Así funciona el programa de deportaciones aceleradas que Trump quiere expandir por todo el país
Un programa creado por el Congreso en 1996 que permite la deportación acelerada de ciertos inmigrantes con o sin papeles, y que se implementa hasta 100 millas de la frontera, podría ser ampliado a nivel nacional, reconoció el viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La Deportación Acelerada (Expedited Removal, ER) “es un procedimiento efectivo para la expulsión de extranjeros inisibles”, respondió Joanne Talbot, vocero del DHS, a una pregunta de Univision Noticias. “La secretaria (Elaine Duke) está revisando opciones para la expansión del programa como parte de la estrategia general de seguridad fronteriza y en consonancia con el memorando del exsecretario (John) Kelly del 20 de febrero de 2017”, agregó.
La medida permite la expulsión rápida de inmigrantes considerados inisibles bajó la Sección 212(a)(6)(C) o (7) de la Ley de Inmigración (INA), y afecta a extranjeros que se encuentran dentro de las 100 millas de la frontera aérea y terrestre de Estados Unidos, y dentro de los 14 días posteriores a la entrada de un extranjero.
Miles en la mirilla
“El programa afecta tanto a personas que entran indocumentadas al país como a aquellos que ingresan legalmente por un puerto fronterizo”, explica Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con el noticiero Univision.
En 1996, el Congreso autorizó al servicio de inmigración (en aquel entonces comandado por el Servicio de Inmigración y Naturalización, INS, bajo el mando del Departamento de Justicia) expulsar rápidamente a ciertos extranjeros inisibles de Estados Unidos, explica la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
“La medida cubre a los extranjeros que son inisibles porque no tienen documentos de entrada, o porque han utilizado documentos falsificados, alterados o fraudulentos o inapropiados”, añade la agencia. Según explica, la autoridad concedida por el Congreso “incluye a los extranjeros que llegan, intentan ingresar o han ingresado a Estados Unidos sin haber sido itidos o puestos en libertad condicional por un funcionario de inmigración en un puerto de entrada”.
A discreción del DHS
El DHS tiene la autoridad para ordenar la deportación de un extranjero sin que sea llevado ante un juez de inmigración, excepto bajo ciertas circunstancias después de que la persona afectada efectúe un reclamo de estatus legal en Estados Unido o demuestra un temor creíble de persecución si es devuelta a su país de origen.
“Si el gobierno amplía a nivel nacional este programa, evitar la deportación expedita dependerá de varios factores, pero en última instancia todo dependerá del uso de la discreción del gobierno”, advierte Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.
“Será el DHS quien decida a quién expulsa de manera acelerada y a quién no. Temo que muchos inmigrantes podrían verse afectados, y tendrán más dificultades para defender su derecho de permanencia en el país”, agregó.
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El memorando de Kelly
El 20 de febrero Kelly explicó en un memorando cuál es la política migratoria del presidente Donald Trump, basada en las órdenes ejecutivas sobre el muro fronterizo y las ciudades santuario, fechadas el 25 de enero.
El memorando de Kelly ordena detenciones, arrestos y encarcelamientos para cumplir la Ley de Inmigración y prevé que, en los casos que correspondan, sean los jueces de inmigración quienes decidan el futuro de cada indocumentado según sus propios méritos.
El documento, además, define cuál es la prioridad de arrestos del DHS. Se enfoca en dos grupos:
· Indocumentados capturados cuando intentan cruzar sin papeles las fronteras.
· Indocumentados que fueron hallados después en cualquier parte del territorio estadounidense.
“Viola la Constitución”
De ampliarse el programa de deportaciones aceleradas, “lo vamos a demandar porque consideramos que viola la Constitución de Estados Unidos”, dice Juan José Gutiérrez, director del Movimiento Latino USA en Los Angeles, California. “Hay que tener en cuenta que en este país nadie es culpable hasta que se le pruebe lo contrario, y se le debe dar a todo el mundo la oportunidad de presentarse ante un juez para defender su inocencia, o en este caso los inmigrantes defiendan el derecho de permanecer en el territorio estadounidense”.
“Desde el punto de vista legal, ampliar el programa sería cuestionable, y anticipamos que será peleado en los tribunales de justicia. Es discriminatorio”, añadió.
Los abogados también permanecen en alerta. “Hay ciertos factores que le permiten al gobierno el uso de la discreción para deportar a ciertas personas y a otras no. Pero preocupa que personas detenidas dentro de Estados Unidos, por ejemplo, en los aeropuertos, puedan ser expulsadas y no tengan la oportunidad de ir ante un juez de inmigración”, dice Barrón.
“Es clave que todo el mundo conozca sus derechos”, agrega. “Y por nada, si son sometidos a revisiones, firmen una salida voluntaria, porque eso significa renunciar al derecho de permanecer en EEUU”.
Hernández recordó muchas de las medidas vigentes desde comienzos de año “se están ejecutando más allá de la frontera”, y que los mayores afectados son inmigrantes “cuyas visas expiraron o entraron indocumentados. A ellos los pueden deportar de forma acelerada porque el DHS considera que no necesitan ir ante un juez”, indicó.
