Cómo la ley SB4 desató una guerra abierta en Texas
Aunque cada ley controversial tiene su día en corte, pocos esperaban un desafío legal tan inmediato cuando el gobernador Greg Abbott firmó un domingo en la tarde la divisiva ley SB4, que busca facilitar las deportaciones en Texas.
Pero la primera demanda para frenar la SB4 llegó con urgencia ese mismo lunes, impulsando un movimiento de resistencia contra una medida que muchos temen que convertiría a los policías y alguaciles del estado en agentes de inmigración.
Univision Noticias viajó a Texas para hablar con algunos de los líderes electos más prominentes de la lucha contra la SB4, comenzando en El Cenizo, donde el alcalde Raúl Reyes nos explicó que nunca dudó en su decisión de ser el primer alcalde en retar a Texas por la medida.
"Soy alcalde de un municipio muy pequeño en la frontera, que nadie sabe que existe", dice a pasos del Río Grande, que divide a Estados Unidos y México. "Llevo más de 12 años y medio en el puesto. Y mientras esté aquí voy a seguir haciendo lo que he hecho toda mi vida: seguir trabajando, abogando y luchando por los derechos civiles de mi comunidad".
Firmada el pasado 7 de mayo, la ley lo obligaría a eliminar una política santuario que ha protegido a los 3,000 residentes de su ciudad desde 1999, prohibiendo que cualquier funcionario les pregunte sobre su estatus migratorio.
Este es uno de los propósitos más evidentes de la medida: eliminar las protecciones locales para los indocumentados para darle al gobierno federal mayor cooperación local y para deportarlos de cualquier ciudad, condado, universidad o cárcel de Texas.
"Ni la Patrulla Fronteriza ni un departamento policial debe andar patrullando las calles municipales, parando a personas, preguntándole quién son, de dónde son y que muestren sus papeles", lamentó el alcalde, cuya abuela llegó indocumentada a Estados Unidos.
A partir del 1 de septiembre, Reyes deberá permitir que los policías le pidan los papeles a cualquier persona que detengan en El Cenizo, incluso tras una simple infracción de tránsito. Pero el alcalde insiste en que no cumplirá con la nueva ley, algo que según el texto de la medida le costaría su puesto.
La SB4 establece multas para los gobiernos locales, universidades, departamentos de policía y oficinas de alguaciles que se rehúsen a cooperar con las deportaciones. También estipula que el fiscal general de Texas puede intentar destituir a cualquier líder electo que, al igual que Reyes, no quiera alinearse con ese esfuerzo.
"Esto es algo más grande que Raúl Reyes", dice el alcalde, asegurando que no teme perder su trabajo. "Es algo más grande que El Cenizo, algo más grande que Texas. Esto es algo que va a definir el futuro de nuestro país".
Lo mismo lamenta el alguacil Tom Schmerber, sentado en su oficina en Eagle en el condado fronterizo de Maverick. Él se opone a que Texas lo quiera obligar a hacer el trabajo de los agentes federales de inmigración, una labor que él mismo hizo por 26 años como empleado de la Patrulla Fronteriza.
"Nosotros (en la oficina de alguacil de Maverick) siempre hemos trabajado junto a inmigración, ya sea con ICE o con la Patrulla Fronteriza", dice Schmerber a Univision Noticias, una semana luego de sumarse a la demanda contra la nueva ley.
"Pero con la SB4 es muy diferente: el estado nos está diciendo a los alguaciles cómo hacer el trabajo y, si no lo hacemos, nos pueden arrestar o nos quitan del puesto", agregó.
El alguacil asegura que su condado ya tiene dos estaciones de la Patrulla Fronteriza y una amplia presencia de agentes migratorios, quienes al contrario de sus oficiales están entrenados para lidiar con las leyes de inmigración.
"Yo digo que ese es trabajo de ellos", dice el sheriff.
Un verano de resistencia
La pelea legal contra la SB4 llegó de lleno a la capital estatal el 16 de marzo, cuando líderes de Dallas, Austin, El Paso, Houston y San Antonio se presentaron frente al capitolio para declarar un verano de resistencia contra la medida.
Frente a este esfuerzo está un concejal de Austin, Greg Casar, quien insiste en que la SB4 podría inspirar medidas similares en el resto del país.
"Tenemos que tumbar esta ley en Texas porque sabemos que todo el país, y hasta el presidente Trump, están mirando si va a ser implementada o si las cortes la van a parar", explicó a Univision Noticias el concejal, quien en mayo fue detenido por protestar contra la ley dentro de la oficina del gobernador.
