Gobierno implementa sigilosamente programa de reconocimiento facial a solicitantes de asilo
Con bajo perfil, el gobierno de asilo.
El programa, cuestionado durante años por los defensores de los derechos civiles, se incluye en una aplicación móvil de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) a la que deben acceder los extranjeros que llevan a la frontera en busca de la protección del gobierno.
La silenciosa implementación del programa ha elevado las preocupaciones de expertos, quienes alegan que la herramienta le permitirá al gobierno manejar información personal sensible, en muchos casos confidencial.
“En las últimas semanas los funcionarios fronterizos han dado un paso sin precedentes, implementando silenciosamente una nueva aplicación, CBP One”, reportó este viernes el diario Los Ángeles Times.
El periódico agregó que la aplicación, que utiliza un controvertido programa cuestionado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), no solo permite el reconocimiento facial de un individuo, sino también la geolocalización y la tecnología en la nube para recopilar, procesar y almacenar información confidencial sobre los solicitantes de asilo antes de que ingresen a los Estados Unidos.
El hallazgo fue hecho por expertos que revisaron para el diario tres evaluaciones de impacto en la privacidad llevadas a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Justificaciones oficiales
De acuerdo con las evaluaciones hechas por el DHS, la aplicación CBP One es descrita como “necesaria” porque los agentes fronterizos no pueden "procesar a todas las personas a la vez" que buscan protección en Estados Unidos, pero que han sido obligados a regresar a México bajo las políticas de la era Trump que Biden ha mantenido en gran medida.
Según los funcionarios, la aplicación móvil ofrece una solución técnica segura y eficiente. Y agregan que la herramienta tecnológica, que forma parte de un programa de frontera inteligente, es más efectiva que los muros y prohibiciones de la istración anterior.
El muro tecnológico comenzó a ser mencionado bajo el gobierno de George W. Bush tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Se trata de una barrera consistente en torres equipadas con sensores, radares y cámaras automáticas que se ubican de forma paralela a la valla física que se erige en gran parte de la frontera con México. En 2006 fue aprobado por el Congreso a un costo inicial de $2,000 millones, cifra que luego fue aumentada en varios miles.
La semana pasada, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, dijo a legisladores que el gobierno incluyó una partida de $1,200 millones en el presupuesto de gastos 2022 para modernizar los puertos de entrada y tecnología de seguridad fronteriza, incluida la garantía de un "trato seguro, ordenado y humano para los migrantes".
Clima de preocupación
Expertos que revisaron las evaluaciones de privacidad tras conocerse los alcances de la aplicación, dijeron que la herramienta del CBP genera alarmas sobre la recopilación de datos no controlados y la vigilancia por parte del gobierno de los migrantes vulnerables que no tienen más remedio que dar su consentimiento, dijo LA Times.
"El uso del reconocimiento facial por parte de CBP plantea enormes riesgos para la privacidad y es otro paso en un camino peligroso", dijo al periódico Ashley Gorski, abogada principal del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU. "Cada vez que el gobierno adquiere la huella de una persona, crea un riesgo de vigilancia persistente, donde el gobierno podría identificar y rastrear los movimientos de las personas sin su conocimiento", agregó.
Otros creen que la aplicación es un paso positivo hacia un proceso más eficiente y justo en la frontera. "Hay una cantidad increíble de presión en este momento en la propia frontera y las agencias que son responsables para tratar de lidiar con la situación lo mejor posible", dijo Andrew Farrelly, un ex funcionario de la CBP que dirige una empresa de consultoría de gestión de fronteras.
El DHS estima que su autoridad para usar la aplicación de esta manera puede ser tenue, y algunos riesgos de privacidad siguen sin resolverse, de acuerdo con las evaluaciones de privacidad, que son requeridas por ley. En mayo el CBP solicitó y recibió la aprobación de "emergencia" de la Oficina de istración y Presupuesto para usar la aplicación a fin de recopilar información anticipada sobre personas indocumentadas, sin pasar por el proceso de notificación y comentarios públicos que se requiere antes de lanzar nuevos programas.
Los comentarios del público son requeridos cuando el gobierno publica un reglamento o norma en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) y abre un período de entre 30 y 90 días para que los ciudadanos den sus opiniones. Una vez finalizado el plazo, el gobierno procede a elaborar una regla final que vuelve a publicar para que se haga efectivo.
LA Times dijo que cuando preguntó a la Casa Blanca sobre la herramienta, redirigió la pregunta al DHS, que se negó a entregar un comentario.
La postura de ACLU
En febrero la ACLU dijo que el reconocimiento facial y otras formas de tecnologías de identificación biométrica “son una amenaza para los derechos constitucionales fundamentales y tienen un historial perturbador de prejuicios e inexactitudes raciales que ponen en peligro a las personas de color y otros grupos marginados”.
Indicó además que, de acuerdo con el compromiso del presidente Biden con la equidad racial y las libertades civiles para todos, “debe tomar medidas inmediatas para detener el uso y la financiación de estas tecnologías peligrosas por parte del gobierno federal”.
El grupo de derechos civiles dijo además en esa ocasión que, “pedimos a Biden que imponga una moratoria federal sobre la tecnología de reconocimiento facial y evite que los gobiernos estatales y locales utilicen fondos federales para comprarla”.
ACLU dijo además que al menos 35 organizaciones y personas, incluida la Conferencia de Liderazgo en Derechos Civiles y Humanos, la Electronic Frontier Foundation y Amnistía Internacional, entre otras, se unieron y firmaron una carta de coalición instando a una acción ejecutiva inmediata sobre el tema.
“Si bien los sistemas fueron relativamente precisos al analizar los rostros de los hombres blancos, fallaron hasta una de cada tres veces al clasificar los rostros de las mujeres negras. Estudios posteriores confirmaron estos hallazgos, incluido un estudio del propio gobierno federal”, dijo la ACLU.
La entidad indicó además que “estas fallas representan una amenaza particular para las personas de color, las mujeres, las personas transgénero y que no se ajustan al género, y otros grupos marginados que tienen más probabilidades de ser identificados erróneamente y soportan las consecuencias”.
“Ni siquiera los del Congreso están a salvo: cuando la ACLU realizó una prueba en Rekognition, emparejó falsamente a 28 del Congreso con una base de datos de fotos policiales, y las coincidencias falsas afectaron de manera desproporcionada a los legisladores de color”, puntualizó el grupo de derechos civiles.
