Un tribunal absuelve al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales por un caso de fraude
CIUDAD DE GUATEMALA.- El Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal de Guatemala resolvió de manera dividida la absolución de José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, del caso en su contra por defraudación al Estado en un caso llamado Botín Registro de la Propiedad.
La sentencia, sujeta aún a apelación, finalizó un proceso judicial que inició en septiembre de 2016 con la detención de la exregistradora de la propiedad, Anabella de León, junto a otras 21 personas. De León fue acusada de orquestar la creación de plazas fantasma en la Registro General de la Propiedad (RGP) por Q3 millones (US$390,782) y pagos anómalos en servicios de banquetes por Q150,000 (US$ 19,539).
El caso fue una más de las investigaciones por corrupción realizadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Sin embargo, alcanzó una dimensión política cuando, tras el análisis de la documentación incautada, días después de las primeras capturas se señaló a José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales Cabrera de participar en una estructura de fraude en esta misma institución.
Este lunes, tras conocer la decisión judicial, Jimmy Morales, celebró la absolución de sus familiares en un video junto a su esposa y denunció que todo se trataba de una persecución política en su contra.
La investigación que inició la disputa con Cicig
El caso conocido como Botín Registro tocó en 2016 al entorno familiar del presidente Jimmy Morales. El mandatario, quien había llegado al poder ese año luego de una campaña con el eslogan “ni corrupto, ni ladrón” se vio de pronto cuestionado por la acusación contra su hermano y uno de sus hijos.
Según la imputación del MP, José Manuel Morales Marroquín pidió a su tío Samuel Morales facturas de una de sus empresas para que la madre de la entonces novia de Morales Marroquín pudiera vender una serie de canastas navideñas para empleados de la institución en 2013.
Para justificar estos pagos se crearon dos eventos en la institución para los cuales se contrató un servicio de catering, según pudo acreditarse durante el juicio, los cuales nunca se prestaron, pero sirvieron para pagar por las canastas.
Las incongruencias entre estos cobros fueron detectadas por los investigadores de Cicig y el MP durante el análisis de documentación de plazas fantasma. Por ello acusaron a José Morales de fraude continuado, y a Samuel Morales por fraude continuado y lavado de dinero, ya que, alegaban, recibió los pagos por las canastas en su cuenta y lo trasladó a un tercero. La acusación señalaba que era dinero de origen ilícito.
Luego de la detención de su hijo y su hermano, quien era además uno de sus más cercanos consejeros, el presidente Jimmy Morales dio un vuelco a su relación con Cicig. El 27 de agosto de 2017 el mandatario declaró "no grato" al comisionado Iván Velásquez de la Cicig y un año más tarde el Ejecutivo dio por terminado el acuerdo entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas que dio pie a la creación de Cicig, por lo que la comisión dejará sus labores el próximo 3 de septiembre.
La sentencia
La resolución judicial de este lunes fue dividida. La exregistradora general fue encontrada culpable del delito de peculado culposo (malversación) y se le impuso una multa de Q5,000, mientras que fue absuelta del delito de peculado en forma continuada.
Según el Tribunal, no se pudo acreditar que De León tuviera conocimiento de todos los actos. La exfuncionaria además fue beneficiada porque los delitos se cometieron antes de una reforma al código penal que castigaba más severamente actos de corrupción.
Por su parte, José Manuel Morales Marroquín fue absuelto en una decisión divida. La presidenta del tribunal, la jueza Edna Maxía, indicó que, a su criterio, sí había cometido un delito al utilizar facturas de otra empresa y al inscribir en la licitación por el evento de compra a dos compañías inexistentes, acciones que adjudicó a Morales Marroquín con pruebas como correos electrónicos y las ofertas de compra enviadas por el acusado.
Pese a estos elementos, los jueces Jaime González y Juan Aceituno no consideraron estas pruebas suficientes como para condenarlo por el delito de peculado, el cual tiene una pena de seis años de prisión.
De igual forma absolvieron a Samuel Morales Cabrera, de los delitos de fraude y lavado de dinero, ambos cargos tenían hasta 11 años por sentencia. El tribunal resolvió que Morales Cabrera “no tuvo la intención de participar en la adjudicación” pese a que sí acreditaron que entregó sus facturas a su sobrino y que, una vez cobrado el pago de las canastas, se lo trasladó al verdadero proveedor, quedándose únicamente con el 12% para hacer el pago del Impuesto del Valor Agregado (IVA).
También respecto a esta sentencia, la jueza Maxía difirió de sus colegas, ya que a su criterio, por el contexto, Morales Cabrera tenía conocimiento del uso que se le iba a dar a las facturas, siendo copartícipe de una defraudación al Estado.
Luego de conocerse la sentencia, el presidente Morales se refirió a la resolución en un mensaje en los canales oficiales acompañado de su esposa, Patricia Marroquín. El presidente comentó: "Desde el principio dijimos que este proceso debía ventilarse por la vía istrativa y nunca por la vía penal como lo hizo la Cicig, junto al Ministerio Público, pero a pesar de eso nos sometimos a la justicia guatemalteca".
El mandatario reiteró que el caso sufrió una “mediatización” que había puesto en entredicho el nombre de su familia por “muchos que tenían el deseo de declararlos culpables”. Morales también dejó entrever un mensaje al sistema judicial, ya que la absolución aún es sujeta a apelación. "Confiamos en que el fallo decretado este día sea confirmado", concluyó.
La resolución de este caso se produce a menos de 15 días de que finalice el mandato de la Cicig en Guatemala, entidad que ha procesado a más de un centenar de altos cargos guatemaltecos durante los últimos cuatro años y que deja en manos del MP alrededor de setenta casos de alto impacto en marcha.