Abogados denuncian que la fuerza de deportación de Trump viola el debido proceso migratorio
La revisión de miles de ciudadanías y la anulación de miles de casos cerrados istrativamente por las cortes de inmigración, entre otros Donald Trump, no solo inquieta a la comunidad inmigrante, sino que encienden las alarmas en la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
“No garantizan la imparcialidad” de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), dijo la asociación en un reporte publicado en su página digital.
AILA precisó que, desde que Trump asumió el cargo, “el gobierno ha alterado drásticamente las misiones” de ambas dependencias, “convirtiendo a agentes y jueces de las cortes de inmigración en herramientas de aplicación de la ley en lugar de fungir como oficiales justos e imparciales en la adjudicación de beneficios migratorios”.
Las nuevas políticas, elaboradas fuerza nacional de deportaciones que el mandatario prometió a sus electores durante la campaña.
Deportaciones más rápidas
Los abogados alertan que bajo la nueva orientación de USCIS, ratificada la semana pasada por el director de USCIS, Lee Francis Cissna, quien aseguró que el papel de la agencia es istrar “el sistema de inmigración legal de la nación, salvaguardar su integridad y su promesa mediante la adjudicación eficiente y justa de solicitudes de beneficios de inmigración mientras protegemos a los estadounidenses, protegemos la patria y respetamos nuestros valores”, los agentes federales aprobarán menos beneficios “sometiendo a los inmigrantes a un proceso de deportación antes que enviarlos a una corte y, con ello, garantizar el cumplimiento del debido proceso”.
Cissna también ha dicho que las personas que sirve a la agencia no son los inmigrantes con los cuales su personal interactúa, “sino el pueblo estadounidense”.
Bajo los nuevos lineamientos, “estas agencias se están convirtiendo en la correa transportadora de la maquinaria de deportaciones del gobierno de Trump”, advierte AILA.
La también llamada fuerza nacional de deportaciones fue prometida por Trump durante su campaña. Consiste en otorgar poderes especiales a policías locales y agentes públicos para que colaboren en las tareas de deportación de indocumentados.
Apertura de juicios
Entre los cambios peligrosos recientemente AILA menciona el nuevo reglamento que regula el envío de Notificaciones de Comparecencia (NTA), que coloca a miles de inmigrantes con y sin papeles se permanencia legal en Estados Unidos al borde de la deportación.
“Significativamente, USCIS emitirá una NTA en cada caso en que un solicitante o beneficiario no está legalmente presente en el momento en que se rechaza una solicitud de beneficios de inmigración”, explica. “Como resultado, miles de personas serán derivadas para su deportación, incluidas las personas que ingresaron legalmente al país, siguieron todas las reglas para extender o cambiar su estatus, pero cuyas aplicaciones son denegadas. Incluso si solo es por una deficiencia técnica".
AILA también advierte que, en algunos casos, ciertos inmigrantes que salgan de Estados Unidos “se requerirá que permanezcan en su país” afectando sus comparecencias ante un juez de inmigración. Y si no se presentan a una audiencia programada, los individuos podrían recibir sanciones severas y perjudicarles en la obtención de beneficios de inmigración en el futuro.
“Los tribunales de inmigración se verán inundados de casos adicionales, lo que hará que sea aún más difícil para las personas esperando por la resolución de sus casos”, añade.
Al 6 de julio, el número de casos acumulados en las cortes de inmigración era de 732,730, según datos de EOIR a los que tuvo Univision Noticias.
Deportaciones aceleradas
Además de la nueva política de emisión de NTA, las nuevas medidas anunciadas por el gobierno “hace que sea aún más fácil para la USCIS denegar solicitudes de beneficios de inmigración sin dar al solicitante la oportunidad de corregir una deficiencia o complementar el registro con evidencia adicional”, previenen los abogados.
También fustigan los cambios hechos al reglamento que desde hace más de 20 años norma la permanencia de estudiantes extranjeros “aumentando las penas por presencia ilegal”, señalan.
En cuanto al cambio a la declaración de principios hecho en febrero por la agencia, AILA dijo que la modificación, “eliminando referencias a Estados Unidos como una nación de inmigrantes”, contraviene la intención del Congreso cuando aprobó la Ley Patriota, designando específicamente a USCIS como una agencia que adjudica beneficios de inmigración”.
En cuando a la orden emitida por el fiscal general Jeff Session, se revertir miles de casos cerrados istrativamente, así como el sistema de cuotas impuestas a los jueces a cambio de evaluaciones de desempeño, AILA dice que ambas decisiones afectan la “calidad” del trabajo y “presionan a los jueces para completar casos complicados” de inmigración.
“La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) tildó las modificaciones como la 'muerte de la independencia judicial'" y un duro golpe al “debido proceso”, dijeron los abogados.
Al 30 de junio de este año, la EOIR tenía registrados 351,305 casos cerrados istrativamente.
Los cierres istrativos se aplicaban rutinariamente a personas sin antecedentes penales que habían vivido durante muchos años en Estados Unidos, a menudo con hijos o cónyuges ciudadanos estadounidenses. En muchos casos, tras el cierre de esos casos, los inmigrantes podían postular a obtener permisos de trabajo y una licencia de manejar, aunque siguieran siendo indocumentados.
Gobierno “imprudente”
El reporte también incluye la decisión del gobierno de negar casos de asilo a víctimas de violencia doméstica y de pandillas, política que AILA señala que deterioran aún más el debido proceso migratorio y aumentan sobremanera el recargo en el ya congestionado calendario de las cortes de inmigración.
“Las políticas agresivas e imprudentes de la istración demuestran por qué el Artículo I de las Cortes de Inmigración deben ser reestructurado, para que sea independiente del Departamento de Justicia”, pide AILA.
Si lograrse este cambio, los abogados anticipan que “se garantizará la imparcialidad fundamental y el debido proceso en todos los casos”. E insisten en que “los tribunales de inmigración no pueden operar bajo el control de la agencia que es responsable del enjuiciamiento y la ejecución de los casos de inmigración”.
Para conseguir estos propósitos, AILA le pide al Congreso:
- Que restaure el debido proceso migratorio.
- Que supervise el trabajo que llevan a cabo la USCIS y el EOIR bajo las nuevas políticas del gobierno de Trump.
- Que apruebe una ley que redefina la misión de ambas agencias.
- Que someta y apruebe una ley para eliminar el memorando que regula las nuevas regulaciones a las visas tipo F, J y M recientemente emitido.
- Aprobar una ley que anule la decisión del fiscal general Sessions que niega asilo a víctimas de violencia doméstica y de pandillas.
"Mientras desempeña el papel de fiscal y juez, el fiscal general Sessions continúa perpetuando la falsa narrativa de que los inmigrantes son los culpables de las ineficiencias de larga data que plagan el sistema de tribunales de inmigración mientras se reescriben las leyes de inmigración de nuestra nación”, dijo Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA.
