Piden al DHS que no use fallo de la Corte Suprema sobre el aborto para deportar
Un grupo integrado por 156 organizaciones pidió al gobierno no utilizar el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que eliminó el derecho al aborto, como causa para deportar a inmigrantes indocumentadas.
Por medio de una carta dirigida al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, la coalición integrada, entre otros por abogados, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, grupos de fe, entidades defensoras de los derechos de la mujeres y en contra de la violencia doméstica, instaron al ministerio bajo su mando “que garantice” que la decisión del máximo tribunal de justicia en el caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization “no tenga impacto en la aplicación de la ley de inmigración”.
El grupo, además, instó al DHS “a emitir de inmediato una guía para evitar que la decisión de despojo de derechos de la Corte Suprema se use contra no ciudadanas que buscan atención de salud reproductiva en Estados Unidos.
El fallo
El pasado 24 de junio en una votación 5-4, la Corte Suprema anuló la histórica sentencia conocida como ‘Roe contra Wade’, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto a nivel federal. La sentencia abrió la puerta a una ilegalización de la práctica en varios estados gobernados por republicanos.
"La Constitución no confiere el derecho al aborto; Roe y Casey son anulados; y la autoridad para regular el aborto se devuelve al pueblo y a sus representantes electos", indicó el fallo escrito por el juez Samuel Alito, haciendo referencia además al caso conocido como Planned Parenthood v. Casey de 1992, que reforzó el reconocimiento federal del derecho al aborto.
“Roe estaba terriblemente equivocado desde el principio. Su razonamiento fue excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Y lejos de lograr un acuerdo nacional sobre el tema del aborto, Roe y Casey han inflamado el debate y profundizado la división”, agregó Alito.
Temores fundados
Además de no utilizar el fallo contra indocumentadas que solicitan o buscan atención de salud reproductiva, la coalición pide a Mayorkas que también emita una guía indicando que “no se considerará como una barrera o impedimento para cualquier forma de alivio de inmigración”.
“Además, lo instamos a que se asegure de que todas las personas detenidas por el DHS tengan oportuno a la gama completa de atención de la salud reproductiva, incluida la atención del aborto, independientemente de las leyes de los estados donde pueden ser detenidos”, se lee en la misiva.
Los firmantes del documento también señalaron que “buscamos un compromiso para asegurar que no disuadirá ni interferirá con la capacidad de las personas para viajar con seguridad y libertad desde y hacia regresar a sus estados y comunidades de residencia para la atención del aborto, independientemente de su estatus migratorio”.
Citan la postura de Biden
Dos semanas después del dictamen de la Corte Suprema, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para proteger el al aborto en medio de una creciente presión demócrata para que sea más duro con este asunto.
Las acciones del mandatario están encaminadas a mitigar potenciales penalidades contra mujeres que busquen un aborto tras la decisión del máximo tribunal. Pero es limitada la capacidad que tiene el presidente para garantizar el al aborto a nivel nacional, señala un reporte de Univision Noticias.
En la carta la coalición cita los esfuerzos del mandatario y menciona la condena al dictamen “en términos claros,
llamándolo ‘la realización de una ideología extrema y un trágico error de la Corte Suprema’”.
Biden también señaló que anular Roe v. Wade pondría la “salud y la vida” de las personas en Estados Unidos “en riesgo”; y
que la decisión de los magistrados envió al país “150 años atrás”. Y ordenó a su istración que tomara medidas
para proteger a las personas que buscan servicios de aborto.
Promesa de Garland
Los defensores de los inmigrantes también citaron en la carta a Mayorkas la actuación del fiscal general Merrick Garland, quien tras el dictamen de la Corte Suprema afirmó que “las personas tienen derecho a viajar fuera de sus estados para buscar un aborto y cuidados, y prometió que el Departamento de Justicia usaría ‘todas las herramientas a [su] disposición para proteger la libertad reproductiva’”.
La carta incluso menciona que Biden “también ordenó al secretario del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) a tomar medidas para proteger el de las personas a medicamentos para interrumpir el embarazo y otros
formas de salud reproductiva”.
Pero advierten que, “a medida que ciertos estados se apresuran a criminalizar a quienes reciben, proporcionar y facilitar el a servicios de aborto, un peligro adicional se cierne sobre los indocumentados que ejercen control sobre sus cuerpos y sus futuros reproductivos, o que ayudan a otros que buscan la misma libertad”, dejándolos a merced de la “deportación”.
“Mientras no haya ninguna base legal sólida para utilizar una condena por uno de estos delitos recién creados como base para
Deportar a un no ciudadano o para privar a alguien de un alivio de inmigración, debe dejar absolutamente claro que el DHS no tomará ninguna medida coercitiva contra las personas que pueden ser arrestadas o condenadas por aborto o delitos relacionados con el cuidado de salud reproductiva”, reitera la carta.
Los más vulnerables
En el documento la coalición señala al grupo más vulnerable tras el fallo de la Corte Suprema, destacando entre ellos:
- Indocumentadas detenidas en instalaciones federales de inmigración que están embarazadas;
- Indocumentadas embarazadas que puedan o califiquen para recibir cualquier atención de la salud reproductiva que necesitan;
- Personas embarazadas que quedan bajo custodia de una agencia del DHS, independientemente de dónde estén; y
- Quienes están bajo órdenes de supervisión que a menudo requieren permiso de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para viajar fuera del estado.
La petición agrega que las indocumentadas detenidas deben tener oportuno a la atención de aborto y cualquier otra atención de salud reproductiva que puedan requerir, así como permitirles viajar a otro estado para buscar ser atendidas.
Finalmente, la carta menciona “la vergüenza de los procedimientos ginecológicos forzados que se cometieron en el centro de detención de ICE en Irwin, Georgia, donde varias mujeres fueron esterilizadas sin sus consentimientos. Este hecho “todavía mancha su agencia. Debe tomar medidas para evitar otras personas bajo su custodia pierdan la autonomía sobre sus cuerpos y sean privados de la opción de hacer lo que las familias decidan”, indicaron.
