Conoce los beneficios que un inmigrante puede pedir sin que lo afecte la regla de carga pública
Confusión y zozobra ha generado en los inmigrantes la regla final de carga pública anunciada esta semana por el gobierno de Trump, que impone un protocolo más estricto a la hora de evaluar quiénes pueden venir a Estados Unidos, extender o cambiar algún tipo de visa o hacer un ajuste de estatus a residencia permanente.
La lista de beneficios públicos que podrían afectar la aprobación de esos trámites fue ampliada –todo uso de servicio público de la lista es negativo y si lo usas 12 meses en 36 meses es altamente negativo– y ahora el oficial de inmigración considerará el uso de más programas cuando decide si un individuo podría convertirse en algún momento en una carga para el Estado.
Pero no todos los grupos de inmigrantes, ni todos los programas públicos están sujetos a esta norma. Sólo serán tomados en cuenta al evaluar el ajuste de estatus aquellos programas mencionados explícitamente en el documento.
Shelby González, directora de políticas de inmigración del Center on Budget and Policy Priorities, aclara a Univision Noticias que, debido a la forma en que está concebida la regla, el uso por sí solo de esos programas no descalifica a la persona, que igualmente también podría ver rechazado su ajuste de estatus por tener bajos ingresos, incluso si usa otros programas no incluidos en la determinación de carga pública.
“Aunque está claro cómo la nueva regla define los programas que se considerarán bajo esta determinación, la forma en que está formulada hace que la gente con bajos ingresos tenga dificultades para pasar la prueba, independientemente de si usan programas públicos o no”.
Pone como ejemplo el de una mujer embarazada menor de 21 años que se inscriba en Medicaid y luego deba pasar por la prueba de determinación de carga pública para obtener la green card. “El haber recibido beneficios de ese programa no jugaría en contra dentro de su aplicación, pero el hecho de tener ingresos lo suficientemente bajos como para calificar podría perjudicarla”, explica.
¿Deben entonces los inmigrantes dejar de usar a toda costa los programas de beneficios públicos mencionados en la regla de carga pública? La respuesta es complicada y depende de las circunstancias personales.
“Aunque el uso de algunos beneficios puede jugar en contra de alguien que deba pasar la determinación de carga pública, muchos individuos elegibles para esos beneficios no enfrentarán una determinación de carga pública (o no por mucho tiempo) y usar esos beneficios en tiempos difíciles podría ayudarlos a estabilizarse y, en últimas cuentas, a estar en una mejor posición para enfrentar la determinación de carga pública”, dice González.
La regla entrará en vigor a mediados de octubre (60 días después de su publicación en el registro federal) y no tendrá carácter retroactivo: comenzará a implementarse con las solicitudes que lleguen a partir del 15 de octubre.
La evaluación se hace de forma individual, por lo que si alguna de las personas que viven en el núcleo familiar es beneficiaria de alguno de esos programas incluidos dentro de la definición de carga pública, eso no tendrá un impacto en la solicitud del aplicante. Por ejemplo, si un niño estadounidense recibe Medicaid esto por sí solo no debería ser tomado en cuenta como un factor negativo al estudiar la solicitud del padre inmigrante.
A continuación, mencionamos algunos de los beneficios públicos que no tendrán efecto sobre la determinación de carga pública.
¿Qué pasa si tengo una visa y quiero pedir un cambio de estatus?
De acuerdo con el reglamento, se incluye un requisito que asegura que quienes estén en esta situación deben demostrar que desde que tuvieron ese estatus no recibieron beneficios públicos durante 36 meses (3 años) en un agregado de más 12 meses. Por ejemplo, si se usan dos beneficios de la lista durante dos meses cada uno, se considerarán como un agregado de cuatro meses, aunque hayan sido aprobados al mismo tiempo.
¿Quién es elegible para recibir beneficios públicos?
Ciudadanos que hayan sido residentes permanentes por más de cinco años (salvo excepciones), asilados, refugiados, víctimas de tráfico humano y otros "extranjeros calificados". Los indocumentados y la gran mayoría de quienes tienen visas, en general, no califican para pedirlos.
¿Cómo se evaluará a quienes hayan sido aprobados para recibir o hayan recibido beneficios?
El DHS considera que el uso de beneficios públicos es una factor negativo al evaluar si un individuo se convertirá en una “carga pública”. Además, el ser aprobado para recibir o haber recibido esos beneficios públicos por más de 12 meses dentro de los 3 años anteriores al envío de la solicitud es sopesado como un factor negativo de peso, de acuerdo con la regla.
