Gobierno de Biden defiende en tribunales las separaciones de familias en la frontera durante Trump
Las posturas asumidas por abogados del Departamento de Justicia (DOJ) evidencian que, contrario al discurso de campaña y el defendido durante los primeros meses en la Casa Blanca, el gobierno de Joe Biden ahora defiende las separaciones forzadas de familias llevadas a cabo en la frontera sur por el expresidente Donald Trump y que formaron parte de la controvertida política migratoria de ‘tolerancia cero’.
Entre los argumentos, los abogados defienden las acciones del gobierno anterior que resultaron en la separación forzada de miles de niños inmigrantes de sus padres en la frontera con México cuando venían en busca de asilo.
El gobierno alega que las separaciones forzadas se realizaron por consideraciones de "percepción humanitaria", según un expediente judicial, reportó la cadena NBC .
El nuevo argumento es contrario al esgrimido por Biden en 2020 durante la campaña presidencial, quien tildó las separaciones de criminales. Y en diciembre de 2021, durante el anuncio de una estrategia contra la práctica de separar familias intencionalmente en la frontera, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, dijo que era inconcebible separar a los niños de sus padres como un medio para disuadir la migración”.
“Me he reunido con familias separadas y escuché de primera mano el inmenso trauma que han sufrido. Tenemos la obligación de reunir a las familias separadas y asegurarnos de que esta práctica cruel nunca vuelva a suceder”, precisó el funcionario en aquella oportunidad.
Por qué el cambio de postura
La semana pasada, abogados del DOJ argumentaron en un documento en un caso presentado por un grupo de cinco madres solicitantes de asilo, quienes demandaron al gobierno federal por los traumas, dicen ellas, que les provocó la separación forzada de sus pequeños. Si bien los reclamos fueron hechos bajo la denominada Ley Federal de Reclamos por Agravio (FTCA), el gobierno dice que en este caso “no eran cognoscibles", indica el reporte de NBC.
Los abogados del DOJ también justificaron las acciones de aplicación de la ley de inmigración de algunos funcionarios del gobierno de Trump, precisando que el gobierno federal de Estados Unidos tiene amplia discrecionalidad al decidir cómo regular la inmigración utilizando su poder Ejecutivo sin la participación del Congreso.
En enero del año pasado Univision Noticias reportó que tras el fracaso de las negociaciones entre los abogados del gobierno y de familias separadas en la frontera sur durante el gobierno de Trump, una serie de demandas estaban poniendo en aprietos a Biden poco antes de cumplir un año en la Casa Blanca.
A finales de octubre de 2021 el DHS, DOJ y el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) anunciaron negociaciones con los abogados de las familias afectadas, y que pagaría unos $450,000 por persona como medida de compensación. Días después, el mandatario negó que las familias recibirían pagos sin entrar en detalles sobre posibles acuerdos monetarios con ellos.
A mediados de diciembre el gobierno anunció que estaba abierto a negociar los casos de forma individual, pero no en colectivo. La decisión se produjo tras meses de fallidas negociaciones.
Las madres y sus hijos están representados por el Consejo Americano de Inmigración (AIC), el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, Arnold & Porter y Kairys, Rudovsky, Messing, Feinberg & Lin.
Las separaciones forzadas en la frontera
Durante las separaciones forzadas de familias migrantes en la frontera con México se generó una tormenta de memorandos y decretos (más de 400) para frenar la ola migratoria de indocumentados, muchos de ellos en buscan asilo en Estados Unidos, un recurso legal vigente aprobado por el Congreso.
Oficialmente, de acuerdo con documentos entregados en 2018 por el Departamento de Justicia de Trump a una corte federal en San Diego, California, las separaciones forzadas se llevaron a cabo entre principios de mayo y el 20 de junio de ese año, afectando a 2,654 familias. Pero una amplia investigación hecha por Univision Noticias (‘ Terror en la frontera’) a principios de 2020 descubrió que la estrategia fue implementada en secreto desde el 11 de abril de 2017, cincuenta días después de la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Las separaciones fueron establecidas a través de un memorando enviado a los fiscales estatales por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, quien ordenó que se levantaran cargos criminales a los extranjeros que estaban llegando al país en busca de asilo.
