Gobierno de Biden reabre un centro de detención de menores no acompañados en Texas
El gobierno de Joe Biden anunció la reapertura de un centro de detención para menores no acompañados en Carrizo Springs, Texas, que había sido abierto por la istración de Donald Trump en junio de 2019 y había sido cerrado un mes después tras los reclamos de organizaciones de derechos humanos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) informa que la medida se tomó por un alza en el arresto de niños que cruzan solos por puntos no autorizados de la frontera con México y justo en plena pandemia.
"Con un número cada vez mayor de menores no acompañados que se remiten a la ORR (Oficina de Reasentamiento de Refugiados) y por la necesidad de espacio adicional necesario para cumplir con las estrategias de mitigación por el covid-19, ORR debe tomar las medidas prudentes para aumentar la cantidad de camas disponibles y minimizar el tiempo en el que los niños están bajo custodia de CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza)", se lee en el comunicado. "Aunque ORR ha trabajado para aumentar su capacidad de camas con licencia y actualmente financia más de 13,200 camas con licencia (la más alta en la historia del programa), la pandemia de covid-19 ha creado condiciones que propician una capacidad limitada en las instalaciones con licencia para dar albergue", agregan.
Solo en enero, CBP interceptó en la frontera el número más alto de menores no acompañados en este año fiscal: 5,707. La cifra es 18% mayor a la que se reportó en octubre, en momentos en que la frontera continuaba cerrada por la pandemia de covid-19 pero se avecinaba un cambio de gobierno.
Justo el lunes llegaron a Carrizo Springs los primeros niños migrantes, todos entre 13 y 17 años. Ya habían sido evaluados para determinar que no estaban contagiados de covid-19 y habían cumplido un período de cuarentena. Según la nota de prensa, la instalación puede albergar hasta 700 menores —según el sexo— en los ocho edificios con los que cuenta, cada uno con 14 habitaciones con capacidad para ocho menores cada una. Explican que se dispondrá de espacios adicionales semi-permanentes si sobrepasan el que ya tienen. Aseguran que tienen todas las comidas, así como clases, recreación, a abogados y a expertos en salud mental y general.
"El uso de estos espacios es una acción necesaria para asegurar que ORR pueda aceptar a los menores referidos de CBP de forma expedita", explican.
Para el 18 de febrero pasado, 6,800 niños se encontraban en custodia de la ORR, lo que representa más de 90% de la capacidad instalada de la que disponen en tiempos de covid-19, dijo un funcionario a The Washington Post, quien señaló que el espacio de Carrizo Springs será cerrado una vez que acabe la declaración de pandemia. En su comunicado, HHS estimó que en promedio, hasta finales de enero, los menores han pasado en custodia federal un máximo de 42 días. Aseguran que quieren disminuir ese tiempo.
A pesar de las explicaciones de parte del gobierno de Biden, los abogados de inmigración y activistas cuestionan la decisión de reabrir un espacio que fue tan criticado y protestado por las condiciones en que son refugiados los menores, el costo que generan (entre 750 y 800 dólares por niño al día) y la falta de transparencia en su manejo, sobre todo porque están asentados en zonas apartadas y con poco a las organizaciones para hacer vigilancia.
"Es un retroceso, un gran retroceso", dijo Linda Brandmiller, abogada de inmigración en casos de menores al diario The Washington Post. "Es innecesario, costoso y va absolutamente en contra de todo lo que Biden prometió que iba a hacer".
"Cuando leí que lo abrirían de nuevo, lloré", dijo al Post Rosey Abuaba, una activista de San Antonio que fue detenida por protestar a las afueras de este centro en 2019. "Me consolé con la idea de que era considerado el Cadillac de los centros, pero no tengo ninguna esperanza de que Biden lo mejore".
Carrizo Springs es una instalación manejada por la organización sin fines de lucro BCFS Health and Human Services, un contratista de la ORR, la agencia que trabaja con el Departamento de Salud en la atención de los menores no acompañados. Muchos de estos niños llegan a Estados Unidos con la idea de reunirse con familiares que viven en Estados Unidos. La ORR asiste en la verificación de los antecedentes de estas personas y, si son aptas para asumir la custodia, los menores son dejados en libertad para que vivan con ellos y continúen con sus procesos migratorios.
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