¿Deberían las ciudades norteamericanas prohibir los desalojos durante el invierno?

En Francia, con el primer día de noviembre se abre un período de cinco meses en que los arrendatarios, que en otro lugar podrían ser expulsados, pueden respirar tranquilos. Conocida como ‘pausa invernal’, la medida prohíbe desahucios hasta el 31 de marzo y está encaminada a asegurar que las familias no sean echadas a la calle mientras haya frío. Durante este período, ni la electricidad ni el gas pueden ser cortados. Pero hay más: este año, bajo la Ley de Igualdad y Ciudadanía sa, la política trasciende los hogares tradicionales (residencias) y se aplica a todos los ‘espacios habitados’, dotando de amnistía incluso a aquellos en improvisados refugios.

La práctica del desalojo invernal es particularmente cruel –y peligrosa–, debido a los riesgos de salud que comportan las bajas temperaturas para los sin techo. La Alianza Nacional para las Personas Sin Hogar estima que 700 de las personas que se quedan sin inmueble mueren anualmente producto de los efectos de hipotermia en las ciudades de Estados Unidos. En Baltimore, por ejemplo, las temperaturas tienen que alcanzar los 13 grados Fahrenheit (-10 grados Celsius) antes de que abran los refugios de servicios expandidos; en Pittsburgh, 25 Fahrenheit (-3 Celsius); y en Des Moins, 20 Fahrenheit (-3 Celsius).

A diferencia de Francia, sin embargo, Estados Unidos no dispone de una política así de completa y definida que evite los desplazamientos en invierno. En su lugar, se verifican contadas prohibiciones de este tipo a nivel municipal, en medio de un conjunto fragmentario de medidas de protección estatales, las cuales se oponen más bien a los cortes de los servicios públicos.

Washington DC es una de esas excepciones: La oficina del alguacil del Distrito estipula que las desocupaciones no pueden ocurrir si existe al menos un 50% de probabilidades de lluvia o si hay pronósticos de temperaturas inferiores a los 32 grados. En el condado Cook, Illinois, un área que engloba a Chicago, el límite de temperatura para los desahucios es 15 grados, y el alguacil, usualmente, no permite estas prácticas entre Navidad y Año Nuevo. Estados del Medio Oeste como Kansas, Missouri, Arkansas, y Minnesota cuentan todos con ‘Normas para la Temporada de Invierno’, las cuales protegen a los clientes residenciales de interrupciones de servicios públicos como la calefacción (pero los desalojos siguen siendo permitidos).

La disparidad entre la política sa, que veta el desamparo de alguien en invierno, y la ‘ley del más fuerte’ que rige en Estados Unidos, es solo un reflejo de una diferencia filosófica mucho más amplia. “En lo concerniente a la política de vivienda, Estados Unidos se ha quedado a la zaga”, indica Balakrishnan Rajagopal, profesor de planificación urbana en MIT y fundador de la Red de Investigación y Acción sobre el Desplazamiento. “En contraste con Francia, por ejemplo, donde la vivienda es un derecho humano, en Estados Unidos es vista más bien como un lujo”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, contemplada por la Organización de Naciones Unidas, codificó el derecho a un hogar adecuado en 1948. Ese derecho se hace acompañar de la responsabilidad gubernamental de protegerlo. Según las Pautas Generales para el Desalojo y el Desplazamiento basados en el Desarrollo, también de Naciones Unidas, “los desahucios no deben tener lugar bajo inclemencias meteorológicas, en las noches, ni durante días festivos o celebraciones religiosas; tampoco previo a elecciones, ni durante o con anterioridad a exámenes estudiantiles”. Este documento no es vinculante, pero las políticas de muchos países europeos (las sas entre ellas) refrendan estas pautas en sus contenidos. En Estados Unidos, como se habrá notado, esto no ocurre.

La inconsistencia de las políticas y regulaciones durante la etapa invernal, a lo largo de las distintas ciudades del país, puede ser motivo de confusión tanto para arrendadores como para arrendatarios. “¿Es cierto que no se puede desalojar a nadie en el invierno en Chicago?”, preguntó un arrendador en un foro jurídico en la red.

“¿Dónde diablos oíste eso?”, responde un abogado. “¿Qué incentivo podría tener alguien para pagar su renta durante los meses de invierno si lo que dices fuera cierto?” (en este caso, el abogado estaba equivocado: el arrendador era de Chicago, de modo que si habían emitido un aviso de desalojo, el alguacil no lo habría ejecutado de haber mucho frío).

Esta confusión refleja la tensión en el núcleo de este debate: abandonar a alguien a su suerte, durante las gélidas temperaturas del invierno, no solo es peligroso: está mal. Pero en la mayor parte de las jurisdicciones, nada detiene a los arrendadores.

Ahora bien, ponerle coto a los desalojos a partir de noviembre puede que haga menos dolorosos o perjudiciales los desplazamientos, pero no menos frecuentes. La ‘pausa inverna’ sa ha estado en vigor desde 1954, y, sin embargo, los índices de desahucios no han hecho más que subir. En París, el número de expulsiones se ha duplicado durante las últimas dos décadas: en 1955, 627 personas fueron ‘lanzadas’ a la calle en un año; en 2016 la cifra llegó a 1,218. En todo el país, por su parte, a 15,222 familias corrieron esta suerte.

Para los activistas en temas de vivienda en Estados Unidos, la expansión de moratorias a nivel estatal antepuestas al corte de los servicios públicos sería un paso adelante, ya que contribuye a que la gente evite tomar la riesgosa decisión entre pagar por calefacción o por la renta.

“Especialmente para quienes tienen hijos en casa, gente mayor, o personas que necesitan la electricidad por razones de salud, mantener las utilidades puede ser una urgencia más sensible que pagar la renta”, advierte Justin Marcus, becario para la organización sin fines de lucro The Utility Reform Network ( TURN), e investigador del Proyecto de Desplazamiento Urbano de la Universidad de California en Berkeley. Este cálculo a corto plazo trae consigo consecuencias a largo plazo: Los desalojos pueden derivar en una crónica falta de hogar, depresión y pobre salud infantil. Contar con apenas uno en su historial de crédito podría impedirte calificar para el llamado Plan 8 o ingresar a viviendas asequibles.

Entretanto, Rajagopal propone una solución esencial: Reforzar los derechos a la vivienda en las constituciones estatales.

“Tómese Portugal, España, Alemania, Francia, todos estos países disponen de variados niveles de protección de la vivienda como derecho constitucional. Ello produce efectos particulares en términos de instrumentos políticos, incluyendo normativas contra los desalojos invernales”, recuerda. “La vivienda nunca va a ser un derecho constitucional en Estados Unidos, pero es ciertamente posible que los estados reformulen sus constituciones o, al menos, el reconocimiento legal de la vivienda en tanto un derecho humano. Eso, a su vez, proporcionará competencias financiadas a las ciudades. Una vez que se cree el marco legal, este tendría implicaciones presupuestarias y los estados pueden responder de forma significativa”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.