Los embarazos adolescentes han disminuido en EEUU, pero Trump planea quitar dinero para la prevención

La tasa de natalidad en adolescentes en Estados Unidos está en un un mínimo histórico: desde 1991 ha disminuido más de un 67%. Gran parte de este descenso sucedió en los últimos seis años, etapa en que ha estado en vigente el Programa de Prevención de Embarazos en Adolescentes (TPP, por sus siglas en inglés), creado por la istración Obama.

Hoy en día, en su segunda fase de subvención, dicho plan está subsidiando 84 comunidades en todo el país. Entre 2010 y 2016, años en que los fondos del TPP han sido distribuidos, el índice nacional de natalidad en adolescentes cayó un 41%.

Pero eso puede acabarse de un momento a otro: cuando estas organizaciones recibieron sus cartas anuales de adjudicación de fondos a principios de junio, había cambiado la fecha en que dicho financiamiento comenzaría a dejar de recibirse. Donde antes quienes emitían las subvenciones habían prometido cinco años de financiamiento, de 2015 a 2019, ahora las cartas establecían que el dinero dejaría de emitirse en julio de 2018, recortando el presupuesto del programa en casi dos años.

“Hemos experimentado un declive en la tasa de natalidad en adolescentes durante los últimos cinco años o más, lo cual es sorprendente, pero tampoco fue una coincidencia”, repone Beth Marshall, director asociado del Centro Johns Hopkins para la Salud de los Adolescentes. “Hemos visto ese declive porque, al mismo tiempo, hemos sido testigos de incrementos en los niveles educativos y de a la anticoncepción”.

Incluso tras las recientes caídas del índice, los embarazos de adolescentes en Estados Unidos siguieron siendo por mucho más habituales que en la mayoría del resto de los países desarrollados. Una de cada cuatro jóvenes estadounidenses habrá estado embarazada al menos una vez cuando cumpla 20 años, cifra que es el doble de Canadá, por ejemplo.

Legisladores y defensores de la salud pública han expresado su consternación ante los recortes del TPP. Un grupo de legisladores Demócratas — 37 senadores y 149 representantes— han escrito al secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, Tom Price, pidiendo una explicación. La entidad sin fines de lucro Big Cities Health Coalition (Alianza de Salud de las Grandes Ciudades) –un foro para dirigentes de los departamentos de salud de las principales ciudades del país– envió una carta a Price, apelando esta decisión. El grupo enfatizó su gran preocupación al respecto. De acuerdo a ellos, los recortes harán más difícil a los investigadores obtener resultados basados en evidencias que midan la efectividad de los programas individuales:

La pasada semana, en una convocatoria de prensa, Patty Hayes, directora de Salud Pública en Seattle y el Condado de King, atribuyó al programa TPP el que su ciudad abatiera sus índices de embarazo en adolescentes. “Observando la tasa de natalidad en adolescentes en Seattle y el Condado de King, esta ha caído en un 55% desde 2008, lo cual es una consecuencia de nuestra atención focalizada en este problema”, añadió.

Tanto Seattle como el Condado de King emplean FLASH, un completo programa de educación sexual que es enseñado en cada distrito escolar de esta región, así como en muchos otros de todo el país. Pero, como otra gran variedad de prometedoras iniciativas, FLASH no ha tenido aún la oportunidad de ser evaluado. La idea sería saber, por ejemplo, cuántos estudiantes están aplazando el sexo u optando por usar anticonceptivos como resultado de sus programas. “Finalmente, ahora estamos realizando esa prueba”, sostiene Hayes, “y ahora nos quitarán el dinero a mitad de camino”.

En Seattle, un total de dos millones de dólares se perderán a raíz de los nuevos recortes. A nivel nacional, la cifra de los recortes intimida: suma un total de 213.6 millones de dólares. Hasta ahora, los funcionarios de la istración Trump han sido ambiguos acerca de sus razones para eliminar el financiamiento.

Si el deseo es reducir los costos, los números no dan: el gasto en costos asociados al embarazo adolescente es mucho mayor al costo del programa de prevención. Si hubiera sido totalmente financiado, el programa TPP habría costado cerca de 500 millones de dólares entre 2015 y 2019. Pero tan solo en 2010, los contribuyentes gastaron 9,400 millones de dólares en atención médica, asistencia de menores y costos de reclusión asociados a la maternidad adolescente en todo el país, según la Campaña Nacional para Prevenir el Embarazo no Planificado en Adolescentes.

En cambio, muchos especulan que la naturaleza del recorte de fondos es ideológica. A varios beneficiarios se les notificó que la decisión provenía de la oficina de Valerie Huber, la nueva secretaria asistente de la Oficina para la Salud de los Adolescentes. Ella no ha tenido pelos en la lengua cuando se ha tratado de apoyar la abstinencia exclusiva de las prácticas de educación sexual.

