Republicanos acusan a Biden de retener a niños migrantes más de lo permitido: ¿cuánto tiempo los retuvo Trump?
La semana pasada medios reportaron que el gobierno de Joe Biden estaba incumpliendo el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que determina plazos máximos de detención de Menores No Acompañados (UAC) en centros de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol), y también en los centros del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
El diario The Washington Post reportó, en base a informes del Departamento de Seguridad (DHS), que el gobierno mantenía un alto número de UAC “en celdas de detención durante más tiempo de lo permitido”, que es de 72 horas máximo, y que funcionarios federales de salud “retrasan aún más” los plazos porque no disponen de suficientes camas ni centros donde recibirlos y puedan continuar con sus procesos migratorios.
La cadena CNN, por su parte, publicó una nota señalando que los niños migrantes no acompañados que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México permanecen bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza durante más de tres días en promedio (hasta 77 horas), y que la crisis está aumentando con el paso de los días.
El Acuerdo Flores también señala que en los centros de detención del HHS los inmigrantes menores de edad no pueden permanecer más de 21 días, plazo dentro del cual el gobierno debe procurar poner a los UAC bajo el cuidado de familiares o patrocinadores.
En el caso de no conseguirlo, los menores pasan a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que opera bajo el mando del HHS. En ambas situaciones los inmigrantes continúan sus procesos de inmigración hasta que un juez decida sus permanencias en Estados Unidos.
Los plazos de Biden
El gobierno de Biden se resiste hablar de "crisis” y utiliza el término “problema serio” para referirse a la llegada de miles de inmigrantes a la frontera sur principalmente en busca de asilo.
También reconoce problemas para cumplir con el plazo de 72 horas para entregar a los UAC a las autoridades del HHS, y advierte que las dificultades obedecen a la existencia de un sistema dañado durante el gobierno de Donald Trump, quien desarmó la infraestructura existente y que se necesita para procesar los miles de casos que abarrotan los centros de detención de la Patrulla Fronteriza.
Pero a diferencia del gobierno anterior, que se esforzó por detener y deportar a la mayor cantidad de menores y familias migrantes, incluso separándolos forzosamente cuando llegaban en busca de asilo (un recurso legal disponible), Biden reitera que está cumpliendo con el Acuerdo Flores de 1997 y otras disposiciones legales que regulan el proceso de asilo.
Posturas antagónicas
El Acuerdo Judicial Flores de 1997 estipula que el gobierno federal no puede privar de libertad a menores en centros de detención del gobierno federal. Y que para poder procesarlos el gobierno cuenta con 72 horas (3 días) para entregarlos bajo la custodia del HHS.
Esta segunda instancia y también bajo las regulaciones del Acuerdo, debe procesar y entregar a los UAC a familiares o tutores en un plazo de 21 días.
El gobierno de Biden ha dicho que está haciendo todo lo posible para cumplir con los plazos establecidos y promete restaurar y mejorar el sistema desmantelado por el gobierno anterios.
Trump consideró que el Acuerdo Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008, sobre prevención de tráfico humano, se trató de “lagunas” legales que los inmigrantes utilizaban para aprovecharse del sistema de asilo.
La Casa Blanca de Biden dice que cumplirá con lo estipulado con la ley a menos que el Congreso diga lo contrario y cambie la legislación vigente, una variante que mencionó Trump, pero el Congreso no tomó cartas en el asunto.
Los plazos de Trump
La mayoría de las críticas a la política migratoria de Biden provienen de republicanos, quienes culpan al mandatario de la crisis que se registra en la frontera. Pero en sus alegatos no mencionan los plazos de detención que se manejaron durante el gobierno de Trump.
En junio de 2019 Univision Noticias publicó una serie de cartas escritas de puño y letra por menores que permanecieron en centros de detención de la Patrulla Fronteriza en Texas y luego trasladados a centros del HHS en el sur de Florida.
En los documentos los niños narran haber experimentado amenazas, Las cartas denuncian amenazas, gritos, torturas como falta de sueño, frío, condiciones de trato inhumano y desolación. Y en cuanto al tiempo de permanencia en esos centros, hablan de 5 a 7 días antes de ser remitidos al Departamento de Salud (48 a 96 horas más de lo permitido frente a las 5 horas que denunció el Post y CNN).
