde, la USCIS dice que está “comprometido con empoderar a los inmigrantes para buscar obtener la ciudadanía y los privilegios que la acompañan”.

“El programa provee a los inmigrantes las herramientas que necesitan para tener éxito durante su camino para convertirse en nuevos ciudadanos estadounidenses y más allá", dijo Tracy Renaud, directora interina de USCIS.

La ayuda

La USCIS dijo que este año ampliará la disponibilidad de servicios de ciudadanía e integración de alta calidad a través de todo el país.

En cuanto al programa de ciudadanía, dijo que “financiará a organizaciones públicas o sin fines de lucro que ofrecen tanto educación en ciudadanía como servicios relacionados con las solicitudes de naturalización para residentes legales permanentes”.

Indicó que el objetivo es entregar fondos de hasta $250,000 a cada una de 33 organizaciones durante dos años, y que el plazo para la recepción de solicitudes de participación será hasta el 16 de julio de 2021.

En cuanto al programa de Integración para Refugiados y Asilados, la agencia federal dijo que la meta es brindar servicios extendidos de integración “con un enfoque en la programación individualizada para que antiguos refugiados y asilados adquieran las habilidades y conocimientos necesarios para tener éxito en su camino hacia la ciudadanía”.

“También proporcionará otros servicios para fomentar un sentido de pertenencia y apego a Estados Unidos”, indicó.

Otros detalles del plan

El servicio de inmigración también dijo que el programa de refugiados amplió la elegibilidad para incluir a residentes legales permanentes que fueron itidos o entraron bajo el programa de participantes cubanos y haitianos, o personas itidas bajo una visa de inmigrante especial (SIJ).

“A través de esta oportunidad, USCIS espera otorgar a seis organizaciones públicas o sin fines de lucro con experiencia en brindar servicio a refugiados, hasta $300,000 cada una por un período de dos años”, se lee en el comunicado.

Agrega que los solicitantes “deben diseñar un programa de apoyo en integración que brinde un conjunto de servicios a los beneficiarios del programa, a fin de promover la integración cívica a largo plazo y la ciudadanía”.

Al igual que en el programa de preparación para nuevos ciudadanos, el plazo para la recepción de solicitudes cierra el 16 julio de 2021. Las organizaciones participantes serán anunciados en septiembre.

El programa de subsidio de ciudadanía creado en 2009 por el Congreso ha otorgado cerca de $102 millones a través de 473 subsidios a organizaciones de servicios a inmigrantes. Estos receptores de subsidios han proporcionado servicios de preparación para la obtener la ciudadanía a más de 279,000 residentes legales permanentes en 39 estados y el Distrito de Columbia (DC), dijo la USCIS.

La ‘tolerancia cero’

Contrario al programa implementado durante Obama y ahora liberado por la istración de Biden, durante Trump la Casa Blanca puso en marcha un cuestionado programa que aumentó los requisitos para convertirse en ciudadano y puso a miles de naturalizados bajo la lupa para investigar sus solicitudes, quitarles el beneficio y ponerlos en proceso de deportación.

La estrategia fue puesta en funcionamiento en septiembre de 2017 por el Departamento de Justicia (DOJ) cuando ordenó revisar alrededor de 315,000 ciudadanías por naturalización porque las huellas digitales de esos casos no existían en una base de datos central.

Las autoridades sospecharon entonces que algunos de esos cientos de miles de casos podrían estar relacionados con procesos hechos con la intención explícita de evitar revelar antecedentes criminales que hubiesen frenado tales ciudadanías.

En caso de haberse confirmado esa posibilidad, dichos procesos de naturalización, que no se creía que eran todos, iban a ser revocados y los afectados expulsados de Estados Unidos.

La revisión fue anunciada por el DOJ en un comunicado publicado en su página digital tras un fallo judicial de un juez de Nueva Jersey, quien ordenó la “revocación de la ciudadanía estadounidense por naturalización al inmigrante de origen indio Basljunder Singh, alias ‘Davinder’”.

El caso Singh

Baljinder Singh, alias ‘Davinder Singh’, de 43 años, llegó al aeropuerto internacional de San Francisco (California) el 25 de septiembre de 1991 sin ningún documento de viaje o prueba de identidad. El individuo, según explicaron las autoridades, dijo que se llamaba Davinder Singh.

Una vez procesado fue puesto en proceso de deportación, pero no se presentó a su audiencia de inmigración y un juez emitió una orden de deportación en ausencia el 7 de enero de 1992. Cuatro semanas después, el 6 de febrero de 1992, Singh presentó una solicitud de asilo bajo el nombre de Baljinder Singh. En el documento afirmó ser un indio que ingresó a los Estados Unidos sin inspección.

Singh abandonó esa solicitud después de que se casó con una ciudadana estadounidense que presentó una solicitud de residencia en su nombre. El individuo se naturalizó bajo el nombre de Baljinder Singh el 28 de julio de 2006, y desde entonces residió en Carteret (Nueva Jersey).

El gobierno de Trump utilizó ese caso para poner en duda miles e naturalizaciones. Incluso en febrero de 2020 habilitó una oficina en Los Angeles para que se encargara de quitarle la ciudadanía (desnaturalización) a inmigrantes que han cometido “delitos”.

“La Sección de Desnaturalización de la División Civil investigará y litigará la desnaturalización de terroristas, criminales de guerra, delincuentes sexuales y otros estafadores”, dijo en ese entonces la USCIS en un comunicado.

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