El juez Alito critica la decisión de la Corte Suprema sobre la expulsión de venezolanos: fue "prematura" y "en medio de la noche"
La Corte Suprema actuó "literalmente en medio de la noche" y sin dar explicaciones suficientes cuando prohibió temporalmente que el gobierno de Donald Trump expulse a venezolanos detenidos en Texas bajo una ley de tiempos de guerra, la Ley de Enemigos Extranjeros, expresó el juez Samuel Alito en un duro escrito en el que disintió con una mayoría de sus colegas.
Junto con el magistrado conservador Clarence Thomas, Alito consideró "dudosos" los hechos con los que se concedió el pedido de emergencia por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés). ACLU sostuvo que las autoridades migratorias parecían estar cerca de reanudar esas expulsiones.
La mayoría de los jueces del máximo tribunal que concedió el pedido no abundó en por qué lo hizo en su orden del sábado. Pero anteriormente, ese mismo tribunal había determinado que esas expulsiones solo podían proceder luego de que las personas involucradas hubiesen tenido la oportunidad de argumentar su caso en corte y de que se les hubiese dado "tiempo razonable" para pelear sus órdenes de deportación pendientes.
"Tanto el (Poder) Ejecutivo como el Judicial tienen la obligación de cumplir la ley", escribió Alito horas después de la intervención de la Corte Suprema.
La orden de la Corte Suprema pidió a la istración de Trump no expulsar a ningún venezolano detenido en el Bluebonnet Detention Center "hasta una siguiente orden de esta corte". Alito lo consideró un alivio "sin precedente" y "otorgado de forma prematura y precipitada".
Para él no está claro si la Corte Suprema tiene jurisdicción en esta etapa del caso porque, consideró, que todavía no se han agotado las instancias en cortes inferiores y porque ellos como jueces del máximo tribunal no han tenido la oportunidad de escuchar los alegatos del gobierno.
"Los únicos documentos ante esta Corte Suprema fueron los presentados por los solicitantes. La corte no había ordenado ni recibido una respuesta del gobierno respecto a las alegaciones fácticas de los solicitantes o a cualquiera de los problemas legales presentados por la solicitud. Y la corte tampoco tuvo el beneficio de una respuesta del gobierno presentada en ninguno de los tribunales inferiores", detalló Alito.
"Si bien alegaban que los solicitantes estaban en peligro inminente de ser expulsados, proporcionaban poco apoyo concreto para esa alegación", escribió. Y destacó que, aunque la corte no escuchó directamente al gobierno sobre ninguna expulsión planificada bajo la Ley de Enemigos Extranjeros en este caso, un abogado del gobierno en un asunto diferente había dicho a una corte federal de distrito en una audiencia el viernes por la noche que no se planeaba que tales deportaciones ocurrieran ni el viernes ni el sábado.
"En resumen, literalmente en medio de la noche, la Corte Suprema emitió un fallo sin precedentes y legalmente cuestionable sin dar a los tribunales inferiores la oportunidad de pronunciarse, sin escuchar a la parte opositora, dentro de las ocho horas de recibir la solicitud, con un dudoso apoyo fáctico para su orden, y sin proporcionar ninguna explicación para su orden", escribió Alito.
"Me negué a apoyar el fallo de la Corte porque no teníamos una buena razón para pensar que, dadas las circunstancias, emitir una orden a medianoche era necesario o apropiado. Tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial tienen la obligación de acatar la ley", agregó.
El gobierno ha presentado documentos instando a la Corte Suprema a reconsiderar su suspensión.
El caso legal para evitar la deportación de un grupo de venezolanos a El Salvador
La Corte Suprema acogió el pedido de ACLU, organización no gubernamental que defiende los derechos humanos y de los ciudadanos, ante la posible "expulsión inminente" del grupo de venezolanos.
El mes pasado, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para arrestar a supuestos de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y deportarlos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
El viernes, dos jueces federales se negaron a intervenir al tiempo que los abogados de los inmigrantes lanzaban una desesperada campaña legal para evitar su expulsión. Temprano el sábado, la Corte Federal de Apelaciones del 5to. Circuito también se negó a emitir una orden protegiendo a los detenidos de ser expulsados.
ACLU ya había presentado un recurso para frenar las deportaciones de dos venezolanos detenidos en la instalación de Bluebonnet y buscó una orden que prohibiera las expulsiones de cualquier inmigrante en la región bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
En la petición de emergencia el viernes temprano, ACLU advirtió que las autoridades de inmigración estaban acusando a otros venezolanos detenidos allí de ser de la pandilla Tren de Aragua, lo que los hace sujetos al uso de la ley por parte de Trump.
Esa ley solo se ha invocado tres veces en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para mantener a civiles japoneses-estadounidenses en campos de internamiento. El gobierno sostiene que les da el poder de expulsar rápidamente a los inmigrantes que identificaron como de la pandilla, independientemente de su estatus migratorio.
Tras la orden unánime de la Corte Suprema el 9 de abril, jueces federales en Colorado, Nueva York y el sur de Texas emitieron rápidamente órdenes prohibiendo la expulsión de detenidos bajo esa ley hasta que el gobierno proporcione un proceso para que puedan presentar reclamos en la corte. Pero no se había emitido tal orden en el área de Texas que cubre Bluebonnet, que está 24 millas al norte de Abilene en el extremo norte del estado.
Algunos venezolanos sujetos a la aplicación de la ley por parte de Trump han sido enviados a El Salvador y encarcelados en el cuestionado CECOT.
La semana pasada, la Corte Suprema también ordenó al gobierno "facilitar" el regreso de un migrante salvadoreño expulsado por error en marzo y encarcelado en su país bajo la misma ley.
Con información de AP y AFP.
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