Demandan a ICE por impedir que abogados se comuniquen con inmigrantes detenidos en cuatro estados
Un grupo de organizaciones que brinda servicios de inmigración entablaron una demanda contra la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) por impedir que abogados se comuniquen con inmigrantes detenidos en cuatro centros de detención ubicados en Florida, Luisiana, Texas y Arizona.
El caso se ventila en la Corte de Distrito del Distrito de Columbia (DC), capital de Estados Unidos.
Los demandantes, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), impugnaron el hecho de que el gobierno “no garantice el cumplimiento de los requisitos constitucionales, la ley federal y las propias políticas de ICE con respecto al a un abogado” para que los inmigrantes puedan defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
El grupo de demandantes está compuesto por las organizaciones de servicios legales sin fines de lucro Americans for Immigrant Justice (AIJ), Florence Immigrant and Refugee Rights Project (FIRRP), Immigration Justice Campaign for the American Immigration Council (IJC), Immigration Services and Legal Advocacy ( ISLA), y el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES).
Qué alega la demanda contra ICE
Los demandantes alegan que cada día el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) e ICE “encierran a miles de inmigrantes" mientras aguardan sus juicios civiles de inmigración.
“Aunque la detención y los resultados de estos procedimientos pueden tener efectos y consecuencias que alteran la vida (de estas personas), el gobierno federal no proporciona un abogado designado a los inmigrantes detenidos”, agrega la demanda.
Más bien, los inmigrantes pueden ser representados por un abogado “solo si pueden encontrar y pagar por un defensor legal (desde detrás de las rejas) o pueden acceder a un abogado probono”, añade el documento judicial.
La demanda estipula que la Constitución “protege los derechos de las personas en detención migratoria a retener, consultar y acceder a un abogado”. Pero que en muchos casos “los demandados han restringido los modos básicos de comunicaciones que son necesarios para que los inmigrantes detenidos consulten con un abogado, (lo que constituye) una violación de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda, la Primera Enmienda y la Ley Federal de Estados Unidos”.
Las razones de la demanda contra ICE
Los demandantes señalan en la demanda que las leyes y procedimientos de inmigración “son notoriamente complicados”. Y advierten que la representación legal “es el factor más importante que tienen los inmigrantes en proceso de deportación, asunto que determina sus destinos”.
“Las personas detenidas con representación legal tienen casi siete veces más probabilidades de ser puestas en libertad y 10.5 veces más probabilidades de ganar sus casos de inmigración que las que no la tienen a un abogado que los defienda”, agrega el documento.
Sin embargo, puntualiza, “la mayoría de los inmigrantes detenidos (en los centros de detención de ICE) representados en los procedimientos, a menudo no tienen a una defensa legal porque son indigentes y no pueden permitirse contratar un abogado y/o porque muchos centros de detención de ICE están ubicados en áreas remotas a cientos de millas” de donde se encuentran las organizaciones o abogados que pueden ayudarlos.
Estas son las principales razones que argumentan los demandantes para querellarse contra ICE por la situación que se vive en los centros de detención en los cuatro estados mencionados.
Obstáculos insalvables
ACLU dijo además que las investigaciones muestran que “en al menos cuatro centros de detención de inmigrantes en los que las organizaciones legales brindan servicio (el Centro Correccional de Florence en Florence, Arizona; el Centro de Procesamiento de Servicios de Krome en Miami, Florida; el Centro de Procesamiento de Laredo en Laredo, Texas; y el River Correctional Center en Ferriday, Louisiana), los abogados han encontrado numerosos obstáculos para comunicarse con las personas detenidas, lo que hace que la representación sea extremadamente difícil y, a veces, imposible”.
Las barreras a la comunicación registradas en la demanda incluyen: dificultad para programar llamadas legales y reuniones en persona; barreras para entornos confidenciales cruciales para proteger el privilegio abogado-cliente; y restricciones ilegales para hacer y recibir llamadas.
“La detención de inmigrantes es cruel, punitiva e innecesaria”, dice Emma Winger, abogada principal del AIC. “El gobierno encierra a las personas, a menudo en instalaciones remotas lejos de la familia y de los proveedores de servicios legales, mientras erige barreras arbitrarias para acceder a un abogado. Los inmigrantes detenidos no deberían de tener que luchar para tener conversaciones privadas con sus abogados. Las apuestas son demasiado altas”, apuntó.
Otra demanda pendiente
La demanda contra ICE por afectar los derechos de los inmigrantes detenidos para acceder a un abogado que los defienda en sus procesos de expulsión no es la única en su tipo. A finales de septiembre Univisión Noticias reportó que ACLU había presentado otra demanda ante el mismo tribunal de distrito para el Distrito de Columbia por registros públicos contra ICE por “retener indebidamente”, asegura, documentos relacionados con el a un abogado en centros de detención de inmigrantes.
Los alegatos indican que el 17 de diciembre del año pasado ACLU había presentado una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) sobre registros relacionados con las políticas de la agencia federal con respecto al de las personas detenidas a un abogado y el cumplimiento de esas políticas por parte de ICE.
“Hasta la fecha, ICE no ha proporcionado ningún registro que responda”, dijo la Unión, razón por la cual se entabló la demanda.
En enero Univision Noticias reportó que, a pesar de los programas creados por el gobierno para asistir a inmigrantes que buscan asilo, la mayoría de los extranjeros que perdieron sus casos en los tribunales de inmigración no contaban con representación legal, un problema que, en vez de desaparecer, persiste.
Según registros caso por caso hasta finales de 2021 de la Corte de Inmigración (EOIR), entre mayo y diciembre se habían asignado más de 72,000 casos relacionados con familias solicitantes de asilo bajo una nueva iniciativa diseñada por el gobierno de Joe Biden conocida como “Dedicated Docket (DD)”.
De ellos, 1,557 peticionarios recibieron una orden de deportación tras perder sus casos y solo 75 (equivalente al 4.7%) tenían representación legal, según reveló un informe del Centro de Información y de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York.
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