Cumplida la última renovación de DACA, qué pasará ahora con los dreamers a medida que se vayan venciendo los permisos de trabajo
Hasta el jueves en horas de la tarde, poco más de 122,000 dreamers solicitaron sus permisos de trabajo por otros dos años, pero la cifra pudiera ser mayor y acercarse a la meta de 154,000 beneficiarios de la última renovación de la Acción Diferida 2012 (DACA), programa que fue cancelado por el gobierno del presidente Donald Trump el pasado 5 de septiembre.
La pregunta ahora es qué sucederá con los que nó hicieron el trámite, y todos aquellos que el fiscal general, Jeff Sessions, dejó fuera de la última prórroga de sus deportaciones. ¿Volverán a las sombras? ¿Perderán sus empleos? ¿También sus licencias de conducir?
La eliminación del beneficio otorgado por Barack Obama deja un camino plagado de incertidumbres. Aquellos cuyos permisos de trabajo vencen entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018, no tendrán problemas en los siguientes dos años. Pero los otros 546,000 que estaban protegidos ven sus futuros en Estados Unidos otra vez plagado de incertidumbres.
“Esto es una gran tragedia”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Miles de jóvenes no solo perderán el amparo de sus deportaciones de Estados Unidos, también sus autorizaciones de empleo, licencias de manejar, casas, carros”.
La cifra total de solicitudes presentadas al 5 de octubre no se conocerá hasta la próxima semana. Y los datos entregados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) esta semana, tenían “un retraso de cinco días”, reconoció la agencia a Univision Noticias.
Con el “corazón partido”
Velásquez indica que, si bien no hay claridad respecto al futuro de los casi 800,000 dreamers que se han beneficiado por DACA (de ellos unos 100,000 regularizaron sus permanencias a través de vías legales permitidas), “se mantendría vigente la promesa” lanzada por Trump dos días después de la eliminación del programa.
El mandatario escribió en un tuit: “Para aquellos (DACA) que están preocupados por su estatus durante el período de seis meses, no tienen nada de qué preocuparse. ¡Ninguna acción!”.
“Sin embargo, hemos visto que activamente el gobierno estuvo investigando todos los casos de DACA para ver si tenían un delito menor”, apunta Velásquez. “Y agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) estuvieron en sus casas para detenerlos, por ejemplo, por un DUI” (manejar borracho o drogado).
“Tengo el corazón partido”, agrega. “La tragedia más grande es que estos soñadores se van a quedar sin trabajo, se quedarán con los sueños frustrados, los avances que han logrado se van a perder… Todo se les viene al suelo”.
Legales por un rato
En cuanto a los dreamers que no entraron en el grupo de los 154,000 que renovaron el amparo de sus deportaciones antes del 5 de octubre, Velásquez dijo que “volverán a ser indocumentados en el momento en que se les venza el permiso de trabajo”.
“Van a estar legales durante ese tiempo. Algunos empleadores que son muy cuidadosos, van a estar revisando la fecha de caducidad del documento. Es importante que todos conozcan sus derechos para que no se cometan abusos”, advierte.
“Estaremos pendientes de que no haya despidos y que a todas estas personas se les respete sus permisos de trabajo. Hay que asegurarse que no los persigan y los dejen en paz”, puntualiza.
Futuro incierto
Para el abogado de inmigración José Guerrero, quien ejerce en Miami (Florida), el futuro de los dreamers protegidos por DACA “es incierto”.
“Muchos van a quedar sin estatus legal de permanencia porque sus permisos de empleo irán caducando”, apunta. “Y Hasta ahora no se sabe qué va a hacer el gobierno con sus informaciones, pero si cometen un crimen, al no estar protegidos, pueden quedar expuestos a ser deportados del país”.
