Cuando la frontera se revierte: los venezolanos buscan comida y trabajo en Colombia

Domingo, 10 de julio. Desde primera hora de la mañana, cientos de venezolanos vestidos de blanco cruzan los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander que unen los estados de Táchira (Venezuela) con Cúcuta (Colombia). Acompañan la marcha cantando el Gloria al Bravo Pueblo, su himno nacional. Su objetivo: conseguir harina, pasta, arroz, aceite, azúcar, papel higiénico, leche en polvo, jabón, crema dental, desodorante, papel toilet o medicamentos; bienes básicos que han desaparecido de los anaqueles en una Venezuela fuertemente golpeada por la escasez.

El rumor de que el gobierno venezolano reabriría por unas horas la frontera que el presidente Nicolás Maduro cerró hace casi un año –en agosto de 2015– con el pretexto de luchar contra el contrabando y el paramilitarismo, fue visto como una oportunidad de hacer mercado en tiendas con estanterías llenas.

En total, según el gobierno colombiano, más de 35,000 venezolanos fueron a hacer las compras al país vecino, sin importarles los precios más elevados. Pero no fueron los primeros: el miércoles de la semana pasada, un grupo de unas 500 mujeres vestidas de blanco –el color de la paz– ya había derribado un cordón de la militar Guardia Nacional para comprar comida en Colombia.

Pero mientras el gobierno del presidente Juan Manuel Santos insiste en reabrir la frontera, el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, advirtió que la escena no se repetirá.

Sin embargo, en estos once meses de cierre fronterizo, la escasez generó un cambio irreversible en la frontera: ahora son los venezolanos los que cruzan a Colombia en busca de productos y cómo ganarse la vida.

Un bazar de productos venezolanos

La codiciada cerveza Polar, el jamón enlatado Diablitos Underwood para las arepas; detergentes Ariel, ACE y Rindex; champús y jabones de baño con el precio en bolívares y hasta medicinas genéricas 'Genven' se exhiben a pleno sol en un lugar donde las temperaturas pueden trepar hasta los 35 grados centígrados (95 Fahrenheit). Aún así, el mercado callejero de la ciudad de Maicao (La Guajira, en la frontera con el estado venezolano de Zulia) es el sueño para cualquier venezolano que pierde buena parte del día haciendo cola en tiendas con estanterías semivacías.

Pero la falta de productos de ese país también se nota en este lado de la frontera: “Está más cara por la escasez”, apunta un vendendor al mostrar un kilo de leche en polvo que vende por 11,000 pesos colombianos (más de 3,5 dólares). En su mano, un paquete de la marca Casa, que distribuye exclusivamente el gobierno venezolano con la leyenda “Prohibida su extracción del territorio nacional”.

Con la devaluación del bolívar y la crisis del país vecino, el negocio está ahora del otro lado de la frontera y los comerciantes, en su mayoría wayuu -el pueblo indígena más grande de Colombia y Venezuela-, están cambiando el rumbo del envío de sus productos.

“Ahora las cooperativas tenemos permiso para transportar productos colombianos al estado de Zulia”, asegura Eddy Rafael Torrealba, un comerciante de 35 años que asegura llevar tantos años en el negocio que es como si hubiera “nacido en la trocha” (en el camino).

“La mayoría del comercio lo llevamos los guajiros (los wayuu) porque somos los dueños del territorio”, dice mientras un grupo de hombres llena un camión con un cargamento de harina de trigo La Nieve. El vehículo saldrá hacia Venezuela con 220 bolsas de 20 kilos y 150 bolsas de 50 kilos de ese producto.

Es un ritual que se repite en diferentes puntos de la ciudad durante todo el día: aparece un camión vacío y no se sabe muy bien de dónde surge una hilera de muchachos que, como hormigas, cargan paquetes de harina, azúcar, aceite y otros productos básicos y amarran todo de forma que nada se caiga.