“La separación forzada de familias durante la istración Trump violó los derechos al debido proceso de las familias”, dijo en esa ocasión Stephen Yale-Loehr, profesor de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York. “Muchos de ellos ahora están demandando al gobierno de Estados Unidos por daños y perjuicios. La separación forzada también sentó un mal precedente, tanto para los futuros presidentes como para los líderes de otros países que podrían intentar lo mismo”, apuntó.
Informe del Congreso
En octubre del 2020 un informe del Congreso reveló que el plan de separaciones forzadas no tuvo la capacidad de rastrear adecuadamente a las familias luego que los padres finalizaran los procesos criminales por ingreso ilegal, una falta de carácter civil. Titulado ‘La política de separación familiar de la istración de Trump: trauma, destrucción y caos’, el reporte fue redactado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes liderado en ese entonces por el demócrata Jerrold Nadler.
El documento de 551 páginas revisó la implementación del programa enmarcado dentro de la política migratoria de Trump que, según documentos del DOJ y la Casa Blanca del gobierno anterior, se llevó a cabo entre el 5 de mayo y el 20 de junio de 2018, pero que de acuerdo con evidencia recopilada por el comité fue implementado en secreto desde febrero de 2017, pocos días después de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Incluso antes del memorando de Sessions fechado el 11 de abril de ese año.
“Como resultado de este oscuro capítulo de la historia de nuestra nación, cientos de niños migrantes nunca podrán ser reunidos con sus padres”, se lee en el informe. " Probablemente, nunca se reunirán con sus padres".
El 2 de febrero de 2022, al cumplirse un año del nombramiento del Equipo de Trabajo de la Casa Blanca de Biden encargado de reunificar las familias separadas forzosamente en la frontera, unos 1,500 niños todavía no habían sido devueltos a sus padres, muchos de ellos deportados solos a sus países de origen y que no se sabía dónde estaban. En febrero de este año la cifa bordeaba los 1,000.
“Cuando llegamos aquí (en 2021) no había nada, no había espacio para trabajar, no había personas (equipos) trabajando (en las reunificaciones), no teníamos la información de quiénes habían sido separados”, dijo en su momento en exclusiva al Noticiero Univision Michelle Brane, directora ejecutiva del ‘trask force’ nombrado por Biden poco después de asumir el control de la Casa Blanca. “Solo había un montón de papeles, de archivos, pero no unidos, ni confirmados. Lo que encontramos fueron errores en nombres, errores en números (de registro como extranjeros y de casos), repeticiones, falta de información”, agregó.
El último informe de reunificación
En febrero de este año, al cumplirse el segundo aniversario del grupo de trabajo de reunificación de la Casa Blanca, Univision Noticias reportó que poco más de 600 familias separadas forzosamente en la frontera durante el gobierno anterior habían sido reunificadas hasta ese momento. Y que otras 998 todavía están siendo ubicadas, de acuerdo con los registros oficiales y de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que participan en el proceso.
Además de los 600 menores reunificados a esa fecha, otros 148 se encontraban en proceso avanzado de ser entregados a sus familias y otros cientos estaban siendo investigados para ser localizados y realizar las complejas tareas de reunificación.
“Entendemos que nuestro trabajo crítico no ha terminado”, precisó Mayorkas en esa ocasión. “El grupo de trabajo continúa coordinando el alcance a las familias que fueron separadas para garantizar que tengan la oportunidad de reunirse en Estados Unidos y recibir los servicios de salud conductual que se necesitan de manera crítica para abordar el trauma que sufrieron”.
El grupo de trabajo dijo, además, en un informe publicado en la página digital del DHS, que continúa su trabajo incansable para identificar a los niños separados restantes, facilitar su reunificación con sus familias, brindar los servicios de apoyo necesarios para las familias reunificadas y prevenir futuras separaciones familiares.
Los reportes agregan que, al 1 de febrero 2,926 niños separados han sido reunificados, ya sea antes del establecimiento del Grupo de Trabajo (Task Force) o a través de la dirección de su dirección.