“Por eso es importante que se resuelva una demanda que interpuso un grupo de 15 Estados y el Distrito de Columbia (DC) para proteger la información de los dreamers”, indica Guerrero. “Si la corte dice que la información está protegida, deben cumplirlo, y los datos de estos jóvenes no deben ser compartidos con fines de deportación”.
¿Y la información en manos del gobierno?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reiteró a Univision Noticias que “la ley actual no otorga ningún estatus legal a la clase de individuos receptores de DACA”, y que los beneficiarios del programa “están ilegalmente en Estados Unidos con su deportación diferida”.
Agregó que “cuando su período de acción diferida expire o sea terminado, su retiro ya no será aplazado y ya no serán elegibles para recibir una autorización de empleo”, y dijo que “sólo el Congreso tiene la autoridad para enmendar las leyes de inmigración existentes”.
En cuanto a la información almacenada en la base de datos de la USCIS, reiteró que “los datos no serán proporcionados proactivamente a ICE y a la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) para procedimientos de deportación”, pero que esta norma puede ser modificada o reemplazada sin previo aviso.
El gobierno enfatizó además que los destinatarios de DACA “no serán deportados” una vez expiren sus amparos, y precisó que “estamos enfocados en delincuentes, amenazas a la seguridad nacional, los indocumentados recién llegados a la frontera, los que han excedido el tiempo de sus visas y los indocumentados reincidentes.
“He aconsejado al Departamento de Seguridad Nacional que los receptores de DACA no son prioridades de cumplimiento, a menos que sean criminales, estén involucrados en actividades criminales o sean de una pandilla”, dijo el DHS citando palabras del presidente Trump.
Las batallas que vienen
En el Congreso, mientras tanto, aguardan al menos cuatro proyectos de ley para legalizar la permanencia de los dreamers.
Dos de ellos, el Dream Act 2017 y el Bridge Act, cuentan con apoyo bipartidista, aunque no existe certeza que serán aprobados por los plenos de ambas cámaras, y promulgados por Trump.
La Casa Blanca, por su parte, apoya un plan republicano (patrocinado por los senadores Tom Cotton y David Perdue) que busca reducir la inmigración legal a la mitad en un plazo de 10 años, e incluir en la solución a los dreamers. Y también exige dinero para la construcción del muro en la frontera con México y para la seguridad fronteriza, incluyendo más cárceles para indocumentados y aumentar las deportaciones.
Los dreamers han advertido que no aceptarán ningún proyecto de ley que les otorgue residencia a cambio de la expulsión de sus padres y/o familiares indocumentados.
El líder demócrata en el Senado, Charles Schumer (Nueva York), dijo a Univision Noticias que su partido “no dejará dse pelear” por los dreamers “hasta que se apruebe el Dream Act”. Y advirtió que “esperamos que los republicanos lleguen a la mesa con propuestas razonables”.
Conozca sus derechos
United We Dream (UWD), la principal organización de jóvenes soñadores de Estados Unidos, dijo que está preparando el lanzamiento de una serie de campañas para informar sobre los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.
“Estamos haciendo alianzas para que la gente de informe, y también para que reporten si han tenido os con ICE o las policías locales”, explicó Sheridan Aguirre, un directivo de la agrupación.
“Trabajamos con juntas comunitarias en varios estados para llevar adelante estos planes”, agregó. “En Nuevo México ya se encuentra activo. Estamos enseñándole a la gente que este es un país de leyes y todos estamos protegidos bajo el amparo de la Constitución”.
Aguirre dijo además que “además de esto, estamos llevando a dreamers a la capital del país para compartir con los del Congreso nuestras historias, y con ello forzar la apertura del debate del Dream Act 2017”.
El activista también dijo que en las próximas semanas UWD llevará a cabo una encuesta para medir el grado de daño que causó la cancelación de DACA. “Datos preliminares obtenidos antes del 5 de octubre, muestran un severo padecimiento emocional a los dreamers afectados por la cancelación del programa. Vamos a comenzar una encuesta nacional en línea en los próximos días”, indicó.
