El gobierno de Trump está destruyendo el derecho de pedir asilo, denuncia Human Rights Watch
El gobierno del presidente Donald Trump “está castigando cruelmente a los inmigrantes y destruyendo el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos”, denunció este martes la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2020.
El reporte agrega que, simultáneamente, muchos gobiernos estatales y locales han intensificado la vigilancia en comunidades empobrecidas “en lugar de abordar problemas de indigencia, salud mental y pandillas con servicios, medidas de apoyo y desarrollo económico”.
Desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2020, Trump lanzó una dura ofensiva en contra de la inmigración legal e indocumentada, en particular contra los inmigrantes que huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza, y buscan asilo, un recurso legal disponible autorizado por el Congreso.
Sin embargo, utilizando órdenes ejecutivas (decretos) y modificando protocolos y reglamentos, Trump ha logrado detener los flujos de migrantes en la frontera, restringir la política de asilo, disminuir drásticamente la cuota de refugiados, aumentar las detenciones de inmigrantes y acelerar los procesos judiciales de deportación.
Vidas en peligro
El reporte anual revela señala además que “el enfoque punitivo del gobierno de Trump hacia los solicitantes de asilo y las personas pobres de color ha separado de tal manera a los migrantes de la protección de sus derechos, que su vida podría estar en peligro”, advirtió en un comunicado Nicolle Austin-Hillery, directora ejecutiva del Programa de Estados Unidos de HRW.
Austin-Hillery dijo además que “para determinados grupos marginados en Estados Unidos, el gobierno parece estar cometiendo un ataque frontal contra sus derechos humanos fundamentales”, entre ellos los inmigrantes.
El 25 de enero de 2017, cinco días después de llegar a la Oficina Oval, Trump emitió dos órdenes ejecutivas, una sobre las jurisdicciones santuario y otra sobre la construcción del mundo en la frontera con México.
En ambos documentos el mandatario decretó que la presencia indocumentada, hasta entonces una falta de carácter civil, constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, y estableció nuevas prioridades de deportación.
Entre ellas, que un inmigrante puede ser expulsado del país si ha sido acusado de cometer un delito y el caso no ha sido resuelto, y también si en uso de su discrecionalidad un agente de inmigración así lo determina.
Derechos en riesgo
En el informe de 652 páginas y que analiza la situación en 100 países, HRW indica que en 2018 el gobierno de Estados Unidos “siguió incumpliendo sus obligaciones con los solicitantes de asilo en virtud del derecho internacional”, todo ello en el marco de la política migratoria de ‘tolerancia cero’.
El cambio de protocolos y reglamentos, sin la participación del Congreso, “dejó a muchos refugiados sin protección efectiva”, añade el informe.
Indica además que en enero del año pasado el gobierno comenzó a devolver solicitantes de asilo a México, a pesar de que sus solicitudes se encontraban en manos de los jueces de inmigración.
Hasta finales de diciembre se estima que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en el marco del programa Protocolo de Protección de Migrantes (MPP) ha devuelto a México a unos 56,000 solicitantes de asilo a esperar que sus casos sean procesados por las cortes de inmigración estadounidenses.
Los miles de retornados viven “en condiciones a menudo peligrosas e invivibles en México, con obstáculos para obtener representación legal y una audiencia imparcial”, denuncia HRW.
Audiencias vacías
La semana pasada Univision Noticias, citando un reporte del Centro de Información y de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, reportó que el MPP está provocando que el 50% de quienes solicitaron asilo y fueron regresados a México, reciban una orden de deportación en ausencia.
El TRAC señaló que, de acuerdo con los registros de la Corte de Inmigración, de todos quienes recibieron una Notificación de Comparecencia (NTA) para asistir a una audiencia, “un sorprendente 50 por ciento no se presentó debido a los muchos desafíos que enfrentan los peticionarios de asilo en las comunidades fronterizas donde se les exigió permanecer”.
La principal causa de inasistencia es la inseguridad que se vive en México, explica el informe del TRAC. “Esto, debido a los muchos desafíos que enfrentan los solicitantes de asilo en las comunidades fronterizas donde se les exigió aguardar”.
“Estos incluyen el secuestro, la violación y otras formas de violencia. Además, tampoco existe un mecanismo confiable para que los Tribunales de Inmigración notifiquen a los inmigrantes sobre la fecha, hora y lugar de su audiencia”, agrega.
Problemas adicionales
Al problema de la inseguridad HRW añade que, los problemas en México incluyen y afectan a solicitantes de asilo con discapacidades u otras afecciones de salud crónicas, a pesar de las directrices iniciales anunciadas de que nadie con “problemas conocidos de salud física/mental” debe ser colocado en el MPP.
En Ciudad Juárez, añade, la organización documentó al menos seis casos, cuatro de ellos menores de edad, de inmigrantes que no debieron haber sido regresados tras pedir asilo en Estados Unidos.
El informe también presenta como obstáculo la regla provisional de tercer país seguro activada en julio, que permite al gobierno de Trump negar asilo a migrantes que, tras salir de sus naciones de origen cruzaron por un tercero antes de presentarse en la frontera.
La norma señala que el migrante debe demostrar que pidió asilo en el tercer país y su caso fue rechazado antes de hacerlo en la frontera estadounidense.
Si bien la norma excluye a los mexicanos, a comienzos de enero medios reportaron que el gobierno ultima detalles de un programa que le permitirá enviar a mexicanos solicitantes de asilo a Guatemala mientras sus casos son resueltos en los tribunales de inmigración estadounidenses.
Medidas adicionales
El reporte agrega una serie de otras políticas impulsadas por el gobierno de Trump para castigar la inmigración indocumentada y también legal. Entre ellas destaca:
- Deportar a inmigrantes detenidos en cualquier parte del país que no prueben que llevan al menos dos años en el país.
- Aumentar el tiempo de encarcelamiento de menores. No permitirles bañarse ni cepillarse los dientes.
- Instalaciones inapropiadas para detener a inmigrantes menores de edad.
- Ataque al Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe la privación de libertad de menores de edad y exige al gobierno proteger la integridad de niños migrantes, además de proveerles con información sobre asistencia legal pro-bono.
- La política de separaciones forzadas en la frontera, que entre el 5 de mayo y el 26 de junio del 2018 afectó a 2,654 niños. Sin embargo, el 25 de noviembre del año pasado la Oficina del Inspector General del DHS denunció que las separaciones comenzaron mucho antes (poco después del 11 de abril de 2017) y que el numero de niños afectados era de miles, una cifra que el gobierno no ha podido establecer debido al desorden y fallos cometidos durante el proceso.
- Muertes de inmigrantes en los centros de detención.
- Aumento en el número de inmigrantes detenidos en las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
- Asistencia médica deficiente en los centros de detención.
- Anuncio de una nueva regla de carga pública para negarle la residencia a inmigrantes que utilizan fondos públicos de manera legal.
El reporte agrega redadas y juicios secretos en la frontera para acelerar la deportación de inmigrantes que piden asilo.
