Autoridad federal prohíbe nuevamente la conformación de un sindicato de jueces de inmigración
En una decisión sorpresiva e inesperada, un de la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) emitió un segundo fallo que le cierra las puertas a la certificación del sindicato de jueces de inmigración y sigue dejándolos en silencio ante las críticas que puedan tener del sistema migratorio.
El de la FLRA determinó la semana pasada (en una votación 2-1) que la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) “no puede organizarse, ya que son comparables con gerentes y actúan bajo el mando del Departamento de Justicia (DOJ)", decisión que constituye un nuevo rechazo a la capacidad de negociación colectiva de poco más de 500 jueces.
La decisión propinó un duro revés a las aspiraciones, tanto de la NAIJ como de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (Corte de Inmigración, EOIR por sus siglas), de revocar su decisión inicial de descertificación emitida a principios de noviembre de 2020.
La batalla
En agosto de 2019, el DOJ del entonces presidente Donald Trump lanzó una estrategia para “descertificar” a la NAIJ, maniobra que buscaba “silenciar a una organización cuyos han sido abiertamente críticos de la agenda de aplicación de la ley de inmigración del gobierno, conocida como ‘tolerancia cero’".
El DOJ presentó una petición solicitando a la FLRA que determine si se debería revocar la certificación del sindicato porque sus son considerados "funcionarios istrativos" no elegibles para organizarse colectivamente.
A diferencia de otros jueces federales que forman parte de la rama judicial, los jueces de inmigración son nombrados por el fiscal general y son empleados del DOJ.
La treta emprendida por el gobierno anterior era dejar sin voz a los jueces de inmigración, una estrategia que, a pesar de que Trump ya no está gobernando, la FLRA volvió a fallar en contra de las aspiraciones de la NAIJ que batalla por conseguir su independencia, tal como el resto del sistema de justicia.
El fallo
En la decisión de la semana pasada, el papel de la FLRA argumentó que el sindicato de jueces había solicitado “que reconsideremos nuestra decisión” de 2020. Ella excluyó a la totalidad de jueces inmigración de la capacidad de negociación “con el argumento de que son funcionarios istrativos” y, por lo tanto, no son apropiados de la unidad según el Estatuto de Relaciones Laborales-Patronales del Servicio Federal.
La directora regional de la FLRA, Jessica S. Bartlett, negó la petición de la Agencia y encontró que, a pesar de las circunstancias cambiantes, la unidad seguía siendo apropiada porque los jueces de inmigración, dijo, “no son funcionarios istrativos” sino “funcionarios de gestión y, por lo tanto, excluidos de la unidad de negociación”.
El sindicato de jueces presentó un pedido de reconsideración alegando que la Autoridad incurrió en un error al “negarse a analizar el expediente de hechos”, y que la FLRA también había incurrido en un error en sus conclusiones de derecho al “concluir que no se aplicó la prohibición de ataques colaterales y anulando su precedente sin una justificación adecuada”.
Qué dicen los jueces
Tras conocer la decisión de la FLRA, la NAIJ criticó el fallo y dijo que se trató de “un intento cínico de acabar con el sindicato que ha representado y dado voz a los jueces de inmigración de Estados Unidos durante casi medio siglo”.
“Esta es una decisión mal razonada y anula la voluntad de las partes”, dijo jueza de inmigración de Nueva York y presidenta de la NAIJ, Mimi Tsankov.
Ernest DuBester, presidente de la junta de la FLRA, señaló en una opinión disidente que “la misma petición que proporcionó el vehículo para que la mayoría emitiera su decisión” había sido retirada por el Departamento de Justicia el año pasado tras la toma de posesión de Joe Biden y el abandono de los esfuerzos por descertificar el sindicato.
Cabe señalar que la Casa Blanca de Biden ha dejado muy claro que los trabajadores federales, incluidos jueces de inmigración y otros profesionales, deberían tener derecho a la representación y la sindicalización.
La movida de Trump
A finales de julio del 2020, un año después de la carga para anular el sindicato, la FLRA determinó que los jueces de inmigración tienen plenos derechos laborales, decisión que les permitió permanecer sindicalizados y ejercer conforme dicta el debido proceso migratorio sin obedecer órdenes del fiscal general de turno.
“El intento del Departamento de Justicia de descertificar la Unión (o sindicato) no tenía mérito”, dijo la NAIJ en un comunicado tras conocer la decisión.
La agencia federal encargada de proteger los derechos y el lugar de trabajo de los empleados federales indicó no haber hallado mérito en los argumentos entregados por el DOJ respecto a que los jueces son “gerentes” a quienes se les debe negar el derecho de formar un sindicato y negociar colectivamente con su empleador.
Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, cuatro meses después de la decisión, un de la misma entidad revirtió el dictamen y aceptó los argumentos presentados por el gobierno de Trump. El segundo dictamen, entregado el lunes de 2 noviembre, un día antes de la elección presidencia pasada, indicó que los jueces no pueden sindicalizarse porque son "funcionarios del gobierno" y, por lo tanto, no pueden formar ni ser de una organización laboral.
La decisión despojó a más de 500 jueces federales de sus derechos de negociación colectiva. En el fallo, el de tres la FLRA, dos de ellos nombrados durante el gobierno de Trump, revirtieron la decisión adoptada por la Dirección Regional (RD) de la Autoridad, negaron la petición de la NAIJ y excluyeron a todos sus de pertenecer a un sindicato bajo el argumento de que son “funcionarios de la gerencia” y, por lo tanto, “no son apropiados para sindicalizarse según el Estatuto FLRA”.
El pasado 23 de enero, Univision Noticias entrevistó a la presidenta honoraria de la NAIJ, jueza Dana L. Marks, sobre el gigantesco atasco que tiene la Corte de Inmigración con casi 1.6 millones de casos.
“Esto aislaría a la Corte de las presiones políticas que resultan de los cambios en los expedientes y la falta de recursos adecuados para las Cortes de Inmigración. Pero eso está en manos del Congreso”, apuntó.
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