El servicio de inmigración no da garantías de que protegerá la información de los dreamers amparados por DACA
Uno de los grandes interrogantes si se cancelase DACA es saber si la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) compartirá la información personal de los dreamers que optaron al programa, de forma que esos datos puedan ser utilizados por otras agencias para buscarles y deportarles. ¿Qué dice sobre esto la USCIS?
Enviada esta pregunta por Univision Noticias a la dependencia que tiene en su poder todos estos datos, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) se limita en señalar lo que está vigente en su página web sin garantizar que esta información no vaya a ser compartida en el futuro.
En su sitio web, la USCIS asegura que “la información que usted proporciona en su petición (de DACA) está protegida de ser divulgada a ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas) y CBP (Oficina de Aduanas y Control de Fronteras) para propósitos de procedimientos de control migratorio”.
“Lo que está en el sitio web de la agencia sigue vigente”, dijo a Univision Noticias Marilú Cabrera, vocero de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). “DACA no ha cambiado y no puedo especular lo que va a pasar si se cancela”, agregó.
A la pregunta sobre si la agencia compartirá o no la información de los dreamers si el programa es eliminado, Cabrera dijo que “esa es una pregunta que debe hacerse cuando algo pase”, pero que hasta este momento “sigue esta información en nuestro website”.
Siendo una cuestión tan delicada por cientos de miles de dreamers, resulta llamativo que esta oficina no tenga una respuesta más clara, cuando sí aseguró en su día a los dreamers que esos datos no serían compartidos.
“Nosotros ya nos estamos preparando para esta situación (una cancelación de DACA”, dice Cristina Jiménez, directora ejecutiva de United We Dream (UWD), la principal organización de dreamers en Estados Unidos. “Emprenderemos acciones legales si la USCIS comparte nuestra información con ICE para que el gobierno inicie procesos de deportación en nuestra contra”.
Cuando el gobierno federal recolectó la información de los dreamers para darles los beneficios de DACA, “nos aseguró que no utilizaría nuestros datos para expulsarnos”, indicó Jiménez.
Abogados consultados por Univision Noticias dijeron que en ciertos casos el servicio de inmigración ICE sí puede en estos momentos entregar datos si el dreamer violó la ley y/o tiene antecedentes criminales. Pero solo en ese tipo de casos, y cuando se un proceso para requerir ese tipo de información.
Ahora bien, si la USCIS entrega los datos, ICE entonces pondría a todos los dreamers protegidos por DACA “en proceso de deportación”, advierte Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix (Arizona) y colabora frecuentemente con el Noticiero Univision. A menos que la agencia, caso por caso, decida que estos dreamers no son una prioridad de deportación, “pero eso conlleva y crea múltiples problemas logísticos”, señala.
El reglamento de la USCIS sobre DACA, respecto a la seguridad de datos y el compromiso de no compartirlos con ICE o el CBP, puede cambiar”, e indica que los datos “podrían ser compartidos con las agencias de seguridad nacional y del orden público, incluidas ICE y CBP, para propósitos tales como asistencia en la consideración de una petición de DACA, para identificar o prevenir reclamaciones fraudulentas, para propósitos de seguridad nacional, o para la investigación y enjuiciamiento de delitos criminales”.
La política de compartir información descrita en el reglamento incluir, además del solicitante (de DACA), “a los familiares y tutores”, precisa la USCIS. Y anota que “esta política, que puede ser modificada, sustituida o rescindida en cualquier momento sin previo aviso, no tiene por objeto, no invoca y no podrá ser invocada para crear cualquier derecho o beneficio, sustantivo o procesal, exigible por ley por cualquiera de las partes en cualquier cuestión istrativa, civil o penal”.
La decisión de Trump sobre el futuro de DACA respondería a un ultimátum presentado en julio por los fiscales generales de 10 estados encabezados por Texas para cancelar el programa antes del 5 de septiembre. Si no lo hace, amenazaron con acudir a los tribunales de justicia.
