Corte Suprema abre ventana desde la que dará a conocer su decisión sobre el futuro de DACA
Este martes la Corte Suprema de Justicia abrió la ventana desde donde se conocerán decisiones clave que dilucidarán largas y complejas batallas judiciales, entre ellas la Acción Diferida de 2012 (DACA), programa que protege de la deportación a unos 700 jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir los 16 años y a los que se conoce como dreamers.
Beneficiarios, así como familiares, empleadores y las comunidades donde viven esperan con ansias un fallo favorable, pero al mismo tiempo se preparan para una decisión adversa que dé luz verde al gobierno para deportarlos a medida que se vayan venciendo sus permisos de trabajo.
“Nuestro gran temor es que haya un fallo en contra de DACA”, dice Luis Aguilar, un beneficiario del programa que reside en Maryland y en la actualidad trabaja como activista en Richmond, Virginia, donde promueve la participación del voto latino en los comicios presidenciales de noviembre.
“Tenemos una corte conservadora. Y la misma jueza este tribunal se ha alineado con todo lo que quiere el presidente (Donald) Trump”, agrega. “Eso eleva los temores de que se pronuncie un fallo en contra de la vigencia del programa”.
“Pulgar en la balanza”
En febrero Sotomayor, durante una entrevista con el periodista Pablo Gato, del Noticiero Univision, culpó a los jueces del máximo tribunal de justicia de inclinar los casos a favor del presidente.
El comentario de la magistrada se produjo inmediatamente después de la decisión de la Corte sobre el nuevo reglamento de carga pública que el gobierno de Trump puso en vigor el pasado 24 de febrero. La norma restringe la totalidad de los beneficios migratorios, incluso la residencia legal permanente (green card) y los más afectados son los inmigrantes pobres.
“Por eso el miedo”, dice Aguilar. “Hay temor de que exista un fallo en contra y nos quedemos en una situación complicada. Pero eso no quiere decir que no estemos preparados para seguir luchando”, agregó.
La amenaza de enero
En enero el director interino de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Matthew Albence, dijo que cuando la Corte Suprema “elimine DACA, en realidad podremos efectuar esas ordenes de expulsión”, en referencia a las órdenes de deportación que el programa detuvo cuando entró en vigor el 15 de agosto, durante el gobierno de Barack Obama.
Cinco años más tarde, el 5 de septiembre de 2017, Trump lo canceló. Pero el 9 de enero de 2018 una corte de California lo restituyó en su totalidad, excepto para nuevas inscripciones. Otros tres tribunales fallaron a favor, decisiones que fueron avaladas por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito.
El dictamen abrió la puerta para que el gobierno pida a la Corte Suprema que revise la legalidad del programa.
En noviembre el tribunal escuchó los argumentos del gobierno y de los abogados que representan a los defensores del programa. La decisión sobre el caso se conocerá cualquier día entre el 3 de marzo y el 29 de junio.
En los argumentos presentados en noviembre, el gobierno insistió en que el presidente, en uso de su autoridad ejecutiva, canceló el programa “basado en su creencia” y ante las “serias dudas” de que la política de DACA “es ilegal”. Y que la decisión respecto eliminar el beneficio se tomó utilizando “la discreción” que al presidente le otorga su Autoridad Presidencial (APA), un tema que no está en juego y no debe ser revisado por el organismo Judicial.
“Aquí estamos”
Para United We Dream (UWD), una de las principales organizaciones de dreamers del país, cualquier decisión que adopte la Corte Suprema “no nos dará lo que hemos esperado durante años, un estatus legal permanente”, dice Greisa Martínez, subdirectora ejecutiva de la organización.
“Los jóvenes de UWD estamos listos para lo que vaya a pasar en la corte”, agrega. “Nosotros estamos muy claros en que nuestro trabajo es denunciar las deportaciones y vamos a seguir luchando para que le quiten dinero a ICE”.
Además, señala la activista, “estamos trabajando para que podamos tener una victoria en noviembre que nos dé un nuevo gobierno, y que el nuevo presidente nos dé una protección permanente a nosotros y también a nuestras familias”.
Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, Trump ha buscado cancelar DACA y con ello cumplir con una de sus promesas de campaña. Y a pesar de haberle pedido al Congreso que apruebe una ley para legalizar la permanencia de los soñadores, condiciona la oferta a la obtención de fondos para construir el muro y acelerar las deportaciones.
Los dreamers han rechazado la oferta porque, aseguran, puso en la mira de ICE a sus padres y hermanos que también llevan años viviendo en Estados Unidos y carecen de antecedentes criminales y pagan impuestos.
“Mientras esperamos la decisión, tenemos tres campañas funcionando”, dice Martínez. “Una se denomina ‘We Here‘ (Aquí Estamos), donde llevamos a cabo campañas para exigir una estatus permanente. La segunda es trabajar juntos y prepararnos para enfrentar cualquier decisión, pase lo que pase. Y la tercera, no tener miedo y que renovemos los permisos de trabajo. Tenemos todo lo necesario para seguir luchando. Estamos listos para cualquier fallo de la Corte. No nos vamos a rendir”.
Números favorables
Los dreamers defienden sus logros. “Alrededor del 89% de los beneficiarios de DACA están actualmente empleados utilizando la autorización de trabajo basada en DACA”, dice Juan Escalante, director de campañas digitales de Mark Zukerberg, fundador de la red social Facebook; Reid Hoffman, fundador de Linkedln; Erick Schmidt, presidente de Google; y Drew Houston, fundador de Dropbox, entre otros.
Agrega que revocar su capacidad para trabajar (con un fallo negativo por parte de la Corte Suprema) impondría costos severos en la economía de Estados Unidos. “Sin DACA los empleadores tendrán que rescindir sus puestos, lo que obligará a las personas a abandonar la fuerza laboral y dejará puestos de trabajo críticos”.
Según FWD.us, terminar con DACA costará un promedio de 24,037 empleos estadounidenses cada mes durante dos años, el equivalente a 1,095 personas expulsadas de la fuerza laboral cada día hábil.
A su vez, el American Action Forum estima que retirar a los receptores de DACA del país podría costar hasta $21,000 millones de dólares, y reduciría el PIB en un 0.4%, sin mencionar los costos incalculables para los receptores de DACA que han vivido desde niños en el país.
Se estima que unos 250,000 niños ciudadanos estadounidenses se verían afectados si el máximo tribunal de justicia cancela el programa.
Reportes recientes indican, además:
- El 96% de los beneficiarios de DACA está empleado o inscrito en la escuela.
- El 89% de los beneficiarios de DACA está empleado (91% entre mayores de 25 años), y el 69% se mudó a un trabajo mejor remunerado después de recibir DACA.
- El 5% comenzó su propio negocio después de recibir DACA, más alto que la tasa entre el público en general (3.1%).
“DACA también se suma al poder adquisitivo de los jóvenes inmigrantes, con un 65% comprando su primer automóvil y un 16% comprando una casa después de recibir el programa”, precisa FWD.us.
