Gobernador de Puerto Rico advierte que no cumplirán con todas las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ofreció este martes su primer mensaje sobre la situación de la isla ante la Cámara de Representantes, horas antes de tener que presentar el plan fiscal general exigido por la Junta de Supervisión Fiscal -organismo impuesto por Estados Unidos- para cuadrar el presupuesto de los próximos dos años y aliviar la crisis financiera y el déficit fiscal que enfrenta el país.
Rosselló se dirigió a la ciudadanía para detallar la agenda ejecutada durante sus primeros 57 días de gobierno y las leyes ejecutivas que ha firmado para enfrentar la situación que atraviesa la isla, las cuales dijo están enfocadas en la reactivación de la economía para "levantarse con más fuerza que nunca".
Además, y especialmente, para hablar de su propuesta de recortes para cumplir con las exigencias de la junta, las que señaló no cumplirá en su totalidad pues el ahorro del plan que presentará antes de la medianohce (cuando vence el plazo para su entrega) se sitúa 850 millones de dólares por debajo de lo que pide el organismo.
La Junta de Supervisión Fiscal le ha pedido al gobierno de Puerto Rico un recorte de al menos 4,500 millones de dólares, con sugerencias específicas en algunas áreas como reducción en la operación de gobierno y en los sectores salud, educación y pensiones. Al respecto de estos recortes, el gobernador aseguró que el plan que entregará "cumplirá con los objetivos fiscales, pero sin poner en riesgo los servicios públicos del pueblo".
"No estoy aquí para establecer falsas expectativas, estoy aquí para hablar con la verdad. Tendremos que hacer grandes cambios porque Puerto Rico no aguanta más. La junta encontró que la magnitud del problema es un déficit de más de 7,000 millones y estamos de acuerdo, pero nos corresponde a nosotros resolver ese problema".
Así fue como Rosselló reconoció que no está dispuesto a realizar todos las reducciones en el presupuesto que se le piden, pues no considera que la solución del problema de deuda que afronta el país sean solo recortes, sino un cambio que represente beneficio para que las personas tengan una mejor calidad de vida.
"Un plan fiscal que no atienda esos factores es simplemente inaceptable, no es aceptable atentar contra los más vulnerables de nuestra sociedad o despedir el 30% de nuestros servidores públicos", afirmó al tiempo que recordó que la junta tiene como tarea identificar la magnitud del problema y asegurarse que se resuelva, pero está en las manos de su gobierno decidir el cómo.
"Hemos mantenido informados a los de la junta de nuestras acciones para reactivar el desarrolllo de la isla. Presentaremos el plan fiscal exigido por la Junta de Supervisión sin afectar los servicios del pueblo, sin despedir empleados públicos, sin afectar el al servicio de salud y sin que se afecten los pensionados más vulnerables", explicó el gobernador.
Según el mandatario, estos cambios no tienen que implicar medidas que hagan daño a la sociedad y recordó que "esta crisis ha golpeado muy fuerte a las familias puertorriqueñas, ha provocado que muchos abandonen la isla en busca de mejores oportunidades a Estados Unidos".
Menos recortes, más recaudos
Rosselló hizo un repaso a cada uno de los sectores en los que la Junta de Supervisión exige millonarios recortes, que incluye 1,000 millones de dólares en salud, 1,500 en gastos de gobierno, 300 en la Universidad de Puerto Rico (UPR), 200 en pensiones de funcionarios, además de pedirse incrementar en 1,500 más la recaudación de impuestos, cifras a las que como subrayó no se pudo llegar.
Al referirse a los recortes al sistema de salud, tras proponer un nuevo modelo de a estos servicios dijo que habrá un ahorro de solo de 550 millones de dólares. "La salud del pueblo es prioridad y no es negociable", advirtió.
Así mismo, señaló que no están dispuestos a reducir la cifra que les piden de las pensiones, pues consideran que un recorte del 10% de lo que reciben los jubilados es inaceptable y "hasta inhumano". En ese mismo sentido, reiteró que el plan fiscal no debería afectar la calidad de vida de los puertorriqueños y que por eso "aquellos que tengan más tendrán que aportar más, los más vulnerables no sentirán ningún impacto".
La apuesta del ejecutivo de Rosselló es buscar nuevos ingresos además de los ahorros que incluye el plan, con el objetivo de obtener un panorama de crecimiento económico más optimista que el estimado por la junta.
Rosselló mantuvo que una caída de la economía de más del 17 % el próximo año -como estima la junta- no es real y que, por el contrario Puerto Rico crecerá, lo que quiere decir que la recaudación de impuestos será mucho más elevada de lo que el organismo espera y, por lo tanto se alcanzará el objetivo, aunque en un periodo superior a dos años.
"Con la colaboración de economistas, los nuevos datos que estamos viendo salir como el aumento en el recaudo del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), el aumento en la venta de cemento, el decrecimiento en las quiebras, con las nuevas medidas de desarrollo económico ya plasmadas, el panorama que estimamos es muchísimo más razonable", sostuvo.
La Junta de Supervisión Fiscal ya advirtió que en el caso de que el plan fiscal que le presente este martes el gobierno no cumpla con las expectativas se le dará una segunda oportunidad al equipo de Rosselló, pero que en última instancia y si es imposible el consenso será la entidad que encabeza la que certificará su propio plan.
Aumento del salario mínimo
El jefe del Ejecutivo anunció que en materia salarial se elevará el salario mínimo federal, aunque no dio detalles de la cifra. "El Estado Libre Asociado en la jurisdicción de los Estados Unidos con la mayor desigualdad económica y el menor ingreso per cápita para nuestros trabajadores", resaltó Rosselló durante su discurso.
El gobernador subrayó que "llegó el momento de comenzar a revertir esa injusta situación" y que por ello se llevará adelante la iniciativa, aunque sin dar detalles de la cuantía del aumento.
"Durante las próximas semanas vamos a presentar las acciones ejecutivas y legislativas para establecer la política pública de aumentar el salario mínimo, tanto en el sector público como en el privado", dijo.
Lea también:
