El gobierno de Trump planea volver a separar familias de inmigrantes en la frontera
La Casa Blanca está considerando activamente políticas que podrían nuevamente separar a padres e hijos en la frontera entre Estados Unidos y México, Donald Trump.
"Estamos evaluando de todo cuando se trata de inmigración ilegal", dijo el mandatario a reporteros desde Kentucky. "Si sienten que serán separados, no vendrán", agregó.
El plan está dirigido a detener el flujo de familias de indocumentados que tratan de cruzar ilegalmente la frontera para pedir asilo, según varios funcionarios conocedores del esfuerzo.
Una opción que se está considerando es que el gobierno detenga a las familias que buscan asilo juntas hasta por 20 días. Tras ese plazo, le daría a los padres dos opciones: permanecer en detención familiar con su hijo durante meses o años a medida que avanza su caso de inmigración en los tribunales, o permitir el traslado de los niños a un refugio del gobierno para que otros familiares o tutores puedan solicitar la custodia.
Esa opción, llamada "elección binaria", es una de las muchas que se están considerando en medio de la frustración del presidente Trump por la seguridad en la frontera, dijo el diario.
Plan detenido
Trump actuó con severidad en la frontera entre el 5 de mayo y mediados de junio, cuando el Departamento de Justicia ordenó levantar cargos criminales a los padres que entraban ilegalmente al país.
La estrategia permitió al gobierno quitarles a sus hijos mientras los padres resolvían sus casos en cortes criminales. Los menores fueron enviados al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
La estrategia, sin embargo, recibió duras críticas dentro y fuera del país. A mediados de junio Trump dio marcha atrás forzosamente y el 26 de ese mes un juez federal del sur de California, en San Diego, ordenó reunificar a las familias afectadas por las separaciones.
Durante el tiempo que fue implementada la orden fueron afectadas 2,551 familias, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Pero de acuerdo con documentos de abogados del Departamento de Justicia (DOJ) entregados al tribunal, el número de familias afectadas en las fechas reconocidas por el gobierno, fue 2,652. De ellos, más de 260 permanecen bajo la custodia de las autoridades federales.
La dura política migratoria que Trump prometió a sus electores durante la campaña se ha visto frenada por los tribunales de justicia y porque el Congreso, controlado por el Partido Republicano, se niega a darle fondos para implementarla.
Debido a esto, el mandatario no ha podido hacer realidad la construcción del muro en la frontera con México, acuerdos judiciales y leyes le impiden arrestar y deportar aceleradamente a menores de edad, no ha logrado cancelar DACA, programa que ampara de la deportación a 700,000 dreamers, y recientemente una corte dejó sin validez la cancelación de los Programas de Protección Temporal (TPS) de cuatro países, dos de ellos centroamericanos y uno del Caribe.
El periódico señala que, de acuerdo con las fuentes del gobierno, la Casa Blanca no planea reactivar las caóticas separaciones forzadas llevadas a cabo entre mayo y junio. Pero se sienten obligados a hacer algo para apaciguar la creciente frustración del presidente por la seguridad fronteriza, sobre todo faltando menos de cuatro semanas para las elecciones de mitad de periodo.
Planes de reforma
Los planes de la Casa Blanca se conocen tres días después del anuncio hecho por el legislador republicano por California, Kevin McCarthy, quien anunció la pronta presentación de un plan migratorio para darle al presidente los casi $25,000 millones que clama para construir el muro a todo lo largo de la frontera con México.
El proyecto también incluye aumentar la capacidad de detención y arresto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), logística que en estos momentos no dispone Trump para aumentar las detenciones en la frontera.
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso el mes pasado dijo que liberar a las familias en Estados Unidos es "la única opción claramente viable según la ley actual".
“El punto es que no sabemos cómo hará el gobierno para poner en práctica lo que anuncia que está planeando”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Nuestra preocupación es saber cómo lo van a conseguir sin que violen la Ley de Asilo”.
“Cuando una persona llega en busca de asilo en la frontera no hay derecho a fianza por medio de un juez. Bajo la ley una persona que pide asilo puede ser detenida durante todo el proceso. Si el agente de inmigración no recomienda la salida bajo fianza, el juez no tiene competencia. Y al no haber fianza, no sabemos dónde enviarán a estas personas, porque el gobierno ya agotó su capacidad de respuesta. Son cientos, miles las personas que han llegado este año en busca de asilo”, señaló Velásquez.
“Tampoco hay tanta logística. Mire, en teoría y bajo la ley, pueden tenerlos por tiempo indefinido detenidos, pero en la práctica no hay espacio suficiente, no hay dinero, el Congreso no le da fondos al gobierno. Es una situación delicada y crítica”, apuntó.
Velásquez dijo además que una solución puede encontrarse en instalaciones militares, como el campamento militar Tornillo, ubicado en el sur de Texas. “Todo eso también es parte de las preocupaciones. Lo claro aquí es que el propósito del gobierno es que la gente tenga miedo y diga que ya no conviene viajar a Estados Unidos a buscar asilo, porque nos detienen por tiempo indefinido y no hay garantía de que ganarán sus casos”.
“En concreto, es legal que los tengan detenidos. Pero al mismo tiempo es inhumano. Y además, no hay espacio para detener a tanta gente y el gobierno no ha sabido responder todas estas interrogantes”, indicó.
Otra duda recae en que el pasado 20 de junio Trump firmó una orden ejecutiva prohibiendo las separaciones familiares, esto en respuesta a la fuerte oleada de críticas por la implementación de la política de tolerancia cero en la frontera.