La mayoría de las organizaciones financiadas por el TPP enseñan la abstinencia antes de promover los métodos anticonceptivos. Muchas de ellas utilizan los programas de estudio que se centran en construir relaciones saludables y ofrecen asesoría sobre cómo postergar el sexo. Pero, a su vez, ellas enseñan a los adolescentes, que ya empezaron, a cómo desenvolverse sexualmente.

“Hay evidencia de que la mayoría de los programas exclusivos de abstinencia no reducen los embarazos a esa edad”, refirió Hayes. “Tenemos igualmente pruebas de que enseñar la abstinencia junto con el control de la natalidad y los condones ha incrementado de hecho la abstinencia más que un enfoque exclusivo de esta”.

Si bien los departamentos de salud de las ciudades han hablado con franqueza de la urgencia del financiamiento, el embarazo adolescente no es solo un problema urbano: aunque la mayoría de los partos jóvenes ocurren en las áreas metropolitanas (donde viven la mayoría de los adolescentes), los riesgos de salud en esa precoz etapa de fertilidad son proporcionalmente mayores en el caso de los adolescentes en zonas rurales. Lo mismo sucede con la cantidad de alumbramientos: según un informe de 2016 del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, la tasa de natalidad en adolescentes es sustancialmente superior en los condados rurales y los índices en estas áreas han acusado igualmente caídas menos pronunciadas durante los últimos 20 años.

En general, la pobreza está altamente ligada al embarazo adolescente y este queda demarcado a su vez por límites raciales y geográficos. Los adolescentes afroestadounidenses y latinos corren el mayor riesgo de convertirse en padres, con 32 y 35 nacimientos por cada mil muchachas jóvenes en el país, comparado con solo 16 por cada mil en el caso de los blancos. Y en 2013, el índice de natalidad en adolescentes fue de 43.3 en los condados rurales. Mientras tanto, en los condados metropolitanos no llegó a los 33 nacimientos por cada mil mujeres.

Los defensores del TPP enfatizan en que las 84 asignaciones del programa están destinadas a satisfacer la diversidad de comunidades y estudiantes de un amplio rango de edades y procedencias. “No hay una solución igual para todos”, recuerda Andrea Kane, vicepresidenta de la Campaña Nacional antes mencionada. “El modelo que se podría usar para jóvenes de 11 y 12 años es esencialmente distinto de aquel que sería apropiado para un joven culminando la enseñanza preuniversitaria o para aquellos que han pasado por hogares de menores o ‘foster care’”.

Gran cantidad de beneficiarios del TPP emplean una multiplicidad de modelos que tienen en cuenta las diferencias culturales, añade: “Creo que una de las cosas que se olvidan cuando se habla de esto es que cierto número de beneficiarios están usando más de un modelo”, asegura Kane. “Lo que estos últimos están haciendo en verdad, en sintonía con los grupos de asesoría de sus comunidades, es identificar quiénes en su barrio merecen más la ayuda, y qué modelos disponibles se ajustan mejor a ellos”.

La comprensión de tales matices es una cuestión muy importante: como destacó el New York Times cuando reportó los recortes, un programa financiado por el TPP demostró su éxito en Houston, pero tuvo un resultado algo perturbador en áreas rurales de Carolina del Sur. Durante el período estudiado, los adolescentes de séptimo grado inexperimentados sexualmente y que pasaron por el curso llegaron a tener más probabilidades de tener sexo a fines de noveno grado.

Un programa distinto en Carolina del Sur, llamado Connect y también financiado por el TPP, parece haber tenido éxito al usar diferentes modelos en función de la diversidad de los grupos de adolescentes. La organización sin fines de lucro colabora con instituciones locales comprometidas con los adolescentes de todo el Condado de Spartanburg. Algunas trabajan con jóvenes en zonas de alto riesgo, mientras otras se concentran en la población juvenil vulnerable, ya sea en centros de cuidado adoptivo o de detención. Desde que el Condado Spartanburg empezó a recibir la asistencia financiera en 2010, la tasa de natalidad allí decayó en un 47%, siendo la primera vez que la tasa del condado estuvo por debajo de la estatal.

Con su subvención más reciente, Connect esperaba reducir el índice de partos adolescentes en un 20% adicional para 2020. Pero tras la mala noticia del recorte de fondos, perderán dos años de su subsidio de 5.3 millones dólares, y como muchos otros programas, no serán capaces de completar su investigación.

“Un principio capital de nuestro trabajo de salud es que actuamos sobre bases científicas”, añade Hayes. “Necesitamos tener la evidencia de que un nuevo sistema, regla o intervención son necesarios para que sean efectivos. Y tenemos, hace ya algunos años, esa evidencia: la necesidad de una mejor educación y salud sexual en este país”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com y es parte del proyecto ‘The Diagnosis’, financiado por la Fundación Robert Wood Johnson.