ACLU cancela conversaciones con el gobierno y reactiva su demanda contra el Título 42
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anunció este lunes que daba por terminadas las negociaciones con el gobierno de deportación acelerada de inmigrantes por la pandemia del coronavirus.
El grupo de derechos civiles dijo en su cuenta de la red social Twitter que las conversaciones con el Departamento de Justicia (DOJ) sobre la devolución de familias en la frontera por parte de la istración Biden “están canceladas”.
"Por lo tanto, las partes buscan reanudar el litigio sobre las mociones de los Demandantes para la certificación de clase y la orden judicial preliminar para toda la clase", dijo.
La demanda
La ACLU demandó la política del Título 42 en febrero, dos semanas después que Biden asumiera el control de la Casa Blanca.
Un mes antes, un de jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia avaló la política de Trump dejando sin efecto un bloqueo temporal emitido en noviembre del 2020 por una corte inferior en otra demanda presentada también por la Unión.
ACLU alega que el Título 42 autoriza la deportación sumaria de Menores No Acompañados (UAC) “sin ningún debido proceso, incluso si el niño está huyendo del peligro y buscando protección en Estados Unidos y no muestra signos de tener COVID-19”.
"Esperamos que el gobierno de Biden no haga necesario un litigio en curso al rescindir esta política ilegal creada por la istración Trump", indicó.
El proceso
La demanda reactivada este lunes fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el Distrito de Columbia (Washington DC).
La organización dijo que después de varias semanas de negociaciones las conversaciones con el DHS llegaron a un punto muerto.
El gobierno de Biden ha defendido durante meses su uso del Título 42, incluso cuando sugirió que la iba na eliminar.
En mayo la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) deportó a más de 112,000 migrantes en la frontera con México bajo el Título 42.
Compás de espera
El 21 de junio se conoció que la Casa Blanca estudiaba poner fin a la aplicación del Título 42 del Código de Estados Unidos, una vieja política de 1944 que fue activada el año pasado como parte de las medidas para contener la propagación del coronavirus por el gobierno de Donald Trump.
La medida permite, por razones de seguridad pública, negar la entrada de ciertos extranjeros y proceder a su expulsión acelerada, incluso de quienes huyen de sus países y llegan en busca de asilo, un recurso legal disponible.
Pero la semana pasada y contra todo lo esperado, el DHS anunció la reanudación del programa de deportaciones aceleradas (expedited removal) de ciertas unidades familiares que no pueden ser expulsadas (deportadas) bajo el Título 42, las que serán puestas en procedimientos de deportación inmediatos.
El gobierno argumenta que la deportación expedita “proporciona un procedimiento legal y más acelerado” para expulsar del país aquellas unidades familiares “que no tienen una base bajo la ley estadounidense para estar en Estados Unidos”.
El reglamento, actualizado en 2001, señala que se aplica a los extranjeros inisibles en Estados Unidos “únicamente” bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Criticas al gobierno
Activistas y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes criticaron la reactivación de la política de deportaciones aceñleradas anunciada por el DHS.
“Esta decisión de parte del gobierno de Biden demuestra que el espíritu antiinmigrante de Trump y Stephen Miller sigue vivo”, dijo Paola Luisi, directora ejecutiva de Families Belong Together (Las Families Merecen Estar Juntas).
En los últimos cuatro años Families Beling Together aglutinó a casi 250 grupos y organizaciones que lucharon contra la política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Trump.
