Hay 1.2 millones de indocumentados con orden de deportación pero no todos están en la mira del DHS, dice Mayorkas
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, defendió la política fronteriza del gobierno de Joe Biden ante los del Comité Judicial del Senado. Explicó que el DHS tiene “recursos limitados” y que no todos los indocumentados con orden final de deportación serán expulsados del país.
Mayorkas les dijo el martes que no todos entre los más de 1,200,000 inmigrantes indocumentados con órdenes finales de deportación deberían ser expulsados: “El hecho de que un individuo sea un indocumentado removible no debería ser el único motivo de una acción judicial contra ellos".
También cuestionó la validez de la totalidad de las órdenes finales de deportación existentes, muchas de las cuales fueron emitidas en ausencia debido a fallos en las Notificaciones de Comparecencia (NTA). Ese problema fue zanjado por la Corte Suprema, que dictaminó que los documentos mal escritos, sin fecha o con direcciones incorrectas, no eran válidos.
Reafirmó las prioridades de deportación que fueron anunciadas en febrero y actualizadas en octubre por medio de un memorando que envió a los directores de todas las agencias bajo su mando. Contempla lo siguiente:
Durante la comparecencia, el funcionario fue duramente interpelado por el alto número de inmigrantes arrestados durante 2021 en la frontera sur: un total de 1,956,519 encuentros.
A pesar de que la mayoría de los detenidos por las autoridades fueron expulsados bajo el Título 42 por la pandemia del coronavirus —una cuestionada herramienta habilitada durante el gobierno anterior y que sigue vigente— los republicanos mostraron preocupación por el alto número de extranjeros que sigue llegando a la frontera por lo que definen como una política de “puertas abiertas” de parte del gobierno de Joe Biden.
La defensa de Mayorkas
Los cuestionamientos a Mayorkas estuvieron centrados en las prioridades de deportación de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y también en el posible pago a familias que fueron separadas forzosamente en la frontera durante el gobierno de Donald Trump, como parte de la ‘política de tolerancia cero’.
El jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos defendió las políticas vigentes y decisiones del departamento bajo su mando, que desde enero ha venido anulando una serie de memorandos y órdenes internas del gobierno anterior para el restablecimiento del debido proceso migratorio autorizado por el Congreso.
Entre enero de 2020 y enero de 2021 el gobierno de Trump emitió más de 400 órdenes ejecutivas y memorandos para cambiar reglamentos e interpretaciones de programas de inmigración aprobados por el legislativo, afectando severamente la política de asilo sin la participación del Congreso.
A pesar de que Mayorkas reiteró que la anulación de las medidas permitió recuperar el debido proceso, los republicanos insistieron en culpar a Biden por la crisis en la frontera. Pero los argumentos de la oposición no revelan que la mayoría de los detenidos han sido expulsados y que el resto está siendo procesado tal y como lo indica el debido proceso.
Seguridad nacional
Los republicanos mostraron la cifra de detenciones (hallazgos) en la frontera durante el año fiscal 2021 y advirtieron que la crisis se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
De acuerdo con datos oficiales, cerca de un millón de los más de 1.7 millones de arrestos registrados en el último año fiscal fueron rechazados bajo el Título 42. Eso incluye a algunos que ya habían sido deportados.
Si bien los republicanos no mencionan el promedio de cruces indocumentados exitosos, sí insisten en acusar al gobierno de Biden de mantener una política de "fronteras abiertas" que, denuncian, pone en libertad a inmigrantes que dan positivo al covid-19 y cometen delitos o faltas criminales.
Al término del segundo gobierno de Barack Obama, en 2016, el DHS estimó que el cruce indocumentado exitoso se mantenía por debajo de los 55,000 casos por año y por encima de 97% de efectividad para detener o atajar el ingreso ilegal al país. Durante los años fiscales 2017 y 2018, los dos primeros del gobierno de Trump, el porcentaje de éxito aumentó en 11 puntos porcentuales. No hay datos posteriores.
Ante un cuestionamiento formulado por el senador republicano Mike Lee (Utah) sobre el control del DHS en la frontera con México, Mayorkas respondió que las expulsiones bajo el Título 42, de casi un millón de personas, evidencian que las fronteras “no están abiertas”.
Lee respondió que el control operativo tiene que ser medido “por aquellos que están entrando a un nivel vertiginoso, ilegalmente”; no explicó que leyes y reglamentos, como el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley de Prevención del Tráfico Humano (TVPRA), estipulan que deben ser los jueces de inmigración quienes determinen el futuro de los solicitantes de asilo que llegan a la frontera. Tampoco mencionó que el asilo es un recurso legal disponible autorizado por el Congreso.
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