Crece el número de agencias de policía que colaboran con el gobierno para arrestar indocumentados
A medida que Donald Trump intensifica la puesta en marcha de su dura política migratoria, más departamentos de policías locales han firmado acuerdos con el gobierno federal para que sus agentes se conviertan en agentes de inmigración.
Así lo advierte el informe titulado ‘Lo que está en juego: los impactos de los inmigrantes en las jurisdicciones 287 (g)’ elaborado por el Center for American Progress (CAP) y que fue publicado el martes.
“Solo el año pasado, 29 nuevas jurisdicciones se inscribieron en el programa federal 287(g)”, se lee en el reporte. “Actualmente, 75 comunidades en todo Estados Unidos están capacitando a sus policías locales para actuar como agentes de inmigración a través de este acuerdo. Otras 27 comunidades están considerando unirse”, añade.
La Sección 287(g) de la Ley de Inmigración, que dio nombre al programa, permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establecer contratos con las policías locales para aumentar la capacidad de arresto de extranjeros sin autorización para permanecer en el país o con antecedentes criminales.
El programa fue activado en 2003 por el Departamento de Justicia (DOJ), en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. En aquel entonces, durante el gobierno de George W. Bush, el DHS no había sido creado y los asuntos migratorios estaban bajo el mando del DOJ.
Datos del estudio
El informe del CAP analiza las contribuciones demográficas, económicas y fiscales de los inmigrantes en lugares con acuerdos 287(g).
El contiene detalladas estadísticas demográficas, económicas y de impacto fiscal en 40 comunidades que han firmado el programa 287(g), y donde además los inmigrantes, documentados e indocumentados, son residentes desde hace mucho tiempo en estas comunidades.
“Poseen y operan negocios, contribuyen con las economías locales y generan ingresos fiscales, todo lo cual desaparecería si se los obligara a abandonar o son arrestados a la fuerza y deportados”, señala el informe.
“El estudio habla sobre lo que constituyen y representan los inmigrantes que viven en estas comunidades 287(g)”, dice a Univision Elena Gaona, directora de medios del CAP. “Quienes aplican estas medidas no toman en cuenta las contribuciones, nos negocios, los aportes de nuestra comunidad”.
Gaona dijo además que la política migratoria de Trump y la expansión del Programa 287(g) “afecta tanto a personas indocumentadas como familias mixtas”. Y añadió que el programa y el gobierno “no toman en cuenta el poder adquisitivo de las personas que afecta”.
“No miden el impacto negativo que el 287(g) tiene en las economías locales”, indica.
Efectos “escalofriantes”
El informe ‘Lo que está en juego: los impactos de los inmigrantes en las jurisdicciones 287 (g)’ revela además que el cumplimiento de la ley de inmigración deja “efectos escalofriantes” en las comunidades inmigrantes afectadas.
“Independientemente del estado migratorio, se descubrió que el 44% tenía menos probabilidades de ar a la policía si eran víctimas de un crimen, por temor a que las autoridades les preguntaran sobre su estado migratorio”, revela.
Añade que 38% reportaron sentirse bajo alta sospecha ahora que la policía local está más vinculada en el trabajo de las autoridades federales de aplicación de la ley de inmigración, y que esa tasa incluso fue más alta para los inmigrantes latinos sin estatus legal.
“Las políticas dirigidas a inmigrantes no autorizados tienen consecuencias de largo alcance para la seguridad pública. Hacen que la comunidad latina o inmigrante sea menos propensa a denunciar crímenes, una tendencia que ha generado comentarios de los jefes de policía en Los Ángeles, Houston y Salt Lake City (Utah) en 2017, y se confirma en los datos de otras ciudades”.
Resucitado por Trump
El Programa 287(g) fue resucitado por Trump a finales de agosto de 2016 cuando anunció que, si ganaba la elección presidencial y llegaba a la Casa Blanca, crearía una fuerza nacional de deportaciones para arrestar y expulsar del país a los 11 millones de indocumentados en un plazo de 18 meses.
El entonces candidato republicano prometió entonces impulsar una política de “cero tolerancia” para los delincuentes extranjeros.
El 25 de enero, apenas cinco días después de asumir la presidencia, Trump firmó dos órdenes ejecutivas, una sobre la construcción del muro en la frontera con México y otra sobre las ciudades santuario, donde decretó que la permanencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional.
Comunidades Seguras, programa que reemplazó al 287(g) en 2014, en seis años logró la deportación de 375,031 indocumentados.
Cabe destacar que la presencia indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil no criminal.
El programa 287(g)
La Sección 287(g) fue agregada a la Ley de Inmigración (INA) en 1996, durante los cambios aprobados por el Congreso bajo el gobierno de Bill Clinton. “Se creó una vía legal para la participación de la ley local en la aplicación de la ley federal de inmigración”, explica el informe.
Fue durante el gobierno de George Bush (mediados del 2000) cuando se firmaron los primeros acuerdos, “coincidiendo con un período de crecimiento para las comunidades inmigrantes en muchas de las jurisdicciones”, añade el CAP.
Debido al impacto negativo del programa y la manera en cómo afectó a la comunidad, Bush anuló el plan y anunció la creación de otro similar denominado Comunidades Seguras.
Pero los resultados de este nuevo programa no tuvieron el impacto deseado. Activistas y organizaciones argumentaron que el gobierno había otorgado poderes extraordinarios a las policías locales, quienes cometieron abusos al arrestar y poner en proceso de deportación a miles de inmigrantes que no representaban una amenaza para la seguridad nacional.
El 20 de noviembre de 2014 Obama suspendió Comunidades Seguras y creó el Programa de Cumplimiento de Prioridad (PEP), que comenzó a operar bajo una nueva lista de prioridades de expulsión de cuatro categorías, entre ellas crímenes graves tales como asesinatos, homicidios, robo agravado.
A pesar del cambio, durante sus dos gobiernos Obama deportó a más de 2,7 millones de indocumentados, el 40% de ellos sin antecedentes criminales, de acuerdo con datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Desde su inicio, los críticos del 287(g) han expresado su preocupación de que el programa institucionalice los perfiles raciales y la conducta cuestionable de la policía”, advierte el estudio.
