Cuál será el papel de las Fuerzas Armadas en el plan de deportaciones masivas de Trump
Una de las principales promesas del presidente electo Donald Trump durante la campaña electoral que acaba de finalizar fue la de inmigrantes indocumentados que se cree viven en EEUU, más otros 3 millones de extranjeros con estatus temporal de permanencia incluyendo dreamers amparados por DACA. La reciente confirmación por parte de Trump del uso de las Fuerzas Armadas para llevar adelante el plan añade un nivel adicional de complicación y preocupación a la situación de esas personas.
El director del grupo de activismo conservador Judicial Watch, Tom Fitton, escribió en Truth Social que el gobierno de Trump “declararía una emergencia nacional y utilizaría recursos militares” para llevar a cabo “un programa de deportación masiva”. Como respuesta Trump respondió con un escueto “CIERTO”.
El personal militar puede ayudar a ICE pero no asumir sus funciones
Sin embargo, la idea del uso de personal y recursos militares en la implementación del plan ya está siendo ampliamente discutida.
De hecho, durante la campaña, Trump había sugerido que podría usar personal militar en su plan de deportación masiva ya que la Ley de Insurrección de 1807, le otorga al presidente poderes de emergencia para utilizar tropas en territorio nacional discrecionalmente, si según su criterio la situación lo justifica.
En una entrevista con Fox News, Thomas Homan, quien dirigió interinamente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y acaba de ser elegido por Trump para ocupar el cargo de zar de la frontera, explicó que los activos militares estarían asignados a realizar “tareas no relacionadas con la aplicación de la ley”. Es decir, no podrán realizar arrestos.
“Serán utilizados para realizar tareas (...) como el transporte, ya sea por tierra o por aire, infraestructura, construcción, inteligencia”, dijo Homan.
Ese papel no difiere del rol que actualmente ejercen 2,500 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur por el gobierno de Trump y que han continuado allí bajo el gobierno del presidente Joe Biden, pero en una escala mayor impuesta por la magnitud de la tarea.
El personal y recursos militares serían utilizados por ejemplo en la construcción de masivos centros de detenciones sin los cuales sería imposible llevar a cabo las deportaciones a gran escala prometidas por Trump, y sus vehículos aéreos y terrestres serían usados para transportar a los inmigrantes detenidos.
Las detenciones sin embargo seguirán estando a cargo de los agentes de ICE ya que la ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe a las fuerzas armadas de Estados Unidos llevar a cabo tareas de aplicación de la ley en el territorio nacional.
Críticas al plan de Trump
El uso del personal militar en un papel de apoyo a las fuerzas federales no está bien vista dentro de los altos rangos del liderazgo militar.
Poco antes de su retiro, durante una interpelación ante el Senado en junio, el entonces jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, general Daniel Hokanson, dijo que el despliegue de personal militar en operaciones de apoyo a ICE “no tiene ningún valor de entrenamiento militar”.
“Sé que estamos proporcionando apoyo adicional allí. Pero para nuestros guardias allí, es lo mismo que estar en Kuwait o en algún lugar en el extranjero porque están lejos de sus familias”, dijo Hokanson agregando que “están allí realizando misiones que no son directamente aplicables a su conjunto de habilidades militares”.
“Ese tiempo, creo, sería mejor utilizado aumentando la preparación para disuadir a nuestros adversarios”, finalizó diciendo Hokanson.
Las críticas y preocupaciones por el uso de personal y recursos militares en labores d apoyo a ICE van más allá del liderazgo militar.
“Estamos haciendo todo lo posible para dejar claro que la Ley de Insurrección no debe permitir ese uso de las fuerzas armadas”, dijo el senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, citado por The New York Times. “Si no existe una amenaza al orden público de tipo fundamental y de largo alcance, sería ilegal”, añadió el senador.
“El presidente electo Trump tendrá pronto a su disposición todo el poder de la maquinaria del gobierno estadounidense para tener como blanco a los inmigrantes a una escala que nuestra nación nunca ha experimentado”, dijo en un comunicado el director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) Anthony D. Romero.
“Mientras nos preparamos para litigar y creamos un cortafuegos para la libertad en los estados demócratas, también debemos hacer sonar la alarma de que lo que se avecina cambiará la naturaleza misma de la vida estadounidense para decenas de millones de estadounidenses” agregó Romero.
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