Se registran más de 2,700 infecciones de covid-19 en centros de detención de ICE
El número de inmigrantes indocumentados con casos positivos de covid-19 en los centros de detención de las Oficinas de Inmigración y Aduanas (ICE) sigue aumentando, al igual que el temor de resultar infectado entre los que se encuentran internados.
“Todos aquí están con tremendo miedo”, dice un interno del Centro de Detención La Palma, en Arizona. Los detenidos se quejan además de falta de insumos de aseo y escasa alimentación porque algunos de los empleados de la empresa que atiende el comedor están contagiados con el nuevo coronavirus. “¿Con tres panes al día cómo vamos a combatir esta enfermedad?”, se pregunta.
Las últimas cifras entregadas por ICE muestran que al 30 de junio en sus centros había 23,429 internos, se han realizado 10,513 pruebas (equivalente al 44.8%) y 2,742 internos han dado positivo al covid-19 (26% de los testeados).
Los centros con mayor número de contagios son el Bluebonnett Detention facility en Dallas (Texas) con 280 casos positivos de covid-19, seguido por el Eloy Federal Contract Facility en Phoenix (Arizona) con 222, el Montgomery Processing Center en Houston (Texas) con 184 y Otay Meza en San Diego (California) con 167.
La Palma Correctional facility, ubicado en las afueras de Phoenix (Arizona), registra 92 casos de internos contagiados.
Situación “crítica”
“La situación en los centros de detención de ICE es crítica”, dice a Univision Noticias Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas (Texas) y representa a varios detenidos en centros de ICE ubicados en ese estado.
“Todos están aterrados. Tratamos de usar la razón de que los liberen por la pandemia, pero el gobierno está muy estricto con este tema. Ellos dicen solo por medio de pandemia los internos no gozan del privilegio para ser liberados”, añade.
ICE insiste en que tiene la situación bajo control y responde dirigiendo las consultas a su página digital.
“La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional (OSH) continúa trabajando diligentemente para garantizar que los empleados operen bajo las condiciones más seguras y prácticas para reducir el riesgo de exposición, y evitar una mayor propagación de COVID-19 durante el curso de las operaciones diarias en curso”, señala.
Respecto a los centros de detención, la agencia federal dice que en marzo convocó un grupo de trabajo integrado por profesionales médicos, especialistas en control de enfermedades, expertos en detención y operadores de campo “para identificar pasos adicionales mejorados para minimizar la propagación del virus”.
Protocolos de los CDC
Desde entonces, ICE asegura, que se ha “evaluado a la población detenida en base a la guía de los Centros para el Control de las Enfermedades ( CDC) para las personas que podrían estar en mayor riesgo de enfermedad grave como resultado de covid-19 para determinar si la detención continua era apropiada”.
Añade que, de esta población de riesgo médico, “ha liberado a más de 900 personas después de evaluar su historial de inmigración, antecedentes penales, amenaza potencial para la seguridad pública, riesgo de vuelo y preocupaciones de seguridad nacional”.
Con la misma metodología ICE dice que evalúa a otras poblaciones potencialmente vulnerables que se encuentran actualmente bajo custodia y que la población detenida desde marzo “ha disminuido en más de 7,000 personas”.
Un grupo de internos que alarma especialmente a las organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes, políticos, abogados y jueces, se encuentra en tres centros de detención familiares de ICE ubicados en Texas (Dilley y Karnes City) y Pensilvania (Berkley).
Si bien los tres centros fueron construidos por el gobierno de Barack Obama para atender la crisis de refugiados de 2014 en la frontera con México, durante el actual gobierno siguen operando, aunque con reglas más severas y con cuestionadas licencias de operación que han desencadenado varias demandas por violaciones al Acuerdo Judicial Flores de 1997.
Fallo esperado
La semana pasada la jueza federal de distrito de California, Dolly Gee, ordenó a ICE que, en un plazo que finaliza el 17 de junio, libere a la totalidad de los menores detenidos en estos tres centros y cumpla con el Acuerdo Flores que solo permite detenciones hasta por un máximo de 20 días.
La liberación, además, protegerá a los menores y a sus padres de ser infectados con el covid-19.
La jueza Gee dijo en la orden que, “aunque se han realizado progresos” en cuanto a la liberación de algunos internos que se encontraban en los centros familiares de ICE, “el tribunal no está sorprendido de que el covid-19 haya llegado a las instalaciones, como lo han advertido los profesionales de la salud todo el tiempo” y que las personas que viven congregados en esos entornos “son más vulnerables al virus”.
La corte que preside Gee señala que al menos 11 personas detenidas en el centro de Karnes han sido diagnosticadas con covid-19, y que se está a la espera de resultados de pruebas hechas entre los internos de Dilley, pero al menos cuatro empleados de esa cárcel ya han dado positivo.
Madres internadas en Dilley dijeron a Univision Noticias que en la mayoría de las instalaciones del centro es casi imposible seguir las recomendaciones de distanciamiento social dictadas por los CDC.
El centro, con capacidad para 2,400 internos entre madres y menores, frecuentemente permanece lleno, dijeron abogados consultados por Univision Noticias.
Informe alarmante
Un informe publicado por el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), indicó que el distanciamiento social en los centros de detención es difícil, si no imposible.
En el informe, publicado la semana pasada, se lee que los casos positivos de covid-19 en las cárceles de ICE “han aumentado dramáticamente” y señala que la agencia ha tomado medidas para contener los brotes.
“Las acciones incluyen una mayor limpieza y desinfección de áreas comunes y cuarentena de nuevos detenidos, cuando posible, como medida de precaución. Sin embargo, se mantienen las preocupaciones por la incapacidad para practicar el distanciamiento social entre detenidos, el aislamiento o la cuarentena de individuos que pueden estar infectados con covid-19”, añade.
El Inspector General del DHS también dijo que había preocupación entre el personal de los centros de detención por los equipos de protección para los agentes en caso de un brote mayor de covid-19.
