Corte de apelaciones ordena revisar las reglas de deportación de ICE recién estrenadas
La Corte de Apelaciones del 5to Circuito, basado en Nueva Orleans, ordenó revisar nuevamente las prioridades de deportación del presidente Joe Biden, enfocadas en aquellos indocumentados con delitos criminales graves que amenazan la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
Anunciadas en febrero, las prioridades de expulsión fueron bloqueadas el 19 de agosto por un juez federal en respuesta a una demanda entablada en abril por los estados de Luisiana y Texas.
Los demandantes alegaron que el gobierno había modificado parte de la política migratoria que alteró las prioridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que había decretado el expresidente Donald Trump el 25 de enero de 2017.
También señalaron que los funcionarios federales de inmigración ya no buscaban la custodia y deportación de la mayoría de los extranjeros que están finalizando sus sentencias de cárcel por cargos criminales.
Fallo a favor de Biden
Menos de un mes después del bloqueo judicial, el 15 de septiembre, un de jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, por unanimidad, restituyó las prioridades de deportación dictadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los tres jueces del respaldaron dos directivas emitidas por el gobierno de Biden, una en enero y otra en febrero, que redujeron el alcance de las operaciones de ICE.
Pero el martes el tribunal revocó la sentencia del 15 de septiembre luego que uno de los 26 jueves de la corte solicitó consultar a los jueces sobre la apelación presentada por Luisiana y Texas ante un tribunal menor, alegando que las prioridades de deportación de Biden eran ilegales.
Tras la consulta, la mayoría de los 17 jueces del tribunal de apelaciones activos votaron a favor de ordenar una nueva audiencia de todos los jueces, se lee en la orden.
El fallo agrega que el secretario especificará un calendario de sesiones informativas para la presentación de informes complementarios”.
Clima de incertidumbre
La orden emitida por el tribunal siembra incertidumbre entre la comunidad inmigrante. “Nos parece un gran error, un problema serio porque este gobierno está tratando de enfocar los recursos en personas que afectan a este país y no en aquellos que están trabajando por el bien de Estados Unidos”, dice Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland.
Para Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California), la decisión tomada por la Corte de Apelaciones del 5to Circuito se interpreta como “la intención de poner una traba para contener el avance del plan del presidente".
Gálvez dijo además que “el presidente tiene pleno poder ejecutivo discrecional para decidir adónde van los recursos del gobierno sobre las leyes de inmigración”, y señaló que el presidente “no está diciendo que todos los indocumentados no pueden ser deportados, sino que aquellos que no representan una amenaza a la seguridad pública, fronteriza y nacional pueden tener recibir una deportación diferida. Es él (el presidente) quien tiene la potestad de decir cuando serán deportados”.
El reglamento
El 29 de septiembre, tras el fallo que permitió activar las prioridades de deportación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó el reglamento en el Registro Federal y otorgó un plazo de 60 días para el comentario público, en cumplimiento con la Ley de procedimiento istrativo.
El lunes, tras cumplirse el período legal de opiniones, el DHS anunció la implementación de las prioridades a nivel nacional, política que otorgó tranquilidad a la comunidad inmigrante en medio del debate de una reforma migratoria reducida en el Congreso.
Si bien las prioridades de expulsión se centran en aquellos indocumentados que han cometido crímenes y se convirtieron en una amenaza a la seguridad nacional y fronteriza, el reglamento señala que los agentes de inmigración tienen amplia discreción para considerar “una serie de factores” antes de proceder a la deportación de un extranjero.
Entre las consideraciones se incluye, entre otras, el tiempo de permanencia en Estados Unidos y lazos familiares.