Para los opositores de la SB4, la lucha ahora está en las cortes: este viernes, las ciudades de Austin y San Antonio presentaron la tercera demanda para intentar frenar la medida antes de que se implemente, uniéndose a El Cenizo y el condado de Maverick (que presentaron la primera) y al condado de El Paso (que presentó la segunda).
Casar teme que la SB4 habilite a los policías de Austin a ayudar a ICE en sus grandes operativos, como uno en febrero en el que más de 50 mexicanos fueron detenidos para ser deportados.
"Parte de la razón por la que la SB4 es tan aterradora es que un operativo de ICE solo sucede en ocasiones escasas y específicas, pero en Austin tenemos más de 1,700 policías que trabajan día y noche. Y lo que el gobernador y los legisladores quieren es que los niños (indocumentados) en mi distrito sientan terror cada vez que vean a un policía, al no saber si están allí para protegerlos o para separar a su familia. No ha habido un tema que haya movilizado a las personas de mi distrito durante mi tiempo como concejal más que este", explicó.
Para el congresista Rafael Anchía, que representa a Dallas en la Cámara de Representantes de Texas, el tema de la SB4 ha evocado fuertes sentimientos y una sensación de que su comunidad se siente atacada.
"Vamos a demandar al estado para que no entre en vigor esta ley; vamos a protestar y vamos a marchar porque a nosotros no nos viene a salvar ningún superhéroe", dice el legislador, cuya madre llegó de México cuando tenía 9 años.
Anchía fue uno de los que ayudó a organizar la resistencia contra la medida, ando a muchos líderes hispanos de Texas que conocía tras haber liderado la junta del fondo educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Electos Latinos (NALEO).
También fue uno de los legisladores que se opuso fuertemente a la medida mientras era discutida en el Congreso, dando un fuerte discurso en el que confesó sentir "mucha rabia" de que pudiera aprobarse.
"Como inmigrante, con una madre que vino de México, esto lo tomo muy personal", dijo Anchía a Univision Noticias, rechazando una pregunta sobre el efecto electoral que podrá tener la medida en las elecciones de 2018. "Mi preocupación primaria es por defender la comunidad. Si hay impactos electorales en el futuro, no quiero predecir lo que va a ocurrir en 2018. Solo sé que en el corto plazo esta ley va a aterrorizar a nuestra comunidad y eso es lo que me preocupa ahora".
La ciudad de Dallas se comprometió a unirse a los esfuerzos legales contra la SB4, aunque el concejo municipal no incorporó el tema a su reunión más reciente. Queda por ver si esta ciudad, la tercera más poblada de Texas, presenta un plan concreto para demandar al estado como lo hicieron El Paso, Austin y San Antonio.
En San Antonio, precisamente, los opositores de la SB4 dicen que la ley traería problemas económicos como los que tuvo Arizona tras aprobar una medida similar, la ley SB1070, en 2010.
Si se implementa la SB4, Texas podría perder millones de dólares en industrias que sufrirían por el miedo entre los inmigrantes y los hispanos, según Brianna Dimas, portavoz de la Cámara de Comercio Hispana de San Antonio.
"Esta ley es mala para los negocios", aseguró Dimas. "Va a mermar los gastos de consumidores cuando las personas estén aterradas de ir de compras, o salir de su casa o manejar en su auto, y va a herir nuestra fuerza laboral".
La cámara de comercio cita un estudio que se hizo en Phoenix, Arizona, en el que se estima que la ciudad perdió unos 141 millones de dólares en los cuatro meses luego de que se firmó la SB1070. "No queremos que Texas cometa el mismo error", apuntó la portavoz.
Rey Saldaña, un concejal de San Antonio que aparece como demandante en el reto legal que presentó su ciudad, dijo esta semana que San Antonio es la ciudad más grande en retar la SB4, asegurando que "no debe ser la última".
La única ciudad más grande que San Antonio en Texas es Houston, donde el alcalde Sylvester Turner por ahora se rehúsa a comprometerse al esfuerzo legal.
Turner enfrentó gran presión por esa decisión durante un foro comunitario que organizó para la comunidad inmigrante hace dos semanas. Allí imploró con los presentes a darle tiempo para evaluar la SB4 después del fin de la sesión legislativa, que acabó este pasado lunes.
Turner le recordó a la comunidad que la SB4 no entra en vigor hasta septiembre, explicando que habría amplio tiempo para unirse al verano de resistencia.
Pero muchos le reclamaron impacientes.
"Alcalde, usted puede tener tiempo", le insistió una de las presentes. "Yo no tengo tiempo. Mi familia no tiene tiempo y mi gente no tiene tiempo".