En una segunda entrega de testimonios, un niño escribió: "Yo me vine de mi país porque me quedé solo, fin familia. Mi viaje fue una experiencia buena. A lo largo del viaje no sufrí en nada.
A la hora de entregarme a migración comenzó el tormento. Porque me trataron mal, los alimentos son feos y el trato es malo. Me castigaron, me privaron de mis necesidades físicas.
Después me trasladaron a (xxxxx). En ese lugar, pues me tratan bien y me dan lo que necesito.
Un tercer testimonio denunció que "las niñas, cuando andaban con su periodo, sufrían porque cada cinco días las dejaban bañarse. Solamente nos daban una llamada de dos minutos y por obligación. Aunque estuviésemos mal teníamos que decir que estábamos bien, porque nos dijeron que todo lo que dijéramos quedaba grabado. Y si decíamos cosas malas, nos castigaban. Habían niños hasta la edad de 7 años y solo pasaron llorando por sus padres".
Demoras en el HHS
En cuanto a las demoras en los centros de detención del HHS, en enero de 2020 Univision Noticias reportó que, si bien el Acuerdo Judicial Flores de 1997 determina que un UAC no debe permanecer más de 21 días privado de libertad por el gobierno, la lectura de una base de datos del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) donde llevan un registro detallado de los menores detenidos en los centros de detención regados por el país, en uno de ellos, ubicado en Homestead, sur de Miami (Florida), había poco más de 2,300 niños, y más de 1,101 de ellos llevaban encerrados más tiempo del permitido, entre 120 y 133 días (2,880 a 3,192 horas).
El promedio de días de encierro de los más de 2,300 menores en ese entonces bordeaba los 70 días. A un costo diario de $750 dólares, según datos del HHS entregados a comités de la Cámara de Representantes y del Senado ese año, significa que la empresa a cargo del centro de procesamiento cobrada $1.7 millones de dólares diarios o $119 millones de dólares cada 10 semanas.
Manteniendo intacto el número de camas, en un año calendario (365 días) el cobro ascendía a unos $620.5 millones de dólares. Había incluso, en aquel momento, planes de elevar a 4,500 el número de camas diarias disponibles, estimando el cobro diario en $3.3 millones de dólares y una proyección anual de unos $1,204 millones de dólares.
En julio de 2019 un informe divulgado por la Oficina del Inspector General del DHS, reveló la situación en la que vivían menores no acompañados en centros de detención de la Patrulla Fronteriza durante el gobierno de Trump.
El reporte evidenció, entre otros hallazgos, que “cientos UAC permanecían retenidos hasta por más de dos semanas, una habitación con 82 inmigrantes varones confinados en una celda con capacidad para 41 personas, mujeres que duermen con sus niños en el suelo dentro de espacios cercados, poca y mala comida para menores de edad, precarias instalaciones sanitarias”. Y advirtió que el hacinamiento visto en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza ubicadas en el Valle del Río Grande al sur de Texas, eta “peligroso”.
“Demasiado temprano”
Activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que es “demasiado pronto” para sacar conclusiones, pero que lo mostrado hasta ahora por la Casa Blanca evidencia un cambio importante en la frontera.
“Yo creo que demasiado temprano saber cómo va a hacer el sistema que promete Biden para la frontera”, dice Matt Adams, director legal del Northwest Immigrant Rights Project (Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste -NWIRP-), en Seattle (Washington).
Adams dijo además que “no estoy de acuerdo con algunos que dicen que Biden ha fallado. Es una buena señal la transparencia que muestra. Trump, en cambio, ocultó la información a la gente y los recursos para verificar que estaba pasando en la frontera y los centros de detención”.
“Para que el gobierno sea responsable ante la gente, debe haber transparencia y verificación”, indicó el activista.
Para María Bilbao, de la organización United We Dream (UWD), “hay buena intención por parte del gobierno”, pero “nosotros seguiremos batallando para que estos centros no sean privados, los reduzcan y haya una mejor supervisión externa”.
"Si no lo cambiamos ahora, en cuatro años puede haber otra vez un gobierno que cometa los mismos errores que la istración Trump”, dijo.