Una vez lleno, solo queda que todos los comerciantes se suban al camión y esperen a que el carro “mosca” (el que les guía), les avise cuando la frontera esté libre de policías para partir.

Alejandro Uriana, un wayuu nacido en Maracaibo (capital del estado Zulia), se unió a una cooperativa que comercializa productos entre Colombia y Venezuela después de perder su trabajo como albañil: “Cargo harina, aceite, azúcar y se lo distribuyo a las tiendas y a los supermercados porque (en Venezuela) no tienen nada”, confiesa ya con el camión a tope.

Según cuenta, pese a que el ejército venezolano les permite el transporte de mercancías de Colombia y hasta les da protección, sacarlo del territorio colombiano es ilegal y le toca pagar varios peajes informales para poder transportar sus productos hasta Venezuela. “Ahora tengo que pagar a los de las guayas (barreras), a la guardia. A la policía colombiana le ofreces (un pago) y te deja pasar. Eso encarece bastante los costos”, apunta.

Los wayuu dicen que el comercio entre ambos países ha sido por años su modo de vida. Pero lamentan estar estigmatizados en Venezuela, donde no es raro oír a la gente referirse a ellos como “bachaqueros”, una forma despectiva para catalogar a quienes compran alimentos para venderlos con sobreprecio.

El contrabando de productos fue precisamente uno de los motivos por los que el gobierno venezolano cerró la frontera. Ahora que los flujos fronterizos están cambiando, las cancilleres de Colombia y Venezuela se reunirán el próximo 4 de agosto para tratar la reapertura de los 2,219 kilómetros de frontera común.

El negocio de la trocha

A pocos metros de la frontera que separa Venezuela y Colombia, ha surgido un rudimentario sistema de peajes controlados por los propios pobladores. Son cuerdas de mecate o cadenas, separadas por unos pocos metros entre sí, con la que algunos habitantes de Paraguachón (La Guajira, Colombia) tratan de ganarse unos bolívares.

“Está la patrona ahí. Son 200 bolos (bolívares)”, dice un joven con gorra que se beneficia de un peaje informal en uno de los múltiples caminos de tierra por donde cientos de personas burlan cada día el cierre de la frontera.

“Son 300”, replica a su lado otro, mucho más serio, con lentes de sol oscuros y la mirada fija en los pasajeros de un todoterreno. “Eso es el portón. Esto es la zona”, justifica el doble pago.

En el mismo punto hay dos peajes distintos, lo que refleja el aumento de las mafias que los ciudadanos en la frontera después del cierre decretado por Maduro.

En el límite de Paraguachón, el puesto de control migratorio lleva casi un año inactivo, como la mayoría de los pequeños negocios de comida alrededor del punto fronterizo, que ahora lucen desolados a los costados de dos enormes estatuas blancas de cemento con las iniciales de los dos países “V” y “C”.

A solo unos pasos del lugar donde la policía colombiana descansa, está la cuerda de Miguel (nombre ficticio), un hombre espigado de más de 60 años y uno de los vecinos encargado del cobro a los viajeros.

“Se necesita un saco de plata para llegar hasta allí (Venezuela). Pa’ salir hasta allá se gastan como 3,000 bolívares –el equivalente a 6 salarios mínimos diarios en Venezuela- en puras cadenas”, confiesa.

Este cobro no es nada nuevo, pero los caminos que antes estaban reservados a los camiones y vehículos que llevaban mercancías de contrabando ahora son la única opción para la mayoría de las personas que quieran transitar entre los departamentos de La Guajira y Zulia.

“Antes que estaba la frontera abierta había muchas cosas”, relata Miguel, que se protege del inclemente sol de esta zona de La Guajira con una gorra de propaganda de Francisco Arias Cárdenas, un militar retirado y gobernador oficialista de Zulia. Para él, exigir un pago en las trochas (las vías alternativas que comunican a los dos países) es una de las pocas fuentes de ingresos entre quienes viven en la zona.

