La disputa de dos carteles por el robo de combustible desata ola de violencia en Guanajuato
CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de siete hombres armados y encapuchados irrumpieron el pasado fin de semana en un bar del municipio mexicano de Salamanca, en el céntrico estado de Guanajuato. Después de quitarles sus pertenencias, les dispararon a quemarropa, dejando un saldo de 15 personas muertas y 5 más heridas. Las víctimas fueron identificadas por la fiscalía como del Cartel Jalisco Nueva Generación y habrían sido atacados por el cartel rival, Santa Rosa de Lima.
Este episodio, aunque ha sido el incidente más mortífero en la historia del estado y acaparó los reflectores de medios nacionales e internacionales, es solo uno de varios incidentes que durante todo 2018 comenzaron a alertar a la población y a las autoridades.
Extorsiones, secuestros, quema de vehículos y bloqueos carreteros son algunos de los hechos que, sin contar los homicidios, se han registrado en la entidad, y que en 2018 convirtieron a Guanajuato en el estado más violento del país.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2007 se tuvo un registro de 229 homicidios, pero esta cifra fue aumentando y el problema comenzó a ser más notorio en 2018, cuando se contabilizaron 2,069. Este año, solo de enero a lo que va de marzo, se registraron ya 615 asesinatos.
Las razones de este aumento de violencia en Guanajuato, según diversos expertos y las propias autoridades, se debe a su ubicación estratégica para el robo de combustible o huachicoleo, pues en ese territorio se encuentra la refinería de Salamanca, que ha desatado una sangrienta disputa entre dos grupos criminales por el control de ductos clandestinos. Además, a esto se suma la falta de elementos policiacos en Salamanca, donde hasta hace unos meses solo había 300 agentes.
Erubiel Tirado, coordinador del programa de Seguridad y Democracia de la Universidad Iberoamericana, refiere que un hecho como el registrado en Salamanca podría elevar las alertas sobre un agravamiento en el nivel de inseguridad en el país.
“Si esto se convierte no solo en una tendencia sino en un patrón criminógeno, vamos a estar en presencia de un agravamiento de la inseguridad, que se da por la manera cómo actúa el estado mexicano al atacar los problemas de seguridad”, señaló.
Salamanca, la mina de oro del huachicoleo
Precisamente, a principios de enero, el hallazgo de una manguera de 3 kilómetros de longitud, dentro de la refinería de Salamanca que conducía a un depósito clandestino externo, se convirtió en el incidente que evidenció el gran negocio en el que se ha convertido el huachicoleo en esta ciudad y de los niveles de implicación que los propios funcionarios del gobierno tienen en estos actos.
Desde su fundación en 1950, la refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca ha sido uno de los pilares de producción de combustible en el país e incluso fue considerada como el mayor complejo industrial de su tipo en América Latina, porque ahí se produce uno de cada cinco litros de combustible que consumen los mexicanos.
En sus años de esplendor, logró procesar hasta 220,000 barriles de petróleo al día y se convirtió rápidamente en el principal motor de la economía local. Sin embargo, según las cifras más recientes de Pemex, en noviembre del año pasado procesó apenas 77,308.
De acuerdo con el gobierno de México, la causa de esta drástica diminución es el huachicoleo masivo.
El libro PEMEX RIP: Vida y asesinato de la principal empresa mexicana, de la periodista Ana Lilia Pérez, refiere que fue precisamente en la ciudad de Salamanca donde inició la práctica de robo de combustibles, la cual se fue ampliando a una veintena de municipios, hasta formarse lo que actualmente se conoce como 'El Triángulo Rojo del huachicol'.
Las cifras oficiales señalan que Petróleos Mexicanos (PEMEX) registró 12,581 tomas clandestinas en sus tuberías en todo el país en 2018. De ese total, Guanajuato representó el 12.2% de estos grifos.
Un reporte de la organización International Crisis Group, titulado 'Construyendo la paz en México: dilemas que enfrenta el gobierno de López Obrador', publicado en octubre de 2018, señala que en una serie de entrevistas a algunos habitantes de Salamanca, incluidos funcionarios locales, describieron cómo sus colegas y otros lugareños compraban comúnmente huachicol en estaciones de servicio clandestinas a un precio mucho más bajo, algo que, según detallaron, lleva décadas en práctica con la colusión de las propias autoridades.
De acuerdo con el reporte, los testigos también señalaron que el reclutamiento de hombres jóvenes por parte de grupos criminales se había acelerado en un momento en que las oportunidades laborales se habían reducido debido a recortes nominales de PEMEX.