Según datos del servicio de Migración de Colombia, más de 1,760 personas cruzaron legalmente la frontera de Paraguachón en abril de 2016, una cifra muy inferior a las más de 10,000 que hicieron ese mismo recorrido en julio de 2015, un mes antes del cierre del paso fronterizo por el gobierno de Maduro. Pero muchas más hacen ese camino sin que quede más registro que el pago a los vecinos en las trochas.

El negocio de poner una cuerda o cadena para cobrar a los viajeros se está volviendo tan suculento – algunos de los jóvenes que resguardan los mecates aseguran poder ganar hasta 50,000 bolívares en un día bueno- que ya ha provocado disputas en la zona.

“Estos guajiros (wayúu) están peleándose las tierras. Como esto se ha vuelto una mina, entonces están peleándose los pedazos, el territorio. Ese que está cobrando es para la guerrilla”, dice en referencia al joven de lentes de sol que pedía 300 bolívares “por la zona”.

Migración a la inversa

Además de costoso para el viajero, el cruce de Colombia a Venezuela por caminos de tierra llenos de huecos puede ser muy peligroso por los asaltos en ese trayecto, según relatan vecinos y pasajeros.

“Tenemos que viajar por las trochas obligatoriamente y es muy peligroso porque ahí nos pueden atracar. Hasta han violado a mujeres…”, se lamenta Zoleidy Atencio, de 39 años, y originaria de la ciudad venezolana de Maracaibo.

Como miembro de la comunidad wayuu, para Atencio, la frontera que un día impusieron Colombia y Venezuela sobre sus territorios ancestrales no existe. Por eso, los más de 600,000 que conforman ese grupo indígena son los únicos que pueden cruzar sin trabas a pie el paso fronterizo oficial.

Pero Atencio solo puede pasar del Cabo de la Vela, en el municipio colombiano de Uribia, donde trabaja, a Maracaibo, donde viven sus cuatro hijos, tomando un Toyota compartido con una decena de personas que pasa a través de la trocha.

“Tenemos que pagar mucho más de lo normal. Los pasajes también los han subido bastante”, cuenta esta mujer cuyo presupuesto de traslado ha pasado de 500 bolívares a entre 3,000 y 3,500, tras el cierre de la frontera.

Pese a haber vivido toda su vida en Maracaibo, la crisis económica venezolana empujó a Atencio a dejar su ciudad natal para desempeñarse como asistente de cocina en un restaurante de Alta Guajira, donde trabaja 24 días al mes. Luego cruza nuevamente la frontera para reencontrarse por seis días con sus hijos en Venezuela.

Ella ha pasado de ganar un sueldo mínimo en Maracaibo a ganarlo en Uribia, pero, por la depreciación del bolívar, el salario en pesos colombianos le rinde más y le permite dar mejor sustento a sus hijos.

Lo más duro de su nueva situación, dice, es tener que vivir separada de ellos. “El niño está en la edad de adolescencia y para mí es muy difícil porque él podría agarrar la mala vida, la calle (...) Mi temor es que vaya a agarrar el mal camino porque no estoy con ellos”, cuenta preocupada.

Ella no es la única en buscarse la vida del otro lado. De ello dan fe los líderes de las comunidades fronterizas que han visto llegar cada vez a más venezolanos en busca de oportunidades.

“Ha habido mucha migración de allá (Venezuela) para acá (Colombia), porque allá está invivible: no hay comida, no hay trabajo...”, afirma Juvenal Paz Palacio, representante del resguardo indígena de Okochi. “Aquí teníamos un problema de desempleo que ahorita ha aumentado por esa situación”.

La reportería de e sta crónica se realizó durante el Taller Historias del agua: nuevas formas de narrar la escasez, que ofrecieron la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y Chicas poderosas, con el apoyo de Oxfam y CAF, entre el 16 y el 20 de mayo de 2016 en La Guajira, Colombia.