Dos cárteles y un gobierno, en disputa por el huachicoleo
Fue precisamente, a finales de 2018, justo cuando los niveles de violencia en el estado aumentaron exponencialmente, cuando en las redes sociales Santa Rosa de Lima, una zona catalogada como foco rojo debido a la alta incidencia de robo de combustible.
En ese video, el cartel, que se llama igual que el poblado, declara su enemistad con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la agrupación criminal que hasta 2018, según las autoridades, era considerado el grupo del narcotráfico con mayor presencia en el territorio mexicano y uno de los cárteles de la droga que también se han metido en el negocio del robo de combustible.
Los reportes de la Fiscalía mexicana señalan que la presencia del CJNG no logró impedir que en los últimos meses Santa Rosa de Lima se expandiera por todo el estado de Guanajuato e incluso llegara a zonas de los colindantes Querétaro y Michoacán. José Antonio Yepez Ramírez, conocido como ‘El Marro’, es quien se hizo del poder de la organización.
El reporte de International Crisis Group, detalla que en los últimos dos años, los habitantes locales y funcionarios declararon que las células criminales bajo el mando del CJNG comenzaron a operar en el estado “desestabilizando los acuerdos establecidos entre los funcionarios estatales locales y los grupos criminales antes establecidos”.
"Antes había un líder [criminal] que todos conocíamos ... y que no se metía con nosotros. Ahora viene el cartel. No nos conocen, y hay pánico”, dijo un residente que contribuyó para el reporte.
Para contener estas disputas y evitar el robo de combustible, el presidente Andrés Manuel López Obrador implementó un cambio en el modelo de suministro de Pemex, que conllevó cerrar los ductos de la Refinería de Salamanca.
Como resultado, el número de tomas clandestinas detectadas en enero (30), disminuyeron considerablemente en comparación con las 131 halladas en el mismo periodo de 2018, una disminución de 77%. Sin embargo, estas medidas, aunque han ayudado a disminuir las pérdidas económicas, también han traído uno de los peores aumentos de violencia de los que el estado tenga registro.
Entre esos actos de violencia, a finales de enero, afuera de la refinería, las autoridades encontraron una camioneta con explosivos y cerca de ahí un cartel con amenazas contra López Obrador.
Pese a estas amenazas, el pasado 4 de marzo el mandatario anunció el lanzamiento del operativo 'Golpe de timón' que contempla enviar a un millar de efectivos al poblado Santa Rosa de Lima, que tendría como prioridad lograr la detención de José Antonio Yépez, alias ‘El Marro’.
Más de 5 crímenes al día en Guanajuato
Esa disputa entre ambos cárteles por ganar el dominio del robo de combustible, aunado a los operativos del gobierno para combatir estas prácticas, han generado una ola de violencia que en 2018 fue equiparable a 172 homicidios al mes y cinco al día, lo que puso a Guanajuato al frente en la taza delictiva del país.
De acuerdo con declaraciones del fiscal del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, la disputa entre el CJNG y Santa Rosa es responsable del 85% de los homicidios en la región.
Tan solo en el municipio de Salamanca, al cierre del 2018, se registró una tasa de 109.4 homicidios dolosos por cada 100,000, habitantes, un aumento del 243% comparado con la tasa que se registró en 2017, de 31.9.
Además, del 1 al 10 de marzo, las autoridades registraron 34 asesinatos de los 80 reportados en todo el estado, 42% del total de los asesinatos en la entidad.
De acuerdo con un reporte de la firma consultora en seguridad GLAC, a finales de 2018 la Secretaría de Seguridad Pública identificó 17 regiones prioritarias en México para el reforzamiento de seguridad, de las cuales 4 pertenecen a Guanajuato, entre ellas está Salamanca.
GLAC señala que Guanajuato registró en 2018 su nivel más bajo de vigilancia policial, con 209 agentes por cada 100,000 habitantes y se colocó en último lugar de la medición nacional, lo que derivó en mayor incidencia delictiva.
El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, reconoció que Salamanca solo es vigilada por 300 agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), ya que el municipio no cuenta con policías municipales.
El experto Erubiel Tirado señaló que ante esta ola de violencia que se incrementó a inicios de 2019, en términos operativos y de capacidad, no va a ser suficiente el número de elementos de la policía que el gobierno de México pudiera enviar a las zonas de conflicto.
“No se trata solamente de perseguir criminales o a los operarios, lo que falta es una acción palpable, concreta de que el fenómeno se esté atacando de raíz", dice Tirado. "Las estructuras de complicidad de Pemex, de los gobiernos estatales y los municipales no están desarticuladas. Hay carpetas de investigación, pero eso no cambia nada”, concluye.
El reportero de Univision Noticias Isaías Alvarado, desde Los Ángeles, contribuyó con este artículo.